Opinión
Avanzar en el fin de la deuda educativa es también responsabilidad fiscal.
En el contexto de las discusiones presupuestarias el Gobierno, liderado por el Presidente Gabriel Boric, ha anunciado una serie de medidas importantes que abarcan diversos ámbitos, como el incremento en el gasto per cápita en salud, la asignación de recursos para el transporte regional, o un aumento en el presupuesto para la seguridad de las personas. A pesar de la relevancia de estas iniciativas para la ciudadanía, las portadas de los medios se han centrado en el anuncio sobre el fin de las deudas educativas.
Algunos han expresado escepticismo ante esta medida, argumentando que se trataría de una política regresiva, de poco interés o que favorecería a una élite. Nada más alejado de la realidad: los beneficiarios serían la clase media y media baja, olvidada en muchas ocasiones por las políticas sociales, cerca de 2 millones de familias que se vieron forzadas a contraer deudas por lo que debería ser un derecho social.
Estamos hablando de personas que se esforzaron por años en la educación superior, egresaron con deudas millonarias y sueldos que no superan por mucho el mínimo. La cosa empeora si vemos a quienes por distintos motivos no pudieron continuar sus estudios, de los cuales un 76% gana menos de 500 mil pesos.
Avanzar en el fin de la deuda educativa es también responsabilidad fiscal. El Estado año tras año ha tenido que asumir el elevado costo de ser aval ante los bancos. A la fecha ha gastado más de 8 billones de pesos solo por el CAE. Para el 2024, el presupuesto considera más de 800 mil millones por este crédito, lo que en su mayoría corresponde a la ejecución de garantías en favor de los bancos.
Además, esta política de financiamiento fracasada provoca un estrés presupuestario para las instituciones de educación superior. Las universidades, CFT e IP de nuestro país también deben asumir como garantes de las obligaciones ante los bancos cuando los estudiantes no pueden hacerlo. ¿Es justo? ¿Es eficiente? No, es insostenible.
Los distintos ciclos de movilización estudiantil en Chile reflejan cómo esta política pública se ha convertido en uno de los pilares que sostienen la desigualdad educativa. Por ello el problema de los créditos por estudiar ha sido abordado por proyectos de ley de los gobiernos anteriores y de parlamentarios de todos los sectores, sin lograr aún un acuerdo.
Es evidente que tenemos un debate pendiente. Necesitamos establecer un mecanismo de financiamiento que garantice el derecho a la educación y dé certeza a las instituciones educativas, permitiendo su fortalecimiento y proyección al servicio del desarrollo de Chile con más investigación, conocimiento e innovación. Sin bancos y sin abusos.
Terminar con las deudas educativas, establecer un mecanismo de financiamiento justo para las y los estudiantes y ofrecer un plan de condonación gradual, progresivo y responsable es un compromiso programático de este Gobierno, es posible y necesario. Cumplir con la palabra empeñada es clave en un contexto de descrédito y desafección de la política. Reconstruir confianza y mejorar la vida de las personas, una tarea central.
