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Racismo y violencia de Estado: efectos en salud pública

por 16 noviembre, 2018

Racismo y violencia de Estado: efectos en salud pública
El plan humanitario de retorno tiene un carácter manifiestamente racista, a pesar de su nombre y de la retórica de la compasión con que ha sido presentado por los medios de comunicación. El plan se ha puesto en marcha a partir de la constatación de que Chile no ofrece las mismas condiciones a todos los migrantes para desarrollarse y ha querido ser comunicado como una medida “solicitada por la comunidad haitiana en Chile”. Sin embargo, en su aplicación el plan se dirige a una población específica, proveniente de solo una de las nacionalidades extranjeras presentes en el territorio nacional, cuya especificidad radica en ser afrodescendientes. Además del efecto mediático de poner un rostro y un color de piel a la migración que fracasa en Chile, el plan prohíbe el regreso de estas personas a nuestro país por los próximos nueve años, violando de forma arbitraria el derecho a la movilidad que tiene cualquier ser humano.
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Con estupor hemos visto en estos días dos episodios protagonizados por agentes del Estado, en los que emergen las contradicciones más profundas entre la promoción de políticas para la interculturalidad (en salud, en educación y en todos los sectores) y la perpetuación de condiciones que ponen estructuralmente a ciertas poblaciones en condición de vulnerabilidad frente a otras. El 7 de noviembre pasado se dio inicio al llamado “Plan Humanitario de Retorno al país de origen”, propiciado y ejecutado por el Ministerio del Interior, mientras hoy, 15 de noviembre, somos testigos con horror de una nueva muerte de un líder indígena a manos, muy probablemente, de un agente de policía nacional.

Además de conmovernos desde una emocionalidad personal y cualquiera sea nuestra posición política frente a los hechos aquí referidos, es necesario conducir sus consecuencias hacia los efectos que estas acciones tienen sobre nuestro quehacer en salud pública.

Como es sabido, el Estado chileno promueve hace más de veinte años un enfoque de salud intercultural, acordado en primera instancia con las comunidades indígenas y hoy proyectado hacia los desafíos en salud que nos ponen los migrantes internacionales. En este marco, todos los servicios de salud del país han ido asumiendo en diversa medida acciones en las que se busca garantizar el acceso a una atención de calidad en los servicios de dicho ámbito. Estas iniciativas implican la construcción de lazos de confianza entre poblaciones históricamente marginadas y estigmatizadas, equipos de salud e intersector.

Estos lazos se han ido erigiendo fatigosamente gracias al trabajo conjunto de equipos comprometidos con asumir transformaciones importantes en su propia forma de entender la salud y de desempeñar sus funciones profesionales. Numerosos actores hemos estado comprometidos en la formación de futuros profesionales conscientes de los desafíos que la diversidad cultural impone a la salud pública, a través de diversas cátedras, diplomados y cursos de pregrado que se han ido instalando tanto en las aulas de las escuelas de salud como en las diversas disciplinas de las ciencias sociales.

Sin embargo, todos estos avances se ven gravemente dañados cuando un Estado manifiesta, a través de acciones concretas, señales de racismo dirigido precisamente a las poblaciones migrantes e indígenas. La institucionalización del racismo y la naturalización de la violencia ejercida desde el Estado hacia poblaciones específicas tiene efectos iatrogénicos sobre el cuerpo social.

¿Qué mensaje está mandando el Estado, toda vez que pasa del humanitarismo al terrorismo para justificar las acciones que emprende sobre minorías étnicas, como son las poblaciones indígenas y migrantes? A mi parecer, al provenir del Estado estas acciones promueven una institucionalización del racismo, que tienen graves consecuencias negativas sobre la implementación de un enfoque intercultural en salud. La responsabilidad de este enfoque no radica solo en la voluntad de los equipos para desarrollar competencias culturales. Si el Estado ejerce acciones violentas y racistas, ¿qué pasará con los puentes que se han creado para la superación de las desigualdades en salud?, ¿de verdad queremos que la comunidad de Temucuicui, entre tantas otras, confíe en las políticas interculturales del Estado?, ¿vamos a dar la responsabilidad de la percepción de discriminación que reporta la población migrante internacional solo a las actitudes que puedan encontrar en quienes tienen trato directo en los consultorios? Los profesionales de la salud pública debemos visibilizar los efectos que este tipo de acciones tiene sobre nuestro quehacer si queremos defender un modelo de salud intercultural que vaya más allá del exotismo y asuma las responsabilidades políticas que están en la base de un compromiso con la salud de todos y todas las personas que habitan nuestro territorio. 

El plan humanitario de retorno tiene un carácter manifiestamente racista, a pesar de su nombre y de la retórica de la compasión con que ha sido presentado por los medios de comunicación. El plan se ha puesto en marcha a partir de la constatación de que Chile no ofrece las mismas condiciones a todos los migrantes para desarrollarse y ha querido ser comunicado como una medida “solicitada por la comunidad haitiana en Chile”. Sin embargo, en su aplicación el plan se dirige a una población específica, proveniente de solo una de las nacionalidades extranjeras presentes en el territorio nacional, cuya especificidad radica en: a) ser afrodescendientes, b) ser ex colonos franceses. Además del efecto mediático de poner un rostro y un color de piel a la migración que fracasa en Chile, el plan prohíbe el regreso de estas personas a nuestro país por los próximos nueve años, violando de forma arbitraria el derecho a la movilidad que tiene cualquier ser humano.

El mensaje que el Estado envía a través de esta política es la naturalización de las discriminaciones que encuentra la población haitiana en su proceso de inserción en Chile. Mensaje similar se transmite a partir del caso de la muerte de Camilo Catrillanca de la comunidad de Temucuicui. Más allá de las circunstancias en que se produce el disparo que provoca su deceso, su muerte se enmarca en el acentuado clima de violencia y de radicalización de la represión que se observa en La Araucanía, donde delitos comunes como lo es el robo de un auto, son enfrentados por medio de la acción de un comando antiterrorista.

¿Qué mensaje está mandando el Estado, toda vez que pasa del humanitarismo al terrorismo para justificar las acciones que emprende sobre minorías étnicas, como son las poblaciones indígenas y migrantes? A mi parecer, al provenir del Estado estas acciones promueven una institucionalización del racismo, que tienen graves consecuencias negativas sobre la implementación de un enfoque intercultural en salud.

La responsabilidad de este enfoque no radica solo en la voluntad de los equipos para desarrollar competencias culturales. Si el Estado ejerce acciones violentas y racistas, ¿qué pasará con los puentes que se han creado para la superación de las desigualdades en salud?, ¿de verdad queremos que la comunidad de Temucuicui, entre tantas otras, confíe en las políticas interculturales del Estado?, ¿vamos a dar la responsabilidad de la percepción de discriminación que reporta la población migrante internacional solo a las actitudes que puedan encontrar en quienes tienen trato directo en los consultorios?

Los profesionales de la salud pública debemos visibilizar los efectos que este tipo de acciones tiene sobre nuestro quehacer si queremos defender un modelo de salud intercultural que vaya más allá del exotismo y asuma las responsabilidades políticas que están en la base de un compromiso con la salud de todos y todas las personas que habitan nuestro territorio. 

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