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OPINIÓN

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Democracia cristiana y socialismo democrático

por 26 febrero, 2021

Democracia cristiana y socialismo democrático
De la visión, lucidez, cohesión y capacidad política de Unidad Constituyente depende la posibilidad de constituir una alternativa de gobierno de centro-izquierda. La decisión de ir con un candidato o candidata común a la primera vuelta surgida idealmente de una primaria legal en julio es la condición habilitante de esa política de alianzas. Cualquier otro camino conduce, casi con toda seguridad, al triunfo de la derecha.
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La democracia cristiana y el socialismo democrático (o social democracia) han sido las principales familias políticas del siglo XX en Europa (mucho menos en América Latina). Ellas fueron las más comprometidas en la lucha en favor de los derechos humanos, la libertad y la democracia, enfrentadas al totalitarismo nazi, fascista y comunista. Del fin de la Guerra Fría salieron fortalecidas y legitimadas. El estado de bienestar defendido por la social democracia y la economía social de mercado defendida por la democracia cristiana contribuyeron decididamente al bienestar y el progreso en el viejo continente. A pesar de una historia de competencia electoral, ambas familias políticas han sabido converger en torno a la Unión Europea (el más grande esquema de integración en la historia de la humanidad), el bienestar y el progreso de sus pueblos. La tercera “gran coalición” entre la CDU/CSU y el SPD en Alemania, bajo el liderazgo de Angela Merkel, es una demostración de la vigencia de esa convergencia democrática y social.

Sostengo que el entendimiento estratégico entre la DC y el socialismo democrático es la base de la gobernabilidad democrática en Chile, del progreso y el bienestar. Esa ha sido mi convicción desde hace 35 años. El proceso de “renovación socialista” en los años ochenta y el abandono en la DC de la tesis del “camino propio” contribuyeron decisivamente a afianzar la democracia y sentar las bases del desarrollo. La época de oro de ese entendimiento fueron la transición y los 20 años de la Concertación, a no dudarlo los mejores del último siglo. El gobierno de la Nueva Mayoría mostró los límites de ese entendimiento, especialmente hacia la izquierda.

Los próximos meses demostrarán si ese entendimiento es sólo un recuerdo del pasado o si tiene posibilidades de revivir sobre nuevas bases (porque el Chile de hoy no es el mismo que el de hace una o dos décadas y los desafíos futuros son inéditos y muy demandantes). Lo que se verá en los próximos meses es el talante del liderazgo opositor y muy en especial de la centro-izquierda, cuyo núcleo central es Unidad Constituyente.

Los gobiernos de la Concertación tuvieron una mirada estratégica, de mediano y largo plazo, sobre la base de tres pilares fundamentales: los derechos humanos como fundamento ético de la democracia, la democracia de los consensos básicos, y el crecimiento con equidad entendido como la búsqueda de alternativas al neoliberalismo y el neopopulismo (el tema lo desarrollo in extenso en mi libro “Pasión por lo posible (Aylwin, la transición y la Concertación)”, ediciones UDP, 2020).

Sostengo que esos tres pilares están plenamente vigentes y que necesitan ser adaptados a la nueva realidad del siglo XXI. Pretender simplemente reeditar la experiencia de la Concertación es tan equivocado como renegar de la misma (práctica que, desgraciadamente, se ha hecho habitual en el último tiempo entre dirigentes y simpatizantes que participaron activamente en la más exitosa experiencia de centro-izquierda que ha conocido América Latina en las últimas décadas).

La agenda de derechos humanos debe incluir los temas emergentes (género, pueblos originarios y medio ambiente, entre otros). La democracia de los consensos básicos (cuya máxima expresión fueron las reformas constitucionales de 1989 y 2005) tendrá lugar sobre la base de una Nueva Constitución surgida del actual proceso constituyente (aportando decisivamente a la legitimidad del sistema político), y el crecimiento con equidad tendrá que ir acompañado de nuevas definiciones: ya no bastará con hablar de crecimiento (a secas) sino de crecimiento inclusivo; ya no bastará con hablar de desarrollo (a secas) sino de desarrollo humano y sustentable; ya no bastará con hablar de empleo sino de trabajo digno y salario justo. El gran giro debiera ser desde el llamado Estado subsidiario de la actual Constitución hacia un Estado social y democrático de derecho (como en las constituciones de Alemania y España).

