El 22 de junio el diputado UDI Gustavo Hasbún fue invitado a una reunión con María Luisa Brahm. En la cita reservada la jefa del equipo asesor del Presidente, junto a dos profesionales más, entregó al parlamentario una carpeta que contenía un texto detallado sobre el programa de subvenciones presidenciales de la era Bachelet; los totales de los montos asignados a ONG en los dos últimos gobiernos de la Concertación; un informe sobre transparencia de las ONG “para la prensa” y una tabla acerca de la evolución de las subvenciones. En el dossier se destacan “entidades emblemáticas” para ser fiscalizadas: las fundaciones Salvador Allende y Eduardo Frei.
A mediados de junio el diputado UDI Gustavo Hasbún, quien ya había dado señales públicas de abocar su gestión a la fiscalización, habría recibido una llamada del asesor del segundo piso de La Moneda, José Miguel Izquierdo. La idea, según fuentes gremialistas que se enteraron de este episodio, era invitarlo a una reunión a Palacio para el martes 22 de ese mes. En la cita lo esperaban la jefa del segundo piso de Piñera, María Luisa Brahm, el propio Izquierdo, además de otro funcionario del equipo.
Allí -según la versión de tres personeros oficialistas consultados por separado- a Hasbún se le habría planteado que cumplía con el perfil de diputado fiscalizador y que La Moneda estaba conforme con su desempeño hasta ese momento ya que se le había hecho un seguimiento al rol público que estaba jugando. El interés del Segundo Piso por perfilar al parlamentario, aseguran en La Moneda, se debe a que, “guste o no”, Hasbún ha sido uno de los pocos diputados capaces de enfrentar la alta popularidad de la ex Presidenta Michelle Bachelet, pese a que en su propio sector es cuestionada la forma como enfrenta algunos temas.
En la reunión que se efectuó con la máxima discreción se le habría solicitado a Hasbún que tomara en sus manos la fiscalización de temas directamente vinculados con la pasada administración concertacionista. Aunque en el entorno del diputado niegan que esta tarea esté centrada en Bachelet, reconocen que el “tema político de fondo” es exponer los puntos negros de la gestión y figura de la ex Mandataria.
[cita]En el entorno de Hasbún reconocen que el “tema político de fondo” es exponer los puntos negros de la gestión y figura de la ex Mandataria.[/cita]
En la cita, mientras Hasbún tomaba un café con galletas, según las fuentes consultadas, le entregaron un dossier con documentación sobre las Organizaciones No Gubernamentales que recibieron fondos de la administración Bachelet. Tema por el cual, el 6 de julio pasado, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora.
La carpeta contenía entre otras cosas un texto detallado sobre el programa de subvenciones presidenciales; los totales de los montos asignados a estos organismo por los dos últimos gobiernos de la Concertación; un informe sobre transparencia de las ONGs “para la prensa”; una tabla acerca de la evolución de las subvenciones; y, entre otras cosas, se destacan algunas “entidades emblemáticas” como las fundaciones políticas que reciben aportes del gobierno, como las fundaciones Salvador Allende y Eduardo Frei.
Ésta no habría sido la primera vez que desde el gobierno se le entrega información al diputado para desarrollar de mejor manera su labor fiscalizadora. Días antes de la reunión con representantes del Segundo Piso, también habría recibido documentación de la Segpres. Cosa que fuentes del ministerio niegan tajantemente.
Aunque la Concertación le atribuye al Presidente Sebastián Piñera toda la responsabilidad por la andanada fiscalizadora de la gestión de Michelle Bachelet, a la que decidieron abocarse las bancadas oficialistas, desde el gobierno se han esmerado por establecer que la actual administración no la ha incitado, ni mucho menos promovido. Al punto que, haciéndose cargo de los rumores al respecto, el senador gremialista Hernán Larraín aseguró que el Mandatario “no ha dado instrucciones (para la fiscalización), como se ha dicho malamente” y que, por el contrario, la Cámara de Diputados tiene “la obligación moral y constitucional de hacerlo”.
En las bancadas oficialistas descartan que el jefe de Estado esté detrás de la ofensiva que se ha gestado en contra de la ex Presidenta Bachelet. Usan como argumento que en la polémica reunión de Piñera con los diputados de su sector, la semana pasada en Cerro Castillo, “nunca se mencionó nada acerca de fiscalizar, hasta que (Frank) Sauerbaum preguntó, cuando la reunión estaba terminando, si se podía fiscalizar a Bachelet”.
[cita]Piñera habría señalado a los diputados que la información sobre organismos susceptibles de ser fiscalizados es pública y que los que quisieran hacerlo podían coordinarse con María Luisa Brahm.[/cita]
Según fuentes que estuvieron en la cita, el Mandatario le habría respondido que esa es una prerrogativa de la Cámara de Diputados y que si lo hacían debería ser con seriedad y con antecedentes, no de manera irresponsable. “Lo que dijo derechamente es que no quería acusaciones sin fundamentos”, explica uno de los presentes en el almuerzo.
Además, Piñera les habría señalado que toda la información sobre organismos susceptibles de ser fiscalizados es pública. Acto seguido también habría señalado que los que quisieran abocarse a las fiscalizaciones podían coordinarse con María Luisa Brahm. “Eso es todo lo que se dijo de fiscalización”, dice uno de los presentes, que además subraya que si no hubiera sido por la pregunta de Sauerbaum, el tema no se hubiera abordado. La mayoría de sus pares responsabiliza al diputado de RN de haber dejado al Presidente en una posición incómoda que nunca buscó.
En ese encuentro el tema de fondo, coinciden varios de los parlamentarios invitados, fue el Bicentenario y las carpetas que se entregaron contenían un power point y documentación sobre el tema.
En la Concertación le dan a estos hechos una lectura que les parece “obvia”. Un parlamentario opositor sostiene que la ofensiva en contra de Bachelet estaría ligada a la situación que el Mandatario enfrenta en las encuestas. Donde, pese a los esfuerzos, no ha logrado subir el apoyo ciudadano “que siempre es más bajo que el de su gobierno. Eso no debe gustarle”.
Tal como sospechan en la Concertación, las ONG son sólo el principio. El oficialismo prepara fiscalizaciones a otros servicios. A algunos de ellos la derecha los tiene en la mira hace años y ahora les llegó el momento. En este escenario, fuentes del oficialismo reconocen que el Servicio Médico Legal es otro de los organismos que están en la lista de los fiscalizadores.
