Vocero Gómez marca diferencia frente a la derecha por empate con Caso Penta
Episodio obliga a hijo de la Presidenta Bachelet a realizar una declaración de patrimonio, acción que no está obligado legalmente a realizar, pero que ha sido solicitada incluso desde el propio oficialismo.
Salvo una escueta declaración del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, el viernes, el Gobierno había guardado silencio ante la polémica que desató el crédito de 6 mil 500 millones de pesos que obtuvo del Banco de Chile la empresa Caval, propiedad en un 50% de Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta Michelle Bachelet. Pero luego que se confirmara que el propio Sebastián Dávalos, hijo de la Mandataria, participó en la reunión con el dueño de la entidad bancaria, Andrónico Luksic, La Moneda salió hoy públicamente a hacer frente a la situación bajando abiertamente el perfil a la polémica.
«No existe en este proceso ninguna acción de tráfico de influencias», sentenció el vocero (s) de Gobierno, el ministro José Antonio Gómez, quien además recalcó que no por el hecho de que Dávalos sea hijo de Michelle Bachelet “va a estar inhibido, antes de haber entrado al gobierno, de tener una empresa o trabajar en el ámbito privado. Eso no está prohibido, eso es absolutamente legítimo».
Es más, el ministro Gómez ratificó que no se ha barajado la opción de que Dávalos dé un paso al costado de su cargo de Director Sociocultural de la Presidencia: «No tiene ninguna razón para no seguir en su cargo. Si existieran situaciones que no corresponden desde el punto de vista legal, sin ninguna duda sería una situación distinta», dijo.
Después que el viernes se publicara la información de revista Qué Pasa relatando los detalles de las gestiones de la empresa Caval para obtener el polémico crédito, desde el Gobierno explicaron que Dávalos no está obligado a realizar una declaración de su patrimonio, tal como solicitó la derecha y parlamentarios de la Nueva Mayoría, debido a que desempeña su cargo en Palacio ad honórem.
Pero Gómez esta mañana informó que “como existe de parte del señor Dávalos y de parte del Gobierno la necesidad de transmitir a los chilenos la absoluta transparencia, el señor Dávalos va a hacer su declaración de intereses. Por lo tanto, se va a clarificar hasta ese nivel».
En La Moneda aseguran que esa decisión la tomó Dávalos en forma voluntaria y que no hubo presión desde el Gobierno para dar este paso con el cual enfrentar la crisis que desataron los negocios privados de la nuera de Bachelet. Se reconoce que no hay una fecha exacta para que realice esta declaración y en La Moneda precisan que “requiere de unos días”, que esperan que sea “pronto”.
En todo caso, entre los cercanos a Dávalos y quienes lo conocen, recalcan que el hijo de la Mandataria no le toma el peso a los efectos políticos que generan este tipo de situaciones, escudándose siempre en que son hechos que involucran a privados.
La información de Qué Pasa precisó que la reunión de Compagnon con Luksic –en la cual también estuvo presente Dávalos– se realizó el 6 de noviembre del 2013, en plena campaña presidencial, sólo once días antes de la primera vuelta y que el Banco de Chile otorgó el crédito al día siguiente del triunfo de Bachelet en el balotaje del 16 de diciembre.
En Palacio precisaron al respecto que efectivamente la reunión fue el día 6 de noviembre, pero que el crédito a la sociedad Exportadora y Gestión Caval Limitada fue otorgado antes de la segunda vuelta, puntualmente el día 13 de diciembre.
Previo a la vocería oficial, en La Moneda hubo una reunión de coordinación entre el ministro Peñailillo, Gómez, el director (s) de la Secom, Carlos Correa, y la jefa de gabinete de Dávalos, Erika Silva.
El Gobierno se jugó la carta de marcar la diferencia con el caso Penta, ante la estrategia desplegada por la derecha de buscar un empate político.
«Resulta curioso cuando vemos a la derecha muy preocupada de este punto, señalando que pudiera incluso parecerse al Caso Penta. Quiero decirles con toda precisión que (en el caso Penta) hay fraude al fisco, boletas que no corresponden, hay toda una investigación criminal, eso significa que hay delitos que se están investigando (…) es una situación totalmente distinta. Aquí no hay ningún recurso fiscal involucrado”, recalcó Gómez.
Luego puso el acento en que es “un banco privado, que ha decidido entregarle recursos a una sociedad y esa sociedad, según el propio banco, contaba con las garantías suficientes para recibir el crédito. Adicionalmente, el banco ha señalado que tiene todos los antecedentes la Superintendencia (de bancos). Por lo tanto, esto es totalmente transparente (…) la operación es completamente regular, fue una transacción entre privados. Es bien distinto al Caso Penta».