Son algunos de los desafíos del progresismo de centro-izquierda.

Junto con ciertas definiciones sustantivas y programáticas, el desafío mayor –como es propio de un multipartidismo como el nuestro con 25 partidos inscritos legalmente, 16 de ellos con representación parlamentaria– estará dado por las políticas de alianzas con miras a la conformación de una coalición de gobierno.

El acuerdo entre el PC y lo que queda del Frente Amplio (eran 20 diputados y quedan 11) despeja la cancha para el entendimiento de la centro-izquierda (Unidad Constituyente). El PC viene de vuelta de sus definiciones del XXIV Congreso (2010) con su política en favor de “un gobierno de nuevo tipo” entendido como un momento de “máxima flexibilidad táctica” con miras a una “democracia posneoliberal”, las que facilitaron la formación del gobierno de la Nueva Mayoría. Las recientes definiciones de su XXVI Congreso (concluido en diciembre último), en cambio, dan por superada la etapa que condujo al segundo gobierno de Bachelet, postulando ahora una “ruptura democrática y constitucional” que incluye la tesis de “rodear con la movilización de masas” el desarrollo de la Convención Constituyente (lo más parecido a esa convocatoria es la movilización del trumpismo neofascista del 06/01 con su postura de rodear el Capitolio a través del ejercicio de la violencia, en un claro sentido insurreccional). Por su parte, unos 700 militantes de Revolución Democrática (de un padrón de 30.000) decidieron aliarse con el PC, desechando la alternativa de Unidad Constituyente.

Al interior de esta última se está dando una triple dinámica que tendrá que concluir en algún tipo de definición política: la extensión de ese acuerdo (Ciudadanos, PRO y Nuevo Trato se suman a la DC, PS, PPD y PRSD quedando pendiente la forma exacta que tomará ese acuerdo), la posible definición (formal y electoral) de un espacio “social demócrata” y la cuestión de la inclusión o exclusión de la DC en la primaria legal de julio.

Lo primero se ha visto facilitado y enriquecido por la decisión de los ex-RD Natalia Castillo y Pablo Vidal y el Partido Liberal dirigido por el diputado Vlado Mirosevic de abandonar el Frente Amplio, la inclusión de un centro liberal como Ciudadanos (dirigido por Ignacia Gómez y Andrés Velasco) y la sorpresiva inclusión del PRO (dirigido por Camilo Lagos y Marco Enríquez-Ominami).

Lo segundo (la conformación de un espacio social demócrata) corresponde a un viejo debate al interior de ese sector y debe ser dejado, sin interferencias, a los partidos y fuerzas políticas que lo conforman una decisión al respecto. Ninguna fuerza externa (esto vale también para la DC) debe interferir o sentirse amenazada por una definición política en ese ámbito.

Lo tercero (la posible inclusión o exclusión de la DC en la primaria legal de julio) es a decir verdad una vieja historia de 80 años. Es el viejo tema para el partido social cristiano (“centro excéntrico” lo llamó Tomás Moulián) de las políticas de alianzas. Sólo cabe decir que la Falange Nacional y el PDC, con excepción de la tesis del camino propio bajo el gobierno de Frei Montalva (que se explica por el clima político de la época), han sido diestros en constituir alianzas, aún a riesgo de desdibujar su “perfil” (aunque esto último es bien discutible). El acercamiento entre la DC y el PRO es básicamente una reacción defensiva y táctica ante lo que se percibe como el “acoso” del PS y el PPD (especialmente en torno a la posible preprimaria convencional entre ambos partidos y las características de la primaria de julio).

