Opinión
De cualquier forma, la probidad es una meta fundamental para mejorar la alicaída confianza que existe en la política y sus instituciones.
Más allá de la polémica en torno al llamado caso Fundaciones, ¿dónde reside el verdadero problema? ¿Cuáles son las principales causas que permiten que este tipo de irregularidad fiscal se produzca? ¿Cómo podría evitarse? Trataré de ir directo al grano.
Existe un “punto ciego” de extraordinaria relevancia en el sistema público de transparencia: los entes privados que reciben recursos pecuniarios del Estado. No se trata solo de fundaciones, sino que de todo tipo de asociaciones y empresas, de personas jurídicas y naturales, con o sin fines de lucro, aptos para vender servicios y productos en Mercado Público.
Por norma general, a diferencia de los organismos estatales, los proveedores del Estado no tienen la obligación de revelar cómo gastan los recursos que se adjudican. Así, luego de que los fondos pasan del erario público a manos de privados, resulta complicado seguir la ruta del dinero, lo que brinda mayor margen de maniobra al comportamiento corrupto: conseguir facturas por trabajos no realizados o mal ejecutados; pagar sueldos a amigos de las autoridades de organismos públicos que asignaron los fondos, entre otras prácticas difíciles de rastrear.
El gasto de las fundaciones solo es la “punta del iceberg” de los recursos públicos manejados por actores privados. Una de las áreas donde existe mayor gasto público es el sector de la construcción. Un ejemplo es el cuestionado caso del hospital de Rancagua. Su infraestructura tuvo un valor final de $123 mil millones, monto muy superior al total transferido a todas las fundaciones relacionadas con el Frente Amplio. ¿Es posible saber cómo fue gastado ese dinero? No, los entes privados solo están obligados a responder por el servicio o producto por el cual fueron contratados.
Así, una forma directa de prevenir la falta de ética en la utilización de recursos públicos consiste en transparentar cómo se gastan los mismos después de que llegan a manos de los agentes privados.
En este caso, los procedimientos de transparencia deberían ser más eficientes que los actuales. Los gastos asociados a proyectos públicos podrían realizarse en cuentas corrientes especiales, abiertas al escrutinio de la ciudadanía. Banco Estado y otro tipo de organismos podrían facilitar este tipo de instrumentos. A su vez, el Servicio de Impuestos Internos y la Dirección del Trabajo podrían generar un portal de fácil acceso para hacer seguimiento ciudadano a las facturas y contratos de trabajo que se producen en virtud de una iniciativa pública.
Una objeción clásica en contra de algunas medidas de transparencia es el reclamo por la excesiva burocratización que producen las regulaciones estatales. Las vías de probidad que acabo de proponer permiten automatizar los procesos y ejecutarlos en tiempo real. Con el elevado nivel tecnológico hoy vigente, no deberíamos esperar un mes (o más) para que un funcionario suba una factura al Portal de Transparencia del Estado.
De cualquier forma, la probidad es una meta fundamental para mejorar la alicaída confianza que existe en la política y sus instituciones. Deberíamos centrarnos en las soluciones que permitan prevenir las irregularidades y la corrupción, no enfocarnos en los obstáculos. Con el elevado nivel de desarrollo tecnológico vigente, no quedan excusas para dar un salto en materia de transparencia y, así, fortalecer el sistema de prevención de irregularidades en la utilización de recursos públicos, el cual, a todas luces, no está logrando buena parte de sus objetivos.
