Estados Unidos se mantiene alerta ante los acontecimientos
Impactantes imágenes de la entrada del Palacio Tiradentes (Río de Janeiro) en llamas han recorrido rápidamente el mundo entero. Cerca de 250 mil manifestantes salieron el lunes a protestar primero en contra del gasto público en magnos eventos deportivos -como el Mundial 2014- y el alza en el valor del transporte. Sin embargo, las demandas han mutado hacia mejoras en la educación y la salud, y el fin a la corrupción. En tanto Dilma Rousseff ha optado por rescatar el «valor democrático» de las movilizaciones.
Los manifestantes en Brasil están en pie de guerra. Este lunes, cerca de 250 mil personas, en decenas de ciudades, salieron a la calle para manifestarse en contra del dispendio que ha supuesto para el gobierno de ese país la organización de una serie de magnos eventos deportivos, entre los que se encuentra el Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. Otros temas que tienen disconformes a los brasileros es el aumento de las tarifas del transporte público (de US$1,5 a US$1,6), demandas por una mejor educación y salud pública, el fin de la corrupción y la represión policial que se ha visto durante protestas anteriores. Las marchas comenzaron la semana pasada en Sao Paulo y ya hay varios que denominan a los manifestantes como los «indignados» brasileros.
Pero las protestas estuvieron acompañadas de violentos incidentes, particularmente en las cuatro principales ciudades del país: Río de Janeiro, Sao Paulo y Belo Horizonte, las tres de mayor poder económico, y Brasilia, la cuna del poder político. En esta última, cerca de 7.000 personas llegaron hasta el Congreso Nacional en un intento por tomárselo, obligando a las fuerzas de Tropa e Choque de la Policía Militarizada a ingresar por la parte trasera del edificio y dispersar a los manifestantes.
Sin embargo, el más violento de los enfrentamientos tuvo lugar en Río de Janeiro, donde unos 100.000 manifestantes llegaron hasta la sede de la Asamblea Legislativa con la intención de invadirla. Un grupo de manifestantes lanzó piedras y bombas molotov al Palacio Tiradentes y destrozó al menos cinco agencias bancarias que se encontraban aledañas.
Pese a estos incidentes, este martes, la presidenta brasileña Dilma Rousseff valoró el gesto de los manifestantes, señalaron que «la voz de la calle tiene que ser escuchada» y que lo que han hecho las multitudes es enviar un mensaje directo a los gobernantes. Y aunque condenó los hechos de violencia, rescató que la mayoría de las manifestaciones se desarrollaran pacíficamente. Roussef dijo valorar «el espíritu pacífico de las personas que ayer fueron a las calles democráticamente» en una movilización que «supera los mecanismos tradicionales de las instituciones, partidos políticos o sindicatos».
Así mismo, la Mandataria afirmó que las demandas planteadas por los manifestantes «por ciudadanía, mejores escuelas, hospitales, transporte público de calidad y a un precio justo, por el derecho a influir en las decisiones de los Gobiernos, en repudio de la corrupción y el desvío de dinero público, comprueba el valor intrínseco de la democracia», y agregó «Mi generación sabe cuánto costó llegar a esto».
Sin embargo, pese a valoraciones que ha hecho Rousseff de estos incidentes, ella también se ha visto complicada por el ambiente reinante. El sábado pasado, durante su participación en la ceremonia de apertura de la Copa Confederaciones -otro de los mega eventos deportivos que organiza el país-, la Presidenta fue abucheada por los asistentes. En tanto en las encuestas, su aprobación ha caído ocho puntos en tres meses, quedando en un 57%.
Este martes las movilizaciones continuaron en algunos ciudades. En Sao Paulo, cerca de 5.000 ciudadanos marcharon en dirección a la sede de la alcaldía, recinto al que arrojaron piedras, rompiendo todas las ventanas de la sede y manteniendo un duro enfrentamiento con la policía.
En algunas ciudades, las protestas han surgido sus primeros efectos. Las autoridades de por lo menos seis de estas anunciaron hoy la reducción de las tarifas del transporte público. Las autoridades de Recife, Joao Pessoa, Porto Alegre, Cuiabá, Blumenau y Montes Claros presentaron la medida mientras que el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, informó que se reunirá con representantes de los manifestantes para discutir sus reivindicaciones. Así mismo, el alcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, que inicialmente había manifestado la imposibilidad de reducir los pasajes, aseguró que revisará las cifras en busca de opciones.
Sin embargo, algunos manifestantes han señalado a la prensa que las protestas, en realidad, van más allá del valor del pasaje de metro o micro, cuya consigna es «Si el pasaje no baja, Río para». «No es por los centavos (de aumento). Esto es una demanda reprimida, reflejo de la falta de perspectiva de los jóvenes. El transporte también es pésimo. Andamos en chasis de camión travestido de autobús», dijo un participante de 56 años.
Uno de los que han seguido de cerca los incidentes en Brasil es el gobierno de Estados Unidos. Este martes, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, señaló en una conferencia de prensa que “estamos supervisando los acontecimientos en Brasil. Las manifestaciones pacíficas que están teniendo lugar allí son parte de lo que significa la democracia”.
“Lo que está ocurriendo en este caso es que los ciudadanos están expresando sus opiniones y contactando a los líderes del Gobierno sobre estos asuntos que les importan”, agregó la vocera.