Todo lo dicho anteriormente tiene un gran potencial, pero también presenta una enorme complejidad. La izquierda de Unidad Constituyente ve su rol como un puente entre la DC y el PC en torno a la tesis de la “unidad de la oposición” (cuya única posibilidad a estas alturas es con miras a la segunda vuelta presidencial). Ciudadanos aparece como una saludable participación del centro liberal que, entre otras cosas, actúa como un freno en relación a la tesis de la unidad de la oposición (la que, en la práctica, se convierte en izquierdización de la oposición, pavimentando el camino hacia el tercer gobierno de la derecha en la última década y media). La situación más difícil la tiene la DC, convertida (una vez más) en el jamón del sandwich.

Sostengo que el objetivo de Unidad Constituyente debe consistir en llevar un candidato o candidata presidencial a primera vuelta, idealmente surgido de una primaria legal en julio. Es eso lo que ordena a la centro-izquierda. La realización de esa primaria tiene ventajas no sólo desde el punto de vista de la logística (Servel) y del financiamiento (legal) sino de la más amplia participación ciudadana que ello implica (lo que de paso deja bien posicionada a esa candidatura con miras a las elecciones de noviembre).

Sobre la posible realización de una preprimaria convencional entre el PS y el PPD, cabe recordar, al contrario de lo que se dice entre algunos de sus dirigentes, que la decisión de la DC de ir con Carolina Goic en primera vuelta no surgió de “restarse de un acuerdo en favor del camino propio” sino que fue la consecuencia de la decisión del PS de proclamar a Alejandro Guillier como su abanderado presidencial en desmedro de la opción de Ricardo Lagos. Con Guillier convertido en el candidato del PC, el PS y el PPD, a la DC no le quedó otra (además de sus indudables cualidades personales y políticas) que llevar a Carolina Goic en primera vuelta. A la inversa, una decisión de apoyar a Lagos habría conducido casi con toda seguridad a un apoyo de la DC (además de Ciudadanos, muy probablemente) al candidato socialista.

Hay, claro, otras formas de desordenar: si los llamados temas “valóricos” se convierten para los aliados en Unidad Constituyente en una cuestión de Estado –el presidente del PPD los calificó de “intransables”– entonces digamos derechamente que el aborto, la eutanasia y el matrimonio igualitario nos impidieron concurrir a la formación de un gobierno de centro-izquierda y proclamemos desde ya (casi por default) al candidato o candidata de la derecha. Hasta ahora (en los últimos 30 años) la centro-izquierda ha podido convivir con las diferencias en torno a los llamados temas valóricos entendiendo que ellos son transversales, permitiendo las expresiones mas diversas en su interior, sin órdenes de partido, dejados a la conciencia de los parlamentarios.

En materia de políticas de alianzas no hay nada más odioso que excluir a priori a alguna fuerza política o partido. Si queremos evitar el signo de la exclusión, sugiero dos criterios objetivos que pueden ayudar a dar forma a la Unidad Constituyente convertida en alternativa de gobierno: explorar la posibilidad de reunir a las fuerzas de oposición que suscribieron el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución del 15/11 (los que no lo hicieron están en su derecho, pero no nos pidan que concurramos a la formación de un gobierno conjunto tratándose del acuerdo político más importante de los últimos 30 años) y a las fuerzas de oposición que se definieron en favor del Apruebo (al optar por el Rechazo la UDI, RN y el Partido Republicano concurrieron a prefigurar una candidatura y una lista de derecha, lo que es perfectamente coherente). Adicionalmente, un pacto político y programático de las características señaladas debe incluir una condena clara y explícita de la violencia en cualquiera de sus formas (éste es un tema que, por principio, pero en especial por la situación que vive el país, no admite ambigüedad).

En síntesis, de la visión, lucidez, cohesión y capacidad política de Unidad Constituyente depende la posibilidad de constituir una alternativa de gobierno de centro-izquierda. La decisión de ir con un candidato o candidata común a la primera vuelta surgida idealmente de una primaria legal en julio es la condición habilitante de esa política de alianzas. Cualquier otro camino conduce, casi con toda seguridad, al triunfo de la derecha (¿o alguien piensa seriamente que el candidato PC-Frente Amplio puede ganar en segunda vuelta?).

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