Opinión
Creemos firmemente que los potenciales impactos de las obras deben evaluarse en especial en medio de la crisis climática, pero esos procesos no deben perder de vista que la economía requiere estabilidad también en las próximas tres décadas y más.
En 1994 comenzó a regir la Ley 19.300, que estableció un conjunto de disposiciones que buscan garantizar el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación ambiental y la protección de la naturaleza en nuestro país.
A lo largo de tres décadas algunos de los principales avances corresponden a la implementación de una amplia institucionalidad a través de la creación del Ministerio del Medio Ambiente, de una superintendencia que regula al sector y la puesta en marcha del Servicio de Evaluación Ambiental, entre otros hitos, la que tiene como objetivo analizar los posibles impactos que generarán los proyectos de inversión.
En este periodo se han evaluado obras tan relevantes como hospitales, aeropuertos, centros penitenciarios o autopistas, por mencionar algunas iniciativas fundamentales que han contribuido a generar calidad de vida para las comunidades y que han sido impulsadas por una alianza público-privada, que ha posicionado a la infraestructura nacional en puestos privilegiados en América Latina.
Este sistema de evaluación hoy presenta desafíos y hay reformas en curso, enfocadas en la participación ciudadana y la disminución de los tiempos de tramitación de iniciativas, que pueden tomar años en ponerse en marcha.
Creemos firmemente que los potenciales impactos de las obras deben evaluarse en especial en medio de la crisis climática, pero esos procesos no deben perder de vista que la economía requiere estabilidad también en las próximas tres décadas y más. Por eso, resulta relevante agilizar las autorizaciones, además de racionalizar las exigencias que hacen instituciones.
Recordemos que cuidar el medio ambiente implica que las comunidades puedan, por ejemplo, tener acceso a agua que puede ser desalada; mitigar el cuantioso déficit habitacional con proyectos inmobiliarios sustentables o tener conectividad a través de servicios de trenes y autopistas que disminuyan los tiempos de viaje y contaminen menos.
Sabemos que Chile tiene metas como la descarbonización y debe contribuir a enfrentar la triple crisis: del clima, pérdida de la biodiversidad y contaminación ambiental. En ese escenario, el sector privado también contribuye con su creatividad y tecnología en proyectos de inversión que cumplen los estándares. El desafío de todos es la protección del medio ambiente, pero no debemos olvidar que al mismo tiempo debemos hacer crecer nuestra economía en forma sostenible; que el desarrollo se instale, dejando de ser un anhelo.
