Opinión
La característica de estos “portonazos” de cuello blanco, cometidos por personas profesionales de buen nivel educacional y socioeconómico, es que los autores no se perciben a sí mismos como delincuentes, a pesar de estar lesionando bienes jurídicos esenciales para el funcionamiento de la democracia.
Los audios revelados por CIPER Chile en los cuales se registra una reunión sostenida entre el abogado Luis Hermosilla junto a otra abogada y su cliente Daniel Sauer –controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF Capital, ambas empresas en la mira de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y del Servicio de Impuestos Internos (SII)–, dejaron al descubierto una posible red de corrupción entre privados e instituciones públicas que, de comprobarse su veracidad, nos devela que la corrupción estaría más extendida en nuestro país de lo que creemos.
En efecto, en dicha reunión –abogados y cliente– se jactan sobre pagos realizados a funcionarios públicos como parte de la estrategia de defensa de las empresas de Sauer y su familia, las que están siendo indagadas por una serie de irregularidades, cuyos primeros resultados fue la eliminación del registro de Corredores de Bolsa de STF Capital por la CMF y está por verse el futuro de factoring Factop, que acumula numerosas demandas por deudas millonarias y solicitudes de quiebra.
Ambos organismos públicos –aludidos en el reportaje– abrieron investigaciones internas para dilucidar eventuales participaciones de funcionarios públicos en delitos de cohecho. A su vez, la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Colegio de Abogados han abierto causas para indagar lo que podría ser la punta del iceberg de algo mucho más grande y serio en materia de corrupción.
Sin embargo, a pesar de las reacciones “post audios” de las autoridades y organismos reguladores involucrados en posibles delitos, la confianza ciudadana se vuelve a resquebrajar una vez más y se instala la percepción de una cultura de la impunidad que ataca seriamente las bases del Estado de Derecho, perdiéndose la fe en la democracia como sistema de gobierno.
La encuesta Cadem realizada la cuarta semana de noviembre de 2023, ante la pregunta: cuán extendida estaría la corrupción en Chile, refleja que un 84% de los encuestados piensa que “hay mucha corrupción”. Hasta ahora nuestro país ha ocupado el segundo lugar en América Latina, superado por Uruguay y se ha mantenido –más bien estancado– en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) con 67 puntos, obteniendo el mismo puntaje que el promedio de los países OCDE, pero este lugar que ocupamos podría descender dramáticamente en materia de corrupción si no se ocupan herramientas efectivas de prevención, detección y persecución.
El lamentable diseño jurídico de una defensa basada en la comisión de delitos –como pareciera desprenderse de los audios escuchados– nos indica que persisten las prácticas oscuras de litigios en los pasillos, propias del antiguo sistema inquisitivo.
Así, la promesa de transparencia y de igualdad de acceso a la información para todos –que se anunció con la entrada en vigencia del nuevo sistema de justicia acusatorio– se entierra a medida que, en los famosos audios, se escuchan frases como: “Necesitamos una caja para gastos. Una caja negra…”; “bloquear computadores”; “quemar una oficina de Impuestos Internos”. La conversación revela que han tenido acceso a información confidencial a través de reuniones con el fiscal a cargo de la Unidad de Investigación de la CMF por Ley del Lobby, lo que también está siendo investigado.
La característica de estos “portonazos” de cuello blanco, cometidos por personas profesionales de buen nivel educacional y socioeconómico, es que los autores no se perciben a sí mismos como delincuentes, a pesar de estar lesionando bienes jurídicos esenciales para el funcionamiento de la democracia, con un alto riesgo de instalarse una cultura de tolerancia hacia la corrupción que no es fácil de revertir.
La nueva Ley de Delitos Económicos se hace cargo de este tipo de ilícitos, estableciendo nuevas reglas para la determinación de la pena, nuevas circunstancias atenuantes y agravantes, y un nuevo régimen de sustitución de la pena que, en muchos casos, además de acarrear responsabilidad penal a la empresa como ente jurídico, se puede traducir en cárcel efectiva para la persona natural.
Los gobiernos corporativos de las empresas tendrán que poner atención a quienes contraten para que los represente, ya que la persona jurídica también responde por cualquiera de los delitos de naturaleza económica, que sean cometidos por quienes le presten servicios, gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación –los abogados, por ejemplo–, en cuyo caso deberán tomar en cuenta no solo las competencias y habilidades para representar a la empresa, sino que también sus credenciales éticas y trayectoria de integridad, lo que requiere, a su vez, una cultura corporativa de integridad transversal dentro de la organización, donde las conductas reñidas con la ética o ilegales no tengan cabida dentro de la misma.
