Sobre el Plan de Implementación para el Acuerdo de Escazú en Chile

Si bien ha estado alejada de la atención mediática, la implementación del Acuerdo de Escazú sigue su avance en nuestro país. Dicho tratado, que impulsa los derechos de acceso a la democracia ambiental en la región, se ha materializado en el “Anteproyecto de Plan de Implementación para el Acuerdo de Escazú en Chile 2024-2030” y se encuentra en pleno proceso de consulta pública hasta el 1 de febrero.

Tratándose de un diagnóstico sobre la institucionalidad nacional y de las principales acciones a impulsar para su fortalecimiento, la importancia de esta etapa consiste en la oportunidad para construir un diagnóstico transversal sobre los puntos más relevantes que se debe impulsar en Chile.

Cabe destacar que el documento en consulta comparte diagnósticos hechos en el pasado por diferentes actores de la sociedad civil, incluyendo nuestro trabajo recientemente publicado, y si bien es una discusión que podría parecer exclusivamente institucional, ofrece una oportunidad para impulsar el lugar del público en la toma de decisiones. Así, debemos superar los prejuicios que restringen la implementación del Acuerdo a la mera multiplicación de las instancias de participación ciudadana durante la evaluación de proyectos para promover una visión proactiva sobre el rol incidente que debe cumplir la ciudadanía en el ordenamiento territorial y sus mecanismos.

Entre los principales avances presentados, el Plan propone una estructura de gobernanza multinivel que busca involucrar a las autoridades con competencia ambiental, la sociedad civil, los privados y la academia. De este modo, propone tres instancias de participación formal que, en conjunto, impulsan la participación del público en la implementación del Acuerdo de Escazú. Sin embargo, surgen interrogantes que deberán ser esclarecidas previo a su impulso, como cuál será el grado de incidencia de este tipo de instancias o cuáles serán los mecanismos para asegurar la presencia de participantes representativos y pertinentes en cada consejo.

Por otro lado, el documento en cuestión propone un mecanismo de control y ejecución que establece indicadores y métricas para monitorear sus avances dentro del aparato público. Denominada “Ficha de Compromiso por Escazú”, el Ministerio del Medio Ambiente será el encargado de coordinar y dar seguimiento a las acciones comprometidas por los servicios públicos. En este punto cabe preguntar sobre los recursos que dispondrá el propio ministerio, como también los demás organismos, para empujar la implementación del tratado, a la vez que sobre cuáles serán los incentivos o sanciones posibles ante su posible incumplimiento.

Finalmente, respecto a las nuevas perspectivas que se pueden incorporar en el Plan, proponemos lo siguiente:

• Para fortalecer la información ambiental es necesario incorporar acciones que refuercen la transparencia de empresas públicas y privadas, como también fortalecer el rol de las instituciones públicas en la producción de información ambiental territorial.
• Para impulsar la participación ciudadana, las instancias de consulta deben anticiparse e integrarse a nivel territorial. Así, se desarrollarán procesos más expeditos y eficientes. Del mismo modo, se debe sistematizar la información producida para su consideración ante futuras instancias; como también integrar consideraciones de género y etnicidad en su ejecución.
• Para mejorar la justicia ambiental, como bien señala el documento, es esencial fortalecer el rol público en el acompañamiento jurídico y en la mediación entre partes. No obstante, la mejor estrategia para disminuir la judicialización será el fortalecimiento de las instancias anteriores. 
• Para proteger a personas y grupos defensores del medio ambiente, cabe resaltar la urgencia de crear un sistema de alerta temprana y monitoreo.

En función de estos elementos, la implementación del Acuerdo de Escazú ofrece la oportunidad de movilizar agendas de transparencia y gobierno abierto. Por lo tanto, esta etapa es un paso fundamental para fortalecer el rol de la ciudadanía y la democracia ambiental en el país.