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Estado social como consenso, ¿también para Republicanos? Opinión

Estado social como consenso, ¿también para Republicanos?

Germán Silva Cuadra
Por : Germán Silva Cuadra Psicólogo, académico y consultor
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Al interior del Partido Republicano debe estar dándose un fuerte debate entre mantenerse firmes con las posiciones extremas y conservadoras que han sostenido siempre –partiendo por su negativa a cambiarle una coma a la actual Constitución– y el pragmatismo de sumarse a ciertos consensos para buscar ampliar su base de respaldo y competir por el botín mayor: La Moneda en 2025. Al menos, ese parece ser lo que proyectan en público José Antonio Kast y Arturo Squella –que valoró el anteproyecto–. Y aunque en el partido de derecha han asegurado que también ganarían con el rechazo del nuevo texto que salga del Consejo, lo cierto es que eso no pasa de ser una bravata política. Ese escenario sería el entierro de Republicanos.


Hacía mucho tiempo que no veíamos un acuerdo político como el logrado la semana pasada entre los llamados expertos. Aunque con mucha menos pasión y espectacularidad que el alcanzado el 15N de 2019, fuimos testigos de un consenso transversal, y especialmente en un punto crítico ideológicamente, como en el caso de la norma que –artículo tercero del anteproyecto constitucional– consagra el Estado social y democrático de derecho. Una aspiración que partió en la centroizquierda, pero que fue ganando adeptos en otros sectores. Lo más curioso, sin duda, fue el apoyo del representante del Partido Republicano, la única colectividad que había mostrado su total rechazo a asumir este concepto, el que consideran anclado en la izquierda.

Lo cierto es que, luego de que las posiciones se habían distanciado después del contundente resultado del 7M, los partidos más tradicionales de la política chilena parecieron haber percibido un enemigo común al frente – Republicanos– y terminaron por cerrar filas para alcanzar acuerdos en las distintas subcomisiones y llegar al pleno –que se inicia esta semana– con un nivel de consenso por sobre lo esperado. No olvidemos que incluso la UDI temió que los de Kast terminaran sacando el mantel al proceso, cuando Johannes Kaiser –el hombre que renunció a ese partido, pero que actúa de vocero de la colectividad, algo que solo pasa en Chile– amenazó con desconocer los famosos 12 bordes, acordados en 2022.

Por supuesto que no todo fue miel sobre hojuelas. No se alcanzó acuerdo en el sistema de salud –un tema que, con la crisis de las isapres, se prefirió evitar– y tampoco en paridad, como mecanismo permanente. La derecha ha señalado en todos los tonos que no le gusta la paridad –desde mi perspectiva, uno de los pocos logros que había dejado el proceso anterior–, porque distorsionaría el voto. Salomónicamente, los expertos optaron por evitar el conflicto con una salida transitoria, traspasándole el problema al Consejo. Las probabilidades de que la paridad se consagre en la nueva Constitución son bajas, considerando que se necesitarían 31 votos, y la izquierda –sumado el representante de los PPOO– apenas llega a 17. Una buena demostración del péndulo es este giro brutal de un derecho –la paridad en distintos aspectos– que parecía logrado hasta hace unos años.

Más allá de los consensos alcanzados en la cocina política –Chile Vamos, FA y ex Concertación–, la gran pregunta es si Republicanos validará el texto acordado o, como expresó en un lapsus su nuevo ícono, el Opus Dei Luis Silva: “¿Por qué cresta siendo mayoría tenemos que llegar a acuerdo con las minorías?” –nada que envidiarle a Stingo, por lo demás–. A tal nivel llegaron los exabruptos y frases desafortunadas en los días siguientes al 7M, incluyendo la baja de uno de ellos antes de asumir, que se les “sugirió” guardar absoluto silencio a sus consejeros hasta el 7 de junio.

Sin embargo, Republicanos –a través de sus parlamentarios– se ha encargado de entregar señales de cómo actuarán. Votaron contra el alza del salario mínimo y contra el royalty –que aportará US$ 1.450 millones, incluidos US$ 350 millones como recursos frescos para seguridad ciudadana–. Además, fue el propio Kast quien rechazó el cambio por Estado social –que le valió un irónico mensaje de Schalper–, argumentando que el Estado debe disminuir al mínimo –ya en su campaña de 2021 planteó eliminar la mitad de los ministerios–, pese a la paradoja de que Republicanos es partidario de un perdonazo a las isapres.

Al interior del Partido Republicano debe estar dándose un fuerte debate entre mantenerse firmes con las posiciones extremas y conservadoras que han sostenido siempre –partiendo por su negativa a cambiarle una coma a la actual Constitución– y el pragmatismo de sumarse a ciertos consensos para buscar ampliar su base de respaldo y competir por el botín mayor: La Moneda en 2025. Al menos, ese parece ser lo que proyectan en público José Antonio Kast y Arturo Squella –que valoró el ante proyecto–. Y aunque en el partido de derecha han asegurado que también ganarían con el rechazo del nuevo texto que salga del Consejo, lo cierto es que eso no pasa de ser una bravata política. Ese escenario sería el entierro de Republicanos.

Por supuesto, el peor autoengaño que podría hacerse la colectividad de JAK es creer que el alto porcentaje logrado el 7M correspondió a gente con la misma posición ideológica conservadora de ellos, cuando su campaña tuvo el foco casi un 100% en la contingencia de seguridad y nada en la Constitución. Claro, la historia política de este país parece repetirse una y otra vez, si no, pregúntenle a La Lista del Pueblo, que ya vivió ese mismo espejismo hace solo dos años.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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