La Unidad Popular frente al futuro

Durante los primeros años de la transición, la conmemoración del golpe de Estado estuvo centrada en la construcción de memoria sobre la violencia política y las violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura de Augusto Pinochet. Es cierto que como sociedad no fuimos capaces de afrontar con decisión las demandas de verdad y justicia sostenidas por las víctimas de tortura y prisión política, ni de los familiares de quienes fueron asesinados y desaparecidos, pero los esfuerzos desplegados permitieron al menos combatir las pulsiones de olvido de quienes ya en esos años pugnaban por dar la vuelta la página y afrontar el futuro desprovistos de memoria. 

Las batallas históricas de entonces se jugaron en ese conflicto básico y esencial que supuso hacer frente al negacionismo, a la ignorancia y la relativización, construyendo una plataforma mínima de reconocimiento del dolor y la abyección que caracterizaron los años más oscuros de nuestro pasado reciente. Aquello se hizo sabiendo que esa era solo una parte de la historia dictatorial, aunque no perdíamos de vista que la memoria de la violencia sistemática ejercida desde el Estado no podía ser desgajada de la infame trayectoria del montaje del neoliberalismo. Las condiciones políticas del momento imposibilitaron que la conmemoración del golpe de Estado fuera una afirmación del quiebre democrático y una interrogación del tipo de sociedad nacida por el proyecto refundacional que encabezaron los militares con la complicidad de cuadros civiles y empresariales que vieron con buenos ojos la hipoteca de nuestros derechos en pos de un orden hecho a la medida de unos pocos.

Fue recién con el ciclo de movilizaciones de la última década –que masificaron el reconocimiento de las profundas inequidades sobre las que se erigía nuestra sociedad– que comenzamos a entender que la evaluación de la dictadura debía hacerse cargo también de los dolores e injusticias derivadas de las profundas transformaciones implementadas por dicho régimen desde la imposición de las primeras políticas de shock en 1975.

Fue gracias al empuje del ecologismo, el feminismo y las diversidades, las demandas por la gratuidad en la educación y por el fin de las AFP, que logramos entender colectivamente el calado de los vectores que unían a la dictadura no solo con las víctimas de violencia política, sino también con la cotidianidad de miles de ciudadanas y ciudadanos (en su gran mayoría nacidos después del Golpe) que experimentaban los rigores de un sistema económico que esquilmaba sus bolsillos y truncaba sus proyectos de vida.

El clamor de las calles nos hizo advertir que esos años grises y amargos conformaban un pasado muy presente, y que en su superación se juega nuestra posibilidad de construir un futuro diferente, un proyecto de sociedad distinto, opuesto a la competitividad, el individualismo y el anti-estatismo promovido por la pedagogía neoliberal.

Me atrevería a decir que desde entonces estamos empeñados en la titánica tarea de avanzar hacia un nuevo orden, forjado en la solidaridad, la interdependencia y el desarrollo, en la reconstrucción del sentido de lo público, siempre de la mano de formas colectivas de deliberación que reconocen  nuestras diferencias como un elemento constitutivo de lo común. Desde entonces aprendimos que lo nuevo debía hacer justicia no solo a quienes vivían la hora presente, sino también a las generaciones venideras. Entendimos, sobre todo, que la justicia de nuestra causa radica en la decisión de forjar un nuevo orden con las herramientas de la democracia y la participación, poniendo siempre por delante las necesidades de las grandes mayorías.  

Mirar la historia con los ojos de la injusticia y la desigualdad nos ha permitido entender que la conmemoración del golpe de Estado se trata sobre el quiebre de la democracia y su ejercicio, la memoria de la violencia política como también el juicio histórico del orden político y social que la dictadura y sus cómplices le impusieron a la sociedad chilena. 

Hoy, que nos aprestamos a conmemorar los 50 años del golpe de Estado, nuestro deber es defender esa memoria larga disputando también el significado del proyecto político que el autoritarismo clausuró a sangre y fuego un martes 11 de septiembre de 1973. Esta es la hora en la que debemos apropiarnos del profundo sentido transformador que inspiró ese largo proceso de construcción que dio vida al proyecto de la Unidad Popular. ¿De qué otra forma se puede hacer frente a las intentonas revisionistas si no es reivindicando la historia de quienes apostaron por dignificar la vida poniendo las instituciones al servicio de los postergados? ¿Cómo reivindicar el valor de la política y la utilidad de sus instrumentos sin el orgullo de reconocernos en el reflejo de ese proyecto que se atrevió a ampliar la democracia para incluir a aquellos que nunca habían tenido una voz? ¿De qué otra forma podríamos mirar el futuro si no es aprendiendo de nuevo que la historia es nuestra y la hacen los pueblos?

Es con la memoria de quienes experimentaron los rigores de la violencia política, y también con la memoria de quienes han logrado forjar sus vidas a pesar de las injusticias del neoliberalismo, que hoy podemos defender la democracia y conquistar el futuro, superando el miedo interesado que siembran los agitadores de la incertidumbre y los agoreros de la descomposición.

La hora presente exige arrojo y lucidez y la historia de la Unidad Popular constituye un manantial generoso de referencias para recuperar la confianza en la capacidad colectiva de forjar una sociedad distinta. La conmemoración de los 50 años del golpe de Estado es una invitación todavía abierta para que la historia nos sirva para inspirar el presente y conquistar con altivez el futuro que deseamos. Esa es la batalla histórica de nuestros días y ese es el horizonte que debe guiar nuestro homenaje.