Opinión
Los NNA no pueden seguir esperando. La nueva Carta Fundamental que rija al país por los próximos 30 o 40 años debe ser una oportunidad para saldar la enorme deuda histórica que tenemos con ellos y ellas, para construir un país más justo, inclusivo y democrático, y para asegurar su bienestar presente y futuro.
La nueva Constitución que se está redactando en Chile tiene una oportunidad histórica de reconocer y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) como sujetos de derechos plenos. Esto implica no solo consagrar sus derechos fundamentales, sino también establecer mecanismos efectivos para su protección, promoción y participación.
Los NNA son el grupo más vulnerable de la sociedad y el que más sufre las consecuencias de la desigualdad, la pobreza, la violencia y la exclusión. Los datos son elocuentes y preocupantes: en Chile 1 de cada 2 niños sufre violencia en su propio hogar; 7 de cada 10 sufren violencia en algún espacio de sus vidas; en nuestro país, la primera causa de muerte de los adolescentes y jóvenes son los accidentes de tránsito, las lesiones autoinfligidas o ejercidas por otros y la segunda causa son los suicidios; en solo un año aumentó un 42% las denuncias por delitos sexuales contra menores de edad; cerca del 30% de los NNA ha sufrido violencia física en la escuela y alrededor del 50% de los NNA se sienten discriminados por su apariencia u origen social.
Podemos seguir, porque las cifras que evidencian el abandono a la niñez son lastimosamente escandalosas: cerca de 50 mil NNA están excluidos del sistema escolar; las condiciones de habitabilidad, violencia, falta de personal, situación de salud mental de los NNA que se encuentran en residencias de protección son alarmantes; cerca de 30 mil niños y niñas están en listas de espera para una atención especializada frente a vulneraciones de sus derechos; el 58,4% de los NNA que presentan algún desorden mental (incluida la discapacidad intelectual) no ha recibido tratamiento o, mínimamente, algún tipo de asistencia de urgencia, lo que arroja un alarmante número de cerca de 100 suicidios por año en el caso de los NNA; y porque 7 de cada 10 programas sobre prevención del delito no son efectivos, en circunstancias que el Estado enfrenta el desafío de consolidar un sistema penal juvenil que permita una reinserción real y la disminución en la comisión de delitos.
Ante este panorama, es urgente e impostergable que la nueva Constitución incorpore una perspectiva integral e interseccional de los derechos de los NNA, que reconozca su diversidad y especificidad, que asegure su interés superior como criterio orientador y vinculante para todas las autoridades públicas y privadas, que garantice su participación efectiva en todos los ámbitos que les conciernen, que establezca un sistema nacional de protección integral que coordine a todos los órganos del Estado y a la sociedad civil para prevenir y reparar las vulneraciones a sus derechos, y que consagre un órgano autónomo e independiente que vele por el cumplimiento y la exigibilidad de sus derechos.
Los NNA no pueden seguir esperando. La nueva Carta Fundamental que rija al país por los próximos 30 o 40 años debe ser una oportunidad para saldar la enorme deuda histórica que tenemos con ellos y ellas, para construir un país más justo, inclusivo y democrático, y para asegurar su bienestar presente y futuro. Los NNA tienen derecho a tener derechos. Y nosotros tenemos el deber de garantizarlos.
