El caso Atala, donde a una madre se le quitó la tuición de sus hijos por ser lesbiana, deja en evidencia la debilidad que tiene el Estado de Chile, para garantizar el derecho a la no discriminación de sus ciudadanos y no sólo por su orientación sexual. Contesse explica por qué se produce esto y qué consecuencias podría traer para Chile, un país que intenta ser referente mundial en DD.HH., al postular a la vicepresidencia de dicho consejo de la ONU.
El Estado de Chile quedará obligado a acatar lo que diga la Corte Interamericana de DD.HH., ubicada en Costa Rica, tras ser demandado por la Comisión de Derechos Humanos (CIDH), por no seguir sus recomendaciones frente al caso de la jueza Karen Atala, a quien se le quitó la custodia de sus hijos por ser lesbiana.
Pese a que aún no se habla del monto de reparación que el Estado deberá pagar a Atala, uno de sus abogados, Jorge Contesse, asegura que el cálculo se hará pericialmente durante los próximos meses y puntualiza que el objetivo principal de la demanda, es que se produzcan cambios a nivel legislativo y de políticas públicas en nuestro país, para que se le garantice a los chilenos la no discriminación. Porque, como asegura el abogado, Chile está muy atrasado en esta materia respecto a otros países de la región y la discriminación en nuestro territorio se da en todos los organismos e instituciones del Estado, afectando a personas con orientación sexual diversa, con opciones religiosas diferentes, a los pueblos originarios e incluso a los extranjeros.
El abogado Jorge Contesee es director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y posee un master en derecho de la Universidad de Yale. Contesse, en el caso de Karen Atala, trabaja junto a los abogados Iván Harasic, de Libertades Públicas, y Helena Olea, de Corporación Humanas. Ha focalizado su carrera sobre el tema de derechos humanos y ha sido consultor investigador de grandes organismos internacionales como Human Rights Watch, el International Council on Human Rigthts Policy y el Centro de Estudios de Justicia para las Américas.
-¿Por qué se produce un caso como este en Chile? ¿Existen vacíos legales?
–En mi opinión no hay necesariamente vacíos a nivel de la legislación. El vacío radica específicamente, en una interpretación que se hizo en un momento, por parte de la Corte Suprema, no de otros tribunales, entendiendo que el lesbianismo era una causa calificada que autorizaba quitar la tuición a una madre. La regla general es que la madre tiene el cuidado de los hijos cuando viven separados los padres. Los jueces que suelen ser muy apegados a lo que dicen las normas, en este caso interpretaron que el lesbianismo era una causa calificada para quitar la tuición y entregársela al padre. En consecuencia dar lugar a la excepción de la regla.
-¿Qué se debe hacer para impedir que se repita este caso?
-Por ejemplo, que se estableciera que a nivel de la administración del Estado, que la orientación sexual es una categoría no aceptada para la discriminación. Y en consecuencia todas las agencias del Estado, todos los organismos, ministerios, intendencias, las gobernaciones, incorporen una perspectiva de género en sentido amplio, no sólo respecto de los derechos de las mujeres, sino que también de las personas de orientación sexual diversa.
[cita] Karen entiende que su caso trasciende su interés particular y tiene implicancia no sólo para otras mujeres lesbianas en Chile, sino que en la Región. El mundo entero está mirando este caso. [/cita]
-Más allá de este caso, que es judicial ¿se produce discriminación de este tipo en otros órganos del Estado?
-En el informe anual sobre DD.HH. hemos documentado que efectivamente hay situaciones de discriminación, por ejemplo, en el Servicio Médico Legal, respecto a las personas transexuales, tenemos un caso que ganamos en la Corte Suprema de cambio de nombre y se han documentado situaciones de acoso por parte de Carabineros, en contra de personas de orientación sexual diversa.
Si te fijas, la discriminación está repartida socialmente, no sólo radica en la Corte Suprema, sino también en otros organismos, como Carabineros de Chile. Ahí se requieren programas de capacitación, políticas públicas de inclusión social.
-De las recomendaciones que hizo la CIDH ¿Cuáles tomó en cuenta en Estado de Chile?
-El gobierno puede tener razón cuando dice “nosotros estamos trabajando”, pero ellos como representantes del Estado tienen que hacerse cargo de la falta de voluntad que el Estado chileno ha mostrado desde que se inició este caso el 2004. Lo que pasa es que la recomendación no es que se haga una mesa de diálogo. Y si no hay resultados, por mucho que se constituya una mesa de trabajo, desde el punto de vista de implementación de recomendaciones es insuficiente. La Comisión necesita que el Estado le diga ‘se aprobó esta ley y entró en vigencia’, pero anunciar que se va a presentar un proyecto de ley a esta altura del caso, no sirve.
