Opinión
Ante hechos criminales cometidos en contra de ciudadanos –carentes de toda justificación y explicación–, no cabe sino condenar irrestrictamente la violencia, sin relativizaciones. Esta es precisamente la base mínima para cualquier salida pacífica del conflicto.
La relativización de la violencia a propósito del conflicto palestino-israelí ha llegado a un peak insólito en el contexto de los crímenes masivos cometidos en contra de la población civil israelí por parte de la organización terrorista Hamás.
Ante hechos criminales cometidos en contra de ciudadanos –carentes de toda justificación y explicación–, no cabe sino condenar irrestrictamente la violencia, sin relativizaciones. Esta es precisamente la base mínima para cualquier salida pacífica del conflicto. Sin embargo, un buen puñado de figuras políticas y públicas de todo orden (académicos e incluso Estados) han intentado explicar, “contextualizar” o derechamente han omitido los actos criminales de la organización terrorista Hamás. Entre estos intentos de defensa más o menos encubierta de la violencia indiscriminada aplicada en contra de civiles, uno muy curioso es el que pretende ver estos actos como consecuencia de un proceso de “(de)colonización”, basándose en una equiparación bastante desafortunada entre situaciones absolutamente disímiles.
La creación del Estado de Israel respondió a un plan de la comunidad internacional para intentar resolver la violenta coexistencia en Medio Oriente entre judíos y árabes, considerando también el éxodo tras el horror del Holocausto y el genocidio del pueblo Judío en Europa. La comunidad internacional elaboró, discutió y aprobó dicho plan, observando pasivamente cómo al día siguiente los países de la Liga Árabe (que eran parte de la asamblea) declaraban la guerra a Israel.
Lo anterior dista bastante de la imagen de una invasión militar unilateral y violenta de territorio ajeno, como pretenden quienes quieren asimilar la situación de origen del Estado Israelí con la invasión de la Corona española comenzada por Colón en Latinoamérica.
En cualquier caso, la elaboración de excusas y justificaciones –que supuestamente contextualizarían o explicarían los crímenes– son condenables por diseminar más el odio y el prejuicio, incluso cuando vienen en el ropaje de elaboradas teorías o “ismos”. Ante estos intentos de comprensión o explicación de los crímenes, pareciera ser que uno no puede ya juzgar ni distinguir el bien del mal, pues siempre el último tiene que ver con un mal que lo precede.
Por supuesto, lo anterior en nada afecta la condena de los crímenes cometidos en contra de los palestinos por miembros del Ejército israelí, pero los mismos no son moneda de cambio en un trueque macabro del cual todo el mundo pareciera querer participar o tener algo que decir. Este es el alimento de la espiral de violencia que lleva ya décadas en Medio Oriente y sobre la cual la comunidad internacional tiene mucho que decir (y hacer).
En efecto, en este punto del conflicto, parece imposible una salida que no involucre a la comunidad internacional. Ciertamente, esta no solo omitió acompañar e implementar el plan de partición propuesto, también falló en acompañar un proceso de paz que detuviera la comisión de crímenes internacionales en contra de la población civil. En estos casos, la comunidad internacional está llamada a juzgar y distinguir, condenando las atrocidades cometidas y contribuyendo a ponerles un punto final.
