Opinión
Los conflictos armados, los desastres socioambientales y el Covid-19 han intensificado los factores que aumentan la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas a la trata. Son ellas quienes corren un mayor riesgo de vivir en la pobreza y enfrentar la inseguridad económica, como resultado del desplazamiento, el aumento de los niveles de violencia de género y la discriminación. Durante la pandemia, los traficantes incrementaron el empleo de tecnología para reclutar, controlar y explotar a mujeres y niñas, así como para ocultar información sobre sus actividades e identidades. La trata y el tráfico de migrantes son 2 de los 10 principales mercados globales más lucrativos del crimen organizado, siendo la trata de personas el mercado criminal más generalizado en todo el mundo.
La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata de Personas en 2014 para sensibilizar a todo el mundo sobre este problema que constituye un grave delito, una grave violación de los derechos humanos y una forma de violencia que afecta de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas. En 2020 de cada 10 víctimas detectadas en el mundo, 4 eran mujeres adultas y 2 eran niñas, la trata con fines de explotación sexual era una de las formas más frecuentes de explotación detectadas, cuyas víctimas eran en 64% mujeres y 27% niñas. El 25% de los casos de sobrevivientes de trata fueron sometidos a múltiples formas de violencia de género antes de ser traficados y el 13% de los sobrevivientes de trata fueron traficados por su pareja íntima. La impunidad generalizada y la falta de respuestas adecuadas a la trata siguen siendo desafíos ineludibles.
Los conflictos armados, los desastres socioambientales y el Covid-19 han intensificado los factores que aumentan la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas a la trata. Son ellas quienes corren un mayor riesgo de vivir en la pobreza y enfrentar la inseguridad económica, como resultado del desplazamiento, el aumento de los niveles de violencia de género y la discriminación. Durante la pandemia, los traficantes incrementaron el empleo de tecnología para reclutar, controlar y explotar a mujeres y niñas, así como para ocultar información sobre sus actividades e identidades. La trata y el tráfico de migrantes son 2 de los 10 principales mercados globales más lucrativos del crimen organizado, siendo la trata de personas el mercado criminal más generalizado en todo el mundo.
Asistimos a una crisis global y regional de movilidad humana sin precedentes, por lo que la erradicación de la trata de personas demanda, de manera dramática, más y mejores políticas públicas, y más y mejor cooperación internacional. Al respecto, Naciones Unidas y organizaciones internacionales, crearon el Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la Trata de Personas, iniciativa mundial sobre la prevención y la lucha contra la trata de personas. En ese ámbito ONU Mujeres, ha abogado por la protección y el apoyo a las víctimas y las sobrevivientes.
En América del Sur las mujeres constituyen el 49% de todas las víctimas de trata. De este total, 87% de mujeres y 11% de niñas son utilizadas para fines de explotación sexual. En el Cono Sur los hombres conforman más de la mitad de las víctimas detectadas que enfrentan trabajo forzoso, pero las mujeres también representan aproximadamente una quinta parte de este grupo de víctimas. Alrededor del 90% de las víctimas detectadas en América del Sur son ciudadanos de países sudamericanos. La trata doméstica (al interior de cada país) origina las tres cuartas partes de estas víctimas y la trata transfronteriza cercana, dentro de América del Sur, es otro 15%. Alrededor del 4% de todas las víctimas detectadas en 2020 procedían de Haití y de la República Dominicana, un número significativo en comparación con el tamaño relativo de estos dos países.
Especial importancia ha adquirido la crisis humanitaria que afecta a las personas venezolanas refugiadas y migrantes, en particular a las mujeres, la niñez y la adolescencia no acompañada o separada de sus familias. En consecuencia, la comunidad regional ha puesto en marcha importantes iniciativas de cooperación, que incluyen esta problemática, como el Proceso de Quito, una iniciativa intergubernamental inaugurada el año 2018 para coordinar una respuesta regional a la crisis migratoria venezolana, en la que Chile ejerce la Presidencia Pro Tempore, y la Plataforma Interagencial de Respuesta a las personas migrantes y refugiadas de Venezuela (R4V) de las Naciones Unidas. Éstas se suman a los esfuerzos interamericanos, regionales y subregionales, de la sociedad civil y actores humanitarios. En coherencia con este liderazgo regional, el 4to Plan de Igualdad entre mujeres y hombres 2018-2030, lanzado el 26 de julio por el ministerio de la Mujer y Equidad de Género de Chile, ha incluido cuatro metas para abordar la trata de mujeres y niñas y sus consecuencias, a través de la sensibilización y capacitación funcionarias y funcionarios que atienden a mujeres migrantes, especialmente a víctimas de trata de personas, y la provisión de una red articulada de Servicios de apoyo a las víctimas.
Todos estos esfuerzos están estrechamente relacionados con la Agenda 2030, que considera en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) metas contra la trata de personas y protección de las víctimas. ONU Mujeres invita este 30 de julio a todos los actores, públicos, privados y de la sociedad civil, a sumarse al llamado especial para acabar con la trata de personas (#EndHumanTrafficking) y a trabajar juntos para lograr el ODS 5 sobre igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y el derecho a una vida libre de violencia de género.