-El gobierno puede presentar un proyecto de ley, pero finalmente es el parlamento quien la aprueba ¿Qué pasa si el proyecto de ley es rechazado?
-Como se trata de que es el Estado unitariamente el que responde a nivel internacional, no es una respuesta satisfactoria el decir “yo he intentado, pero el parlamento no quiere aprobar la ley”. Menos en el contexto de un país como Chile, hiper presidencialista, en el cual el Presidente tiene mucho poder sobre la agenda legislativa. Pero aún así, si el parlamento no aprueba un proyecto de ley que ha sido presentado por el ejecutivo, desde el punto de vista de la Comisión, el Estado de Chile sigue en falta. Chile ante la comunidad internacional es sólo uno.
-En caso de que la Corte Interamericana de DD.HH. dictamine que el Estado de Chile debe hacer cambios en su legislación y políticas públicas, hoy nos encontramos en un gobierno de derecha, tradicionalmente más conservador ¿Le preocupa que esto sea un impedimento para implementar los cambios solicitados?
–Sí… pero hay que decirlo, los gobiernos anteriores, que frente al actual, serían gobiernos llamados progresistas, no tuvieron la capacidad ni la voluntad de avanzar en estos temas, desde el punto de vista del caso de Karen Atala. Entonces la verdad, es que a esta altura se diluye de alguna manera el hecho de que sea un gobierno de derecha, porque la experiencia con los gobiernos de centro izquierda… No fue la que uno habría esperado, siendo que se trata de líderes y personas que dicen abrazar estas causas.
Este gobierno en su campaña electoral, se manifestó a favor de la inclusión social de personas de orientación sexual diversa. Basta recordar la franja presidencial… Ahora vendrá el momento de llevar a la práctica las promesas electorales.
-¿Qué pasa si el Estado no acata lo que dictamine la Corte Interamericana de DD.HH.?
-Aquí no existe una policía internacional que coaccione al Estado, pero sí se moviliza la vergüenza y es muy poderosa, por el hecho de que Chile quiere ser referente mundial en estos temas y busca la vicepresidencia del consejo de DD.HH. de las Naciones Unidas.
Por lo tanto, si incumple una sentencia emanada de un tribunal internacional, simplemente es un país que no tiene la altura para asumir desafíos globales en materia de protección de DD.HH. y desde luego, un país que seguirá siendo apuntado con el dedo por sus pares.
-Chile en general ¿es respetuosos de los tratados internaciones frente a temas de DDHH?
–Si uno examina con mucho cuidado, prácticamente no hay ningún país que no viole alguna convención internacional. Ahora, en el caso de Chile son varias las situaciones que lo ponen en falta con la comunidad internacional y lo que es importante, es que estas situaciones han sido representadas por organismos locales e internacionales, es decir, desde hace años se le ha dicho a Chile que se están vulnerando derechos fundamentales, respecto a determinadas situaciones y grupos.
-¿Qué situaciones y qué grupos son los que están siendo afectados por la discriminación?
-Las personas de orientación sexual diversa, las mujeres con el régimen de sociedad conyugal, que vulnera su autonomía… Pero el caso más emblemático hoy, sin duda es el de los mapuches, el uso de la Ley Antiterrorista que no pasa el test de los estándares internacionales, por las afectaciones al debido proceso que tiene. También la justicia militar existente en Chile, que tiene una competencia extremadamente amplia.
-¿Es normal que tengamos tantas demandas internacionales?
-Para ir a la comisión interamericana tengo que haber acotado todas las instancias procesales a nivel doméstico y en consecuencia, cuando son muchas las demandas eso te indica que a nivel interno los países no están proveyendo de instrumentos judiciales para poder garantizar y tutelar los derechos de las personas.
-¿Este caso ha suscitado interés internacional?
-En febrero próximo se va a realizar una conferencia en Miami, regional de todas las Américas, para discutir temas de sexualidad, de género y DD.HH., dentro de lo cual, uno de los temas a tratar es el caso Atala. Es un caso que se discute, que se va a analizar profundamente, y que activistas y académicos van a estar siguiendo. Este es un caso que tiene interés público por sí solo. Karen entiende que su caso trasciende su interés particular y tiene implicancia no sólo para otras mujeres lesbianas en Chile, sino que en la Región. El mundo entero está mirando este caso.
