Responsabilidad municipal

Hemos conocido los fallos de la Corte Suprema respecto a lo ocurrido en los municipios de Recoleta e Independencia, donde en ambos casos los alcaldes han pretendido, sin éxito, la invalidación de permisos de edificación que, de acuerdo con lo señalado por los Tribunales de Justicia, habían sido otorgados con apego a la ley. En tal sentido, es urgente enfrentar el asunto de la densificación vertical con análisis y argumentos de fondo, dejando atrás las consignas y razones puramente ideológicas, electorales y/o populistas.

Para el caso de los permisos que se ajustan a la ley, resulta urgente que los proyectos sigan su curso para que puedan ser habitados por las familias que decidieron establecer allí sus hogares, con el propósito de disminuir el grave problema del déficit habitacional que nos afecta como país, avanzando hacia comunas más integradas y seguras. Y si la ley no tuviera un estándar acorde a las necesidades de la ciudadanía, entonces corresponde al Parlamento realizar las modificaciones legales para que así sea.

Evidentemente, la solución de un problema social como la crisis habitacional no puede darse generando o profundizando otros problemas sociales, como la falta de servicios, de seguridad o de áreas verdes. Para ello, las municipalidades contamos con un instrumento que nos permite planificar y ordenar el crecimiento urbano: el plan regulador. Esto se hace con trabajo serio, con apego a la institucionalidad vigente y a la ley, y no con consignas.

En el caso de Independencia, comuna de la que soy concejal, el municipio quedó expuesto a pagar una millonaria indemnización a la inmobiliaria porque el alcalde, con una mayoría en el Concejo, prefirieron persistir en el juicio antes que llegar a una conciliación que incluyera compensaciones urbanas y sociales, tal como había sugerido la Corte de Apelaciones.

Toda esta evitable situación afectará gravemente las arcas municipales, con un presupuesto que no se podrá destinar al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros vecinos, con un terrible costo social que deberemos pagar por varios años. Es necesario que seamos serios y responsables a la hora de frenar proyectos legales y de utilizarlos como banderas de lucha pasándose por alto la normativa vigente y las leyes que rigen nuestro país, y desconociendo las verdaderas luchas que deberíamos dar, como la falta de viviendas y de seguridad en nuestros barrios.

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