Voto clave de la oposición para resolver sobre el libelo contra Beyer
«He llegado a la conclusión que las autoridades de gobierno tienen que tener cierta flexibilidad para poder actuar y sólo ser acusados constitucionalmente cuando sus faltas son flagrantes y con efectos graves, y no sólo porque un grupo de ciudadanos considera que no se han satisfecho sus expectativas personales», dijo el parlamentario.
El senador DC Hosain Sabag mantuvo en suspenso su decisión de respaldar o no la acusación constitucional contra el suspendido ministro de Educación, Harald Beyer, durante su intervención en la sala de la Corporación que emitirá su pronunciamiento sobre el líbelo contra el secretario de Estado.
El legislador mantuvo la posición que había planteado el martes último en cuanto a que esta decisión la tomaría «en conciencia» y sin órdenes de partido.
En la oportunidad, manifestó que dar luz verde a la acusación contra Beyer sería «inútil» y además desproporcionado a las faltas de las que se le acusa, y que atribuye sólo a su falta de pericia política.
«He llegado a la conclusión que las autoridades de gobierno tienen que tener cierta flexibilidad para poder actuar y sólo ser acusados constitucionalmente cuando sus faltas son flagrantes y con efectos graves, y no sólo porque un grupo de ciudadanos considera que no se han satisfecho sus expectativas personales».
Sostuvo también que con la destitución del secretario de Estado no se resuelve la problemática del lucro, en la educación que si bien es ilegal, existe en la legislación una serie de vacíos que permiten que siga existiendo.
Al hacer un análisis de la acusación, dijo que las contradictorias declaraciones del secretario de Estado que probarían su falta de probidad, «se explicarían por su falta de experiencia. Otra cosa es determinar si la gravedad de esta falta amerita una sanción tan severa como la destitución».
En cuanto al segundo capítulo, donde se le acusa de no ejecutar las leyes relativas al funcionamiento de la educación superior, «es posible aceptar la explicación de la buena fe, y por el contrario, resulta imposible comprobar que se ha actuado con una mala intención, pero es evidente que hay un margen de duda. El titular del servicio es responsable de lo que hacen sus subalternos, pero esa es una responsabilidad política, no administrativa ni mucho menos judicial y la acusacion constitucional no es política, al menos en lo que prescribe la Constitución».
Por último, dijo que la tercera acusación, relativa a que eyer no fiscalzço a las universidades con fines de lucro, «sí aparece como la más plausible de las que se han presentado. De todos modos restulta curioso que no se haya acusado a los ministros anteriores por no cumplir las leyes ni haber tomado la iniciativa para que se legislara sobre los resquicioso ya ampliamente conocidos por todos, y que se haga ahora, cuando el tema del lucro en la educación vuelve a tomar fuerza por la cercanía de las elecciones».
