Opinión
Promover una cultura de integridad corporativa dentro de la organización es vital para que todos los miembros, sin excepción, hagan negocios integrando la ética en su actuar, más allá de la sanción, pues la ética y la rentabilidad no se oponen.
La sanción impuesta por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) al exgerente general de Cencosud –acusado de uso de información privilegiada– y el posterior manejo de la situación crítica por parte del gobierno corporativo de la empresa, no solo ha impactado profundamente al mundo empresarial, sino que también a la opinión pública.
La capacidad de reacción del directorio de una de las compañías más grandes del retail no estuvo a la altura de lo que las partes interesadas –stakeholders y comunidad en general– esperan de una empresa, quienes actualmente exigen mayores estándares de ética y transparencia a las organizaciones.
El código de ética del grupo empresarial declara que hacer lo correcto es parte del ADN de la compañía y que no se toleran las conductas inapropiadas, mientras el manual de manejo de información de interés para el mercado declara, en su introducción, que este constituye una medida preventiva contra operaciones basadas en el uso de información privilegiada, siendo el directorio el que debe hacer cumplir sus contenidos y aplicar las sanciones cuando se infrinjan las disposiciones contenidas en el mismo. Cabe hacer presente que ambos documentos se encuentran desactualizados a la fecha.
Algo sucedió, que esas declaraciones y compromisos se quedaron en el papel y la compañía ha tenido un manejo de la situación muy por debajo de los estándares internacionales.
¿Fallaron los mecanismos de control de prevención de delitos?, ¿la renuncia del gerente general se debió a las presiones de los principales gremios empresariales? Y, posteriormente, ¿cómo se explican los errores legales cometidos en la designación del sucesor reprochados por el regulador? La respuesta a estas interrogantes pareciera ser “todas las anteriores”, quedando en evidencia la falta de una cultura corporativa de integridad y un tono, desde la cúpula, que no se escuchó.
Es precisamente en situaciones de infracciones a las leyes y/o políticas de las organizaciones –que generan alta conmoción pública– en que se ponen a prueba los programas y políticas de cumplimiento de estas y su capacidad de reacción ante una crisis, rindiendo cuenta a la comunidad, a través de un comunicado que envíe señales claras acerca de la postura del directorio frente a conductas de gravedad.
Hace unos años, Franklin Templeton Investment –líder mundial en gestión de activos– se demoró dos días en despedir a una alta ejecutiva de finanzas por protagonizar un incidente racial con un hombre afroamericano en Central Park, a quien acusó injustamente de haber amenazado su vida y la de su mascota. La reacción de la compañía fue informar a la opinión pública a través de Twitter –hoy X– el despido de la ejecutiva, reafirmando que la compañía, fiel a sus políticas, no toleraba el racismo de ningún tipo.
Lo anterior es un ejemplo concreto de cómo una gran compañía norteamericana se toma en serio las políticas implementadas por la misma, incluso en una conducta que ocurrió fuera del lugar de trabajo. En efecto, a simple vista pareciera que lo sucedido con la ejecutiva estaba dentro de su esfera personal, pero el mensaje enviado a los colaboradores y a la comunidad fue que las políticas y valores a las cuales adhiere Franklin Templeton se aplican por igual a todos sus miembros, sin importar el cargo, la condición, el género o el lugar donde estos se transgredieron.
En el caso chileno, no se trata solamente de la vulneración de una política o manual, sino del programa de cumplimiento de prevención de delitos, pues el uso de información privilegiada no es un error cometido por altos ejecutivos, sino que se trata de un delito tipificado y sancionado por la Ley de Mercado de Valores.
Con la nueva ley de delitos económicos se aumenta la pena privativa de libertad, y la determinación de las reglas de la pena de los delitos considerados económicos se sustraen de las circunstancias modificatorias tradicionales de la responsabilidad penal, endureciéndose significativamente el régimen de sustitución de penas, de modo que si el delito se hubiera cometido bajo la vigencia de esta nueva ley, además de arrastrar a la empresa a una eventual responsabilidad penal, las posibilidades de cárcel efectiva para la persona natural aumentan considerablemente.
Cencosud tendría que haber puesto en la balanza los 20 años entregados por el CEO a la compañía y sus logros frente al daño legal, económico y reputacional que le estaba provocando a la misma. La comunidad esperaba –y por cierto los gremios empresariales– un comunicado condenando los hechos e informando la desvinculación del exgerente general.
Recientemente el ex-CEO concedió una entrevista a un medio de comunicación, “lamentando su error, pero asegurando que no hizo uso de información privilegiada”, dando toda clase de explicaciones que debiera reservar para las instancias administrativas y judiciales. La CMF deberá pronunciarse sobre el recurso de reposición interpuesto por el exgerente general, cuya vía administrativa podría llegar hasta la Corte Suprema, mientras el Ministerio Público tiene en su poder los antecedentes para investigar penalmente si se cometió o no el ilícito.
Este episodio servirá para sacar lecciones y relevar el rol del compliance como herramienta clave para apoyar la gobernanza y el cumplimiento, pero también para entender que las organizaciones necesitan contar con un protocolo de manejo de crisis interna que, a la vez, sea capaz de comunicar a la comunidad su postura frente a las conductas que transgreden sus valores y qué medidas se tomarán en relación con las mismas.
Promover una cultura de integridad corporativa dentro de la organización es vital para que todos los miembros, sin excepción, hagan negocios integrando la ética en su actuar, más allá de la sanción, pues la ética y la rentabilidad no se oponen.
