Opinión
Sabemos que no basta solo con reconocer la democracia representativa como el modelo de gobernanza. En efecto, en Chile la actual Constitución señala en términos absolutos que “Chile es una República democrática”. Lo angular de estos términos es también reconocido en el actual proceso constitucional, al establecer como la primera de las bases del proceso el que “Chile es una República democrática, cuya soberanía reside en el pueblo”. Por lo tanto, el desafío no está en los términos, sino en recoger y garantizar el pleno goce del derecho a la participación en la toma de decisiones y en los asuntos públicos que nos atañen como ciudadanía de un modo efectivo.
La crisis social que atravesó nuestro país el 2019 está antecedida por años de pérdida de confianza en las instituciones públicas. Tal vez si hubiésemos contado con un sistema de distribución de poder diferente, donde se reconociera la participación directa, las demandas ciudadanas podrían haber encontrado un encauce dentro de lo institucional.
Es cierto que esta crisis apareció como una oportunidad oficial de reemplazo al texto constitucional, inexistente hasta esa fecha. Pero los obstáculos institucionales para canalizar la voz ciudadana dejaron profundas heridas en materias de derechos humanos y de convivencia política, por lo que debe ser un objetivo fundamental ofrecer condiciones de participación ciudadana democrática que ayuden a la movilización e incidencia de demandas sociales.
Sabemos que no basta solo con reconocer la democracia representativa como el modelo de gobernanza. En efecto, en Chile la actual Constitución señala en términos absolutos que “Chile es una República democrática”. Lo angular de estos términos es también reconocido en el actual proceso constitucional, al establecer como la primera de las bases del proceso el que “Chile es una República democrática, cuya soberanía reside en el pueblo”. Por lo tanto, el desafío no está en los términos, sino en recoger y garantizar el pleno goce del derecho a la participación en la toma de decisiones y en los asuntos públicos que nos atañen como ciudadanía de un modo efectivo.
En este sentido, las normas constitucionales presentadas y aprobadas en general la semana recién pasada por la Comisión Experta van en el camino adecuado: se reconoce la participación ciudadana como un principio en la gestión pública y en el proceso de formación de ley. Asimismo, se recogen algunos mecanismos de democracia directa, como la iniciativa para presentar normas, la iniciativa ciudadana de derogación de las mismas y la posibilidad de que la ciudadanía pueda someter materias a los órganos deliberativos a nivel regional o comunal.
Si bien son aspectos que van en un buen camino, aún parece necesario perfeccionar las regulaciones en aspectos como el financiamiento de las campañas en torno a las iniciativas, mecanismos de impugnación y órganos encargados de modelar instrumentos accionables y efectivos para la participación ciudadana. Pero lo que más hace falta –y que cuesta comprender su omisión en este proceso–, es la participación ciudadana en lo referido a reformas constitucionales.
No parece razonable que, tras lo ocurrido desde el 2019, no se contemplen vías directas de participación en materia constitucional y que incluso no existan normas referidas al reemplazo completo del texto. La participación en este ámbito queda solo relegada a reformas constitucionales, en caso de haber discrepancias entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, negando a la soberanía popular la capacidad de presentar iniciativas de reformas constitucionales, provocar un reemplazo de la Constitución o participar de manera vinculante y obligatoria en su reforma.
Si comenzamos un camino de cambio al texto fundamental, que busca dar cauce institucional a las reformas que el pueblo exigió, no podemos repetir la historia y que la nueva Constitución no entregue herramientas a la ciudadanía para encontrar instancias para su reforma. De no hacerlo, entonces, no habremos aprendido nada en todos estos años.
