Opinión
La democracia, entendida como la radicación de la soberanía en el pueblo, es una idea relativamente radical y nueva. Considerando que contamos con poco más de cinco mil años de historia escrita, el sistema de gobierno mediante representantes electos por amplios sectores de la población asoma como una novedad de último momento. Resulta fácil olvidar –especialmente para algunos– que en todo el mundo las mujeres solamente obtuvieron el derecho a voto durante el siglo XX, y que, hace menos de treinta años, en algunos países del mundo el color de piel de una persona era factor determinante para discernir si es que merecía participar del proceso democrático o no. Hasta el día de hoy existen monarquías absolutas y regímenes dictatoriales en todos los rincones del mapa. Es un privilegio caer en el error de dar por sentada la democracia.
En Chile, la democracia está en crisis. La baja participación en las elecciones, sumada a la espuria aprobación de todos los organismos del Estado, no eran más que síntomas de un problema que terminó de reventar el año 2019, en medio de un Gobierno completamente desconectado de sus electores. Encontramos como país la solución en escribir una nueva Constitución, derrocando así un símbolo de tecnocracia impuesta por la fuerza de las armas. Además, por primera vez en nuestra historia decidimos que el órgano encargado de la redacción del nuevo texto constitucional fuese completamente electo por la ciudadanía, con composición paritaria, escaños reservados para pueblos originarios y amplia participación de independientes. Apostamos por la vía democrática, y lo que está en juego es trascendental: un revés para la Convención Constitucional implica un revés para la vía democrática.
La Convención Constitucional cumple la función de ser la fuente revitalizadora de la legitimidad democrática de nuestras instituciones. Por eso, su importancia trasciende de los proyectos políticos particulares de cada coalición. Lamentablemente, hoy el proceso constituyente se encuentra bajo ataque. Existe un sector que, desde el mismo 25 de noviembre de 2020, ha abocado todos sus esfuerzos en hacer fracasar a la Convención Constitucional. A través de la prensa, de vocerías institucionales y desde el mismo interior de la Convención, han azuzado miedos e inseguridades de un público que mira con ansiedad el funcionamiento del órgano que ellos mismos eligieron en históricas votaciones. Insisten en su estrategia sin medir las potenciales consecuencias de un fracaso de la Convención. Y no nos engañemos: un fracaso de la Convención Constitucional significaría no solo una gran pérdida de tiempo y recursos. Un fracaso de la Convención Constitucional no solamente implicaría otra solución fallida a los problemas reales de Chile. Un fracaso de la Convención Constitucional acarrearía potencialmente una estocada mortal al frágil experimento político llamado democracia.
Chile conoce bien la cara del autoritarismo. La memoria de un pasado dictatorial sigue fresca, y cualquier fracaso percibido de la vía democrática será indudablemente aprovechado por quienes miran esa época con nostalgia en vez de horror. La democracia chilena se encuentra en una encrucijada: un camino puede llevarla al saneo de sus instituciones políticas; el otro puede significar la repetición de un colapso catastrófico, con todo el dolor que eso implica.
El próximo Gobierno será uno de transición, que ya sabemos no contará con las mayorías en el Parlamento para llevar a cabo sus programas. Por tanto, su principal misión política no será llevar a cabo una batería de transformaciones radicales. En materia económica, de inmigración y paz social, les tocará administrar una crisis profunda que dejará poco tiempo para ejecutar sus programas. Sin embargo, en materia política, su principal función será de corte administrativo: conducir y facilitar la labor del proceso constituyente. De ello dependerá, en gran medida, el éxito o fracaso de la apuesta democrática, y el repunte o hundimiento de nuestras instituciones políticas.
