La baja asistencia asociada a las movilizaciones ha provocado una baja importante en la entrega de recursos a las corporaciones municipales. Y pese a que ediles de oposición solicitaron al Presidente Sebastián Piñera hace varias semanas que se aprobara una ley express que permitiera salvar la situación, hasta el momento no hay respuesta ni señales de que se elabore un plan de emergencia. Por ello los ediles entablarán acciones legales contra el Estado.
El 29 de septiembre pasado el alcalde de Punta Arenas, Vladimiro Mimica, recibió una noticia que confirmó sus peores sospechas: el Ministerio de Educación no tomaría medidas especiales para paliar la crisis financiera que enfrentará la educación pública a raíz de la dramática baja de recursos por el no pago de las subvenciones a los colegios municipales debido a la baja asistencia en medio de las movilizaciones.
La confirmación vino de la mano de un correo electrónico firmado por el jefe regional de la Unidad de Subvenciones de la Seremi de Magallanes, Eliecer Bahamondes, que respondiendo a una consulta de la Corporación Municipal sobre el proceso de declaración de asistencia escolar del mes de septiembre, señalaba que se debían “declarar las asistencias efectivas de los establecimientos, dado que ya no es posible acceder a la solicitud de recuperación de clases por los días no trabajados, ya que estos llegaron a su límite que es el 15 de enero del año 2012, fecha en la cual concluye efectivamente el año escolar 2011”.
Lo que se traduce en que los colegios de Magallanes tendrán un descuento por el concepto de subvenciones escolares de 660 millones de pesos de aquí a diciembre. Esto porque tal como explica Mimica, “este mes empezaron los descuentos. Ya nos descontaron 60 millones, el próximo mes serán 200 millones y en diciembre nos descontarán 400 millones. Vale decir podemos pagar sueldos y previsiones de profesores y asistentes hasta octubre pero en estas condiciones no pagamos ni noviembre ni diciembre”.
La crítica situación no afecta sólo a Magallanes. El lunes pasado, el presidente de la comisión de educación de la asociación de municipios, Johnny Carrasco, convocó a una reunión a casi una veintena de alcaldes de oposición que enfrentan mermas en los recursos ligados a la subvención escolar y que ven con preocupación lo que se viene. Por ello decidieron presentar un recurso ante la Corte de Apelaciones para que delimite las responsabilidades ministeriales en torno al traspaso de las subvenciones escolares a los municipios.
[cita]Al negro escenario que varios municipios enfrentan, como Antofagasta, San Joaquín o Pedro Aguirre Cerda, se suma el déficit histórico de recursos para la educación. Según el alcalde de Pudahuel “la educación municipal a nivel nacional ya venía con una deuda de arrastre de 180 mil millones de pesos al año -que son los fondos traspasados por los municipios para cubrir los gastos reales de las escuelas- lo que se acentúa con el actual conflicto”.[/cita]
Carrasco explica que durante una reunión hace un mes con el Presidente Sebastián Piñera, se le solicitó que enviara una ley express relacionada con las subvenciones para permitir que los colegios que enfrentan más de 30 días de conflicto puedan obtener la última subvención otorgada con asistencia “normal”.
Pese a la compleja situación “aún no hay respuesta por parte del Gobierno, por lo que demandaremos al Estado”, explica Carrasco. Para ello ya empezó a circular un instructivo que señala que cada alcalde de oposición presente hoy, lunes 17 de octubre, un recurso ante la Corte de Apelaciones respectiva.
Paradojalmente la semana pasada el proyecto de ley que aumenta la subvención escolar preferencial quedó listo para su promulgación. Para los alcaldes esto no es suficiente, menos en medio de lo que podría convertirse en una crisis de proporciones para la educación pública.
Mimica señala que la decisión de tomar cartas en el asunto sólo requiere voluntad por parte del gobierno, ya que anteriormente “el ministerio de Educación hizo un reconocimiento administrativo cuando intentó adelantar las vacaciones de invierno diciendo que se trataba de fuerza mayor. Fuerza mayor significa que es una situación irregular, y el gobierno reconoce que se da al estar paralizadas las actividades escolares, entonces ¿cómo nos van a pagar la subvención tomando como precedente la asistencia de los alumnos a los colegios si hay un hecho de fuerza mayor que provocará graves consecuencias?”.
Tras el encuentro, Carrasco informó de la situación al presidente de la Asociación de Municipalidades y alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, que está gestionando una reunión con el ministro de Educación, Felipe Bulnes.
Pese a que este medio consultó al Mineduc, no hubo respuesta.
Al negro escenario que varios municipios enfrentan, como Antofagasta, San Joaquín o Pedro Aguirre Cerda, se suma el déficit histórico de recursos para la educación. Según el alcalde de Pudahuel “la educación municipal a nivel nacional ya venía con una deuda de arrastre de 180 mil millones de pesos al año -que son los fondos traspasados por los municipios para cubrir los gastos reales de las escuelas- lo que se acentúa con el actual conflicto”.
Actualmente no existe una cifra sobre los recursos totales que se perderán asociados a la subvención escolar, pero se espera que esté claro en las próximas semanas.
Otro problema que enfrentan los colegios municipales es que ya empiezan los procesos de matrícula “y todo indica que el 38% de los estudiantes que aún tiene la educación pública bajará rotundamente”, asegura Carrasco.
“Vislumbramos que si nos baja la matrícula a menos del 38% que tenemos, y tenemos gastos fijos, una gran mayoría de los municipios entrará en una debacle impredecible”, agrega Carrasco. Lo que redundará entre otras cosas en el cierre y fusión de establecimientos.
Además, el edil anticipa que esto podría provocar que varios alcaldes enfrenten acusaciones por “notable abandono de deberes y seamos destituidos por no pagar sueldos de profesores y asistentes de educación.
Por ello y en vista de la complicada situación que afecta tanto a municipios oficialistas como de oposición, hay alcaldes aliancistas que se están sumando a las presiones para impulsar una ley express “que nos permita recibir los dineros que ya existen y que están contabilizados dentro del presupuesto anual”, recalca Carrasco.
