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Para dónde va Ramiro Mendoza

El nuevo rol del fiscalizador 2.0, se dejó sentir ayer en su cuenta pública. Recomendaciones para aplicar multas a quienes no presenten a tiempo su declaración de intereses; que los salientes de cargos den a conocer su patrimonio y la publicación de todos los informes finales sobre anomalías de Arica a Magallanes, son parte de la batería de anuncios que revelan la voluntad de ejercer en plenitud el poder de supervigilar los actos de la Administración.


A poco más de un año de haber asumido como Contralor General de la República, Ramiro Mendoza está satisfecho con su gestión, lo que queda de manifiesto en la cuenta pública que entregó ayer ante autoridades del Estado en 207 páginas.



Pero quedan cuestiones pendientes y está claro que los tres ejes en los que se centró ayer su discurso -probidad, transparencia y acceso a la información pública-, pueden darle algún futuro dolor de cabeza al Gobierno.



Por esta razón, Mendoza no escatimó recursos para la redacción ni la puesta en escena ante los altos funcionarios que asistieron al acto, como el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, el secretario general de Gobierno, Francisco Vidal, entre otros, cuando señaló: "La corrupción es una nueva forma de violación inaceptable de los derechos fundamentales y por ello el Estado de Derecho tiene que fomentar la existencia de mecanismos de control, que garanticen el imperio de la ley".



Y es que a poco de asumir, en abril del año pasado, entró con todo contra las anomalías, irregularidades y algunos casos corrupción en entidades públicas. En febrero 2008, en pleno período de preparación de las elecciones municipales, se puso en el ojo del huracán con un duro informe en contra del Ministerio de Educación, que llevó a la renuncia y suspensión del seremi del ramo, Alejandro Traverso y la destitución -por la vía de la Acusación
Constitucional- de Yasna Provoste.



Se suma a eso el informe sobre Gendarmería -que tiene querellado al actual embajador en España, Osvaldo Puccio-, y los duros documentos contra la administración de Luis Ajenjo en Ferrocarriles, que fueron sumándole más de un enemigo declarado en el Ejecutivo.



Los reclamos de pasillo, que iban desde que era de derecha hasta las quejas internas sobre la falta de oportunidad en su nombramiento, fueron recurrentes durante las crisis del Mineduc. Y le dejaron más de alguna magulladura política al actual secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, uno de los que lo propuso para el cargo.



Incluso se llegó a señalar, tanto en el PS como en la DC, que se podría evaluar una Acusación Constitucional contra Mendoza, lo que finalmente no llegó a ser más que una de esas tradicionales bravuconadas con las que se intenta ganar poder y terreno de forma momentánea.



Con toda la "espalda" de funcionario independiente de la institución con mayor credibilidad entre la ciudadanía, se instaló con un poder político hasta ahora desconocido en la entidad, generando un nuevo escenario al usar en pleno las facultades para poner en jaque a la Administración.



Célebres fueron los dichos del propio Francisco Vidal en torno a culpar a la Contraloría de las filtraciones de sus resoluciones, y sus quejas porque el pre-informe sobre las irregularidades en la secretaría de Educación se publicó en la web.



En esa línea, lo que más ha molestado a las autoridades, ha sido la publicidad de las actuaciones de la Contraloría. Sin embargo, con esto lo único que hace es cumplir con uno de los compromisos de la presidenta Michelle Bachelet en orden a transparentar los actos del Estado.



Recado público y notorio



Por esta razón, durante su cuenta pública no dejó la oportunidad de pasar un mensaje al gobierno, así como también al parlamento, respecto de las leyes que hay que afinar para una mejor gestión del aparataje estatal, poniendo acento en los vacíos legales que lo permiten.



Entre algunos que destacó, por ejemplo, está la multa a quienes no presenten a tiempo su declaración de intereses, "donde se advierte un vacío legal". Y que las autoridades al momento de abandonar sus cargos hagan un informe de su patrimonio, como señal de transparencia.



"Los integrantes de la Administración del Estado no podemos olvidar que en la actualidad la Constitución Política impone estándares más rigurosos en esta materia, en términos tales que no sólo debemos permitir el acceso a la documentación del Estado, sino que es un deber también el promover el conocimiento del contenido de sus actos y resoluciones, así como el fundamento de los mismos y el procedimiento que ha seguido la Administración para adoptar sus decisiones", dijo Mendoza.



Otro sugerencia recae sobre la falta de debido proceso en los mecanismos sumariales de la Policía de Investigaciones. Eso, a partir de un dictamen de hace algunos meses que ordenó reintegrar a dos funcionarios debido a que hubo anomalías en la tramitación de sumarios en su contra.



Todos saben



Mendoza aprovechó también de anunciar las novedades que pondrá en ejercicio la institución que dirige. Por ejemplo, todas las contralorías regionales harán la agenda del contralor de carácter público, tal como sucede en Santiago (674 en un año), como forma de evitar las presiones o "recomendaciones".



"Estamos convencidos de que por esta vía acercamos nuestros actos a los ciudadanos y generamos un verdadero debido proceso social, rompiendo con la cultura del secretismo y del amiguismo que tanto daño hace al funcionamiento sano de la Administración", insistió.



Por último indicó que en las próximas semanas se subirán a la página web -sin duda el "chiche" de Mendoza- todos los informes finales de las unidades de Vivienda, Obras Públicas, Transporte y el de todas las contralorías regionales.





Vea documento de cuenta pública
(En formato PDF)

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