Opinión
El oficialismo y su afiliados no están dando ningún ejemplo y siguen en la misma tónica que vemos desde el inicio de estos escándalos. Pragmatismo político y, en este caso, electoralista a ultranza. Pero de principios, muy poco, para no decir nada.
Si Santiago sigue siendo Chile, considerando el ensordecedor ruido que producen, entre varios otros, los escándalos que involucran a los exalcaldes y exalcaldesas de la zona metropolitana, ya hace varios años que una de las ciudades del norte del país ha sonado indiscutiblemente de manera continua a nivel nacional. Y no especialmente por buenas razones.
Hace apenas 2 años, la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo (independiente, pero cercana a la UDI), fue condenada a la pena efectiva de cinco años y un día de presidio por el delito de fraude al fisco, tras lo cual huyó del país con destino a Países Bajos. Fue noticia a nivel nacional e internacional. Su condena era supuestamente un símbolo fuerte y una victoria en materia de lucha contra la corrupción. Apenas dos años después, en marzo de 2023, estalló el caso Democracia Viva, que tuvo por epicentro la misma ciudad de Antofagasta, involucrando esta vez al exjefe de gabinete Carlos Contreras, quien acusó a Verónica Serrano, tía del asesor presidencial Miguel Crispi, y a la expareja de Daniel Andrade, la diputada de Revolución Democrática (RD) de la zona, Catalina Pérez. Una concejala en función, igualmente de RD, que pretendía ser candidata a alcaldesa, Paz Fuica, se vio también involucrada.
Uno de los casos que se sigue investigando en Antofagasta concierne a la fundación ProCultura. Aún se están indagando los traspasos por 630 millones de pesos a esa fundación desde el Gobierno Regional de Antofagasta encabezado por el exmilitante RD y hoy (aún) independiente, Ricardo Díaz, para recuperar las fachadas del casco histórico de la capital regional. Aquí se investigan fraude al fisco, apropiación indebida, tráfico de influencias, negociación incompatible y malversación de caudales públicos.
Estando en un año electoral y encontrándonos en pleno corazón del periodo de definición de las candidaturas, sabiendo que el primer deadline es el 10 abril, ya que solo hasta esa fecha el Servel recibirá las candidaturas para primarias, es interesante analizar el comportamiento de los partidos y, aún más, en el caso de Antofagasta, que se encuentra en la zona cero de los casos fundaciones.
Podríamos considerar que son importantes las señales que, en este contexto, se deben entregar a la ciudadanía. Si para estas elecciones se confirma el criterio de que “el que tiene, mantiene”, este iría totalmente a contrapelo de los llamados a la transparencia y probidad que constantemente están levantando el Gobierno y los partidos que lo apoyan. En los hechos, hoy por lo menos son ocho los gobiernos regionales cuestionados por Contraloría en los convenios firmados con diferentes fundaciones, por miles de millones de pesos. Lógica y desafortunadamente, Antofagasta es uno de aquellos.
¿Y qué sucede con el gobernador regional y su ya anunciada voluntad de ir a una reelección? Estos últimos días el medio Timeline, que destapó el caso Fundaciones, señala que las negociaciones siguen vigentes para que Ricardo Díaz firme por el Partido por la Democracia (PPD), en vista que se aplique la regla del “que tiene, mantiene”, evitando de ese modo que ocurran primarias… y que se despeje un poco más el tema ProCultura y el panorama en general.
Varios miembros de la coalición oficialista indican que acá se está realizando un uso instrumental del PPD, en discordancia con el espíritu democrático que se requiere en estas circunstancias. Díaz, además de ser un ex-RD, ganó la elección anterior como independiente por cupo del Partido Progresista (PRO). Por ende, parece ser un nómade político que siempre busca bandera de un partido para participar en elecciones y, siendo esta característica una realidad, no aplicaría la doctrina “del que tiene, mantiene”, ya que en realidad el gobernador actual no tendría legitimidad para ser parte ipso facto de la coalición oficialista. Desde un punto de vista ético, si este principio se aplica como tal, se estarían pasando por alto los diferentes convenios cuestionados por la institucionalidad chilena.
El oficialismo y su afiliados no están dando ningún ejemplo y siguen en la misma tónica que vemos desde el inicio de estos escándalos. Pragmatismo político y, en este caso, electoralista a ultranza. Pero de principios, muy poco, para no decir nada. Todos quieren anunciar candidaturas “seguras” lo más rápido posible. Pero no se distingue ningún envío de señal ética. Desafortunadamente, nada nuevo bajo el sol.
Lo mismo sucede del otro lado de la vereda. Deben recordar que durante el período de la pandemia y el Gobierno de Sebastián Piñera II, la Región de Antofagasta fue una de las principales “sedes” donde se beneficiaron unas empresas inventadas de manera “exprés” o que cambiaron de rubro poco días antes de que se les otorgaran millonarios contratos para suministrar diferentes insumos.
Uno de los nombres que sonó muy fuerte en ese escándalo fue el del empresario Pablo Ormeño, muy cercano al mundo de Renovación Nacional (RN), que también es mencionado en el caso Primus. Hasta el día de hoy, la justicia ha sido muy lenta en la investigación respecto de los contratos a empresas exprés, lo que es muy llamativo, ya que hace varios años que está en curso. Acá las sumas involucradas son millones de dólares. Y eso, por lo demás, se asemeja mucho al caso que aún se está indagando en la Región de Tarapacá, en el cual se menciona a la senadora UDI de esa zona, Luz Ebensperger, cuya defensa estaba a cargo de Luis Hermosilla, quien decidió renunciar al patrocinio y poder conferido por la parlamentaria en la defensa de ese caso referente a la adquisición de cajas de alimentos (con precios abultados) que fueron entregados a la población durante la pandemia.
Por ende, en el caso de Antofagasta, lo que llama aún más la atención es que la senadora RN de la región, Paulina Núñez, quien fue una inquisidora feroz en contra de Karen Rojo en Antofagasta, en diferentes declaraciones públicas esté promoviendo como candidato para la Municipalidad de Calama a un exalcalde RN que está siendo procesado actualmente por la justicia.
La Región de Antofagasta es la que tiene el ingreso per capita más alto del país y, lógicamente, en esta zona se va a encontrar la comuna con los ingresos por habitante más altos del país: Sierra Gorda, una ciudad-pueblo muy poco parecida a Vitacura o a las Condes y con un padrón electoral, según los datos arrojados por la última votación con voto obligatorio, de 1.807 electores inscritos. Eso ha implicado otra característica regional, muy propia a esa zona: un concejal democratacristiano, Mauricio Campillay, ha advertido en varias sesiones del Concejo Municipal de Sierra Gorda el riesgo del acarreo de votos que podría involucrar a un candidato, según los rumores y grabaciones que circulan en redes sociales, “abducido” por RN para esa ciudad, que ha trabajado como asesor jurídico de la senadora Núñez.
También es interesante mencionar los informes de la ONG suiza Responsible Mining Foundation que indican que el sector minero está expuesto a altos riesgos de corrupción. Citando el informe de la OCDE acerca de la corrupción transnacional, dicha ONG señala que uno de cada cinco casos de soborno transnacional ocurre en el sector de las industrias extractivas.
