El magistrado, en una extensa resolución dictada este jueves, rechazó la petición de revocar los procesamientos que pesan en contra de Marco Antonio Pinochet Hiriart y su esposa, María Soledad Olave, afirmando que las conductas ilícitas que se les imputan son conexas a los delitos que habría cometido el general (r), en materia tributaria.
El ministro de fuero Carlos Cerda, a cargo del denominado caso Riggs, defendió las atribuciones que le otorgó la Corte Suprema al designarlo para aclarar todos los posibles delitos cometidos por Augusto Pinochet y su entorno cercano, en el ocultamiento de su millonaria fortuna en el extranjero.
Lejos de ceder en las decisiones de fondo adoptadas en el proceso -tras el pronunciamiento de la Quinta Sala que revocó los procesamientos en contra de la cónyuge y una de las hijas del general (r), María Verónica-, el juez del llamado caso Riggs fundamentó todas las actuaciones que ha llevado a cabo, al rechazar nuevas peticiones por parte de otros integrantes de la familia Pinochet Hiriart.
En una extensa resolución, el magistrado objetó las presentaciones de las defensas de Marco Antonio Pinochet y su esposa María Soledad Olave, las cuales solicitaron dejar sin efecto los cargos que existen contra ellos.
El hijo menor de los varones del ex comandante en jefe, el 19 de agosto de 2005, fue procesado como cómplice de la evasión tributaria que se le imputa a su padre, por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII). En tanto, el pasado mes de enero fue procesado junto a su esposa como autores de delito presentación de declaraciones de renta maliciosamente incompletas, por un monto total de más de 128 millones de pesos.
"Asiste a este tribunal plena competencia para conocer de todos y cada uno de los comportamientos sobre los que ha emitido pronunciamiento, así como para llevar a efecto todas y cada una de las actuaciones que han dado forma al sumario, pues de conformidad a los artículos 1, 10, 50 y 108 del Código Orgánico de Tribunales (COT), además de la Constitución Política de la República, se encuentran inexcusablemente a cargo de un negocio que la Ley, primeramente, y la Excma. Corte Suprema, luego, han colocado dentro de la esfera de sus atribuciones», sostuvo Cerda en la resolución.
Origen de la fortuna
Al pronunciarse al respecto, el magistrado comenzó recordando el contexto en que se originó este caso, a partir de las informaciones provenientes de la Cámara Alta de los Estados Unidos, explicando que «desde los albores de esta investigación comenzó a vislumbrarse los lazos que podía haber entre los entonces querellados (Augusto Pinochet y su ex albacea Óscar Aitken) y todos los actuales procesados, entre los cuales se encuentran Marco Antonio Pinochet y María Soledad Olave».
Asimismo, recordó que el 19 de agosto de 2005 el SII amplió la querella original dirigiéndola contra el mencionado hijo de Pinochet y su madre, Lucía Hiriart. Marco Antonio «se concertó con su padre y le colaboró en el ocultamiento de parte de su patrimonio, con el fin de evadir impuestos».
«La querella manifiesta que el SII arriba a esa conclusión luego del análisis de las cuentas corrientes bipersonales y de fideicomisos a nombre tanto de Marco Antonio Pinochet, como de su cónyuge María Soledad Olave, con Ramón Ugarte (una de las chapas de Augusto Pinochet Ugarte)», añade el juez en su exposición.
Junto a ello, sostuvo que el mencionado vástago del general (r) se encuentra confeso de haber sido el propietario de la sociedad «offshore» Meritor Investment Limited, cuyos capitales eran de su padre, cuya identidad ocultó con esa «maniobra».
Autores de delito tributario
Por otra parte, Carlos Cerda enumeró todos los antecedentes que existen para establecer que el mencionado matrimonio es autor de evasión tributaria, en la medida que no declararon sus ingresos por concepto de utilidades de inversiones en el exterior, a lo cual se suma que tampoco lo hicieron en el país donde estaban aquellos dineros, Estados Unidos.
«Marco Antonio Pinochet efectuó, en el período comprendido entre los años tributarios 1997 y 2.005, inversiones que exceden en más de 400 millones de pesos los ingresos que declaró como contribuyente», afirmó el magistrado, añadiendo que en el caso de las inversiones mantenidas a nombre de ambos cónyuges, dicha cifra de calculó en 90 millones de pesos.
Ante esos, el SII calculó el perjuicio fiscal de estas conductas en $ 128.170.684, por parte de Marco Antonio y de 35 millones de pesos, en el caso de su mujer.
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