Opinión
Rodrigo Delgado (que era el superior jerárquico administrativo del DOM) tiene el deber de aclarar a la opinión pública si tenía conocimiento de que tales permisos otorgados por su subordinado adolecían de vicios y por qué se desobedecieron los dictámenes de la Contraloría.
Varios medios de prensa se han referido a los recientes y duros dichos que han empleado Claudio Orrego, candidato a la reelección como gobernador de la Región Metropolitana de Santiago, y Rodrigo Delgado, posible candidato a alcalde de la Municipalidad de Maipú, con ocasión de una serie de programas televisivos que han dado cuenta de lo que sucede actualmente en la comuna de Estación Central, con las decenas de megaedificios en altura conocidos como guetos verticales.
Orrego le enrostra a Delgado que durante su administración como alcalde de Estación Central, él retiró el respectivo Plan Regulador Comunal (PRC) de su tramitación en el Gobierno Regional, con lo cual se posibilitaron las construcciones de estos famosos edificios, ante lo cual Delgado le responde a Orrego que él era el culpable, pues como intendente había autorizado numerosas Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) para dichas estructuras habitacionales. Se debe tener en cuenta que, para el inicio de obras de todo proyecto inmobiliario que considere más de 300 viviendas en esta saturada región, es necesario que su titular disponga de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
A pesar de que en el pasado ya me he referido a este polémico asunto, volvemos a la carga, pues el único culpable en este desaguisado es el funcionario público que, como director de Obras Municipales (DOM), otorga los permisos de edificación, dejándose en claro que para la obtención de este acto administrativo no se requiere tener una RCA favorable. En el año 2013 se otorgaron los primeros permisos ilegales cursados en la comuna de Estación Central por el DOM Armin Seeger, a pesar de que él debía saber que ello no era posible, a la luz de lo que había expresado formalmente en el año 2007 (época en que oficiaba como alcalde Gustavo Hasbún) el jefe de la División de Desarrollo Urbano (DDU), Luis Eduardo Bresciani.
Obviamente, estamos ante una palmaria muestra de desorganización dentro de las instituciones del Estado en materia de regulación urbana y, además, ante una crisis en el ámbito de la justicia, ya que hace tres años algunos particulares denunciamos este asunto en el Juzgado de Garantía respectivo y la fiscal Giovanna Herrera, asignada para investigar lo sucedido, está absolutamente muda.
¿Por qué tuvimos que denunciar? Por la sencilla razón de que los dictámenes vinculantes de la Contraloría General de la República resolvieron que todos los permisos eran contrarios a derecho y que el DOM en funciones, entre otras cosas, debía paralizar las obras de los proyectos y no otorgar recepciones finales a los edificios. A todo esto, Seeger fue reemplazado en el cargo de DOM por María Isabel Gaete y ambos arquitectos desacataron lo resuelto por el ente fiscalizador, sin que a la fecha se conozcan sanciones. Es decir, impunidad total.
En la actualidad el DOM es Juan Hernández y nuestra querella criminal es por el delito de prevaricación administrativa, dejándose en evidencia que los edificios construidos son 80, con inversiones del orden de los US$ 2 mil 500 millones. Todos ellos, menos tres, cuentan con recepciones finales; es decir, la inmensa mayoría de esos edificios está operando. Organizaciones sociales de Estación Central han exigido que se demuelan las torres, tal como está contemplado en los artículos 148° y 157° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), lo que no ha prosperado porque en Chile “la ley se cumple en la medida de lo posible”.
Como en los países civilizados tiene vigencia el criterio jurídico “a igual razón, igual derecho”, el mismo día viernes 5 de abril le informamos a la Contraloría la curiosa situación de que solo tres edificios no dispongan de la recepción final, pues el Estado, bajo ninguna circunstancia, puede discriminar negativamente en contra de esos pocos edificios y, en tal sentido, Rodrigo Delgado (que era el superior jerárquico administrativo del DOM) tiene el deber de aclarar a la opinión pública si tenía conocimiento de que tales permisos otorgados por su subordinado adolecían de vicios y por qué se desobedecieron los dictámenes de la Contraloría. Si no lo hace en estos días, entendemos que lo hará próximamente, cuando la fiscal Herrera decida, aunque tardíamente, investigar el desarrollo de los hechos.
Por último, dada la injustificada dilación en investigarse este vergonzoso episodio, le formulamos un llamado al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, para que explique si su organismo autónomo, cuya función es dirigir las investigaciones de los delitos, tiene interés en combatir la corrupción.
