Opinión
A casi una década de la implementación de la Ley de Lobby en nuestro país, la División de Integridad de la OCDE realizó una visita oficial a Chile con el fin de colaborar en el desarrollo de la Estrategia Nacional de Integridad Pública y evaluar esta regulación nacional sobre el lobby y la influencia en la toma de decisiones que ha sido pionera a nivel global.
Para realizar su balance, la misión se reunió, entre otros, con parlamentarios, lobbistas, académicos y funcionarios públicos que interactúan con el sistema. En estos encuentros se identificaron importantes espacios de consenso sobre cambios necesarios en la materia.
En su momento, la actual regulación del lobby buscó transparentar la influencia de intereses particulares en la toma de decisiones públicas y permitir dar igual trato a quienes realizan esta labor. Así, se estableció que todos quienes solicitan audiencias procurando incidir en una decisión, deban hacerlo a través de un sistema transparente; obligando además a las autoridades a registrar tales audiencias, así como los donativos que reciban y los viajes que realizan.
A la fecha, gracias a esta legislación existe registro de más de 600 mil audiencias, 540 mil viajes y 52 mil donativos que pueden ser consultados por la ciudadanía, además de las nóminas de gestores de interés en las que se integran, a su vez, decenas de empresas dedicada específicamente al lobby y otros profesionales que han hecho de esta búsqueda de incidir en la toma de decisiones, un área de desarrollo e incidencia.
Grandes avances en transparencia que, sin embargo, han develado que es necesaria una revisión. La ley vigente deja en penumbra la realización de numerosas audiencias entre autoridades o bien solicitadas por autoridades; no contempla deberes de integridad y transparencia para quienes ejercen influencia; no establece reglas de conflictos de intereses posempleo, y posee un precario sistema de control, entre otras falencias.
Además, se trató de un marco normativo pensado para una forma de ejercer influencia que ha sido superada por la realidad en medio de avances tecnológicos y cambios institucionales tanto en el mundo público como privado. Aquello que se buscó regular en la discusión legislativa dada entre el 2008 y el 2014 ha cambiado y hoy nos enfrentamos a un fenómeno mucho más complejo.
En la búsqueda por enfrentar prácticas abusivas y poco transparentes en los procesos de decisiones públicas, además de fortalecer nuestra democracia y la confianza de la ciudadanía en las instituciones, desde la Comisión Presidencial de Integridad Pública y Transparenta estamos trabajando para actualizar este marco normativo.
Este año la OCDE aprobará una nueva recomendación sobre lobby que apunta justamente a hacerse cargo de estas nuevas complejidades de la influencia en el siglo XXI, por lo que también quedarán obsoletas las emitidas por el mismo organismo internacional en 2010.
Adelantándonos a este balance, el Presidente Gabriel Boric comprometió en su programa de gobierno y su última Cuenta Pública avanzar hacia una nueva regulación del tema, mejorando lo establecido en la vigente Ley N°20.730.
El proceso de discusión que acompañará a este proyecto de ley es un espacio perfecto para canalizar las inquietudes que los distintos actores involucrados han manifestado y otorgará una oportunidad única para mantener nuestra posición de liderazgo en esta materia, estar a la altura de estos nuevos estándares que serán oficiales pronto y hacernos cargo de una realidad en constante cambio.
