Por primera vez se desmorona credibilidad de Bachelet: 71% no le cree que supo por la prensa
El Caso Caval paralizó a La Moneda y empujó a Bachelet a la aprobación más baja de su mandato. En los últimos días, el Gobierno comenzó a desplegarse para tratar de retomar el control y detener el impacto con iniciativas concretas, como el nuevo consejo asesor y el blindaje a la Presidenta.
Se demoró en reaccionar La Moneda tras el escándalo que desató el millonario negocio inmobiliario del hijo de la Mandataria. El periodo inicial se caracterizó por un errático manejo comunicacional, cuestionamientos internos y desorden en la coalición oficialista. En esta segunda etapa, el Gobierno comienza a recuperar algo de terreno.
Sin embargo, todos tienen claro que los costos de la crisis fueron altísimos, la imagen de la Presidenta quedó muy dañada, situación reconocida en la Nueva Mayoría y reafirmada por las últimas encuestas. Según Cadem, por primera vez la ciudadanía cuestionó la credibilidad de la Presidenta Bachelet: el 71% de los encuestados no le cree que se enterara por la prensa del negocio de Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon, tal como afirmó cuando retornó de sus vacaciones en Caburgua.
Siguiendo con las malas noticias, en la encuesta de Adimark, la Presidenta bajó cinco puntos y sólo obtuvo un 39% de aprobación, el índice más bajo en su mandato. No obstante, en el Gobierno y en la Nueva Mayoría admiten que esperaban cifras aun más bajas y hasta respiraron aliviados con los resultados. El Comité Político de La Moneda también fue castigado por su rol en la crisis, con un descenso de cuatro puntos en su aprobación. Roberto Méndez, a cargo de Adirmark, calificó el Caso Caval “como una bomba que estalló en los patios de La Moneda”, y muchos otros señalan que fue “un golpe mortal al corazón del bacheletismo”.
Recién la semana pasada La Moneda dio signos de comenzar a despertar e intentar retomar el control. La ofensiva empezó el día miércoles con el anuncio de un “marco regulatorio como Chile no ha conocido hasta la fecha”, como afirmó el vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde. El objetivo es regular la relación entre la política y los negocios y abordar los temas de probidad y transparencia. Aunque, en la ocasión, no se entregaron mayores antecedentes sobre la iniciativa.
[cita] Según Cadem, por primera vez la ciudadanía cuestionó la credibilidad de la Presidenta Bachelet: el 71% de los encuestados no le cree que se enterara por la prensa del negocio de Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon, tal como afirmó cuando retornó de sus vacaciones en Caburgua.[/cita]
Tras las reuniones que sostuvo la semana pasada el subsecretario del Interior (S), Mahmud Aleuy, con los presidentes de partido, Rodrigo Peñailillo citó –el domingo en la noche– a los ministros del comité político y a los timoneles de partido a una cena privada en calle Tegualda. La orden del titular de Interior fue clara: pidió cerrar filas y blindar a la Presidenta Bachelet. No se aceptarían más ataques ni cuestionamientos ventilados por la prensa. Contrario a los deseos de Peñailillo, esa misma noche, Camilo Escalona salió en horario prime a disparar contra su gestión en la crisis.
El lunes a primera hora, el ministro Álvaro Elizalde anunció la clásica estrategia de Bachelet para sortear las crisis: la creación de un Comité Asesor de expertos, que se encargará de generar las propuestas para normar los vínculos entre la política y el dinero. El Comité estará integrado por personalidades del mundo académico, empresarial, organizaciones civiles, entre otras. La idea es darle un carácter transversal y técnico. Esta vez tampoco hubo mayores antecedentes sobre sus miembros o los plazos que manejaría la Comisión; de todos modos, se esperan resultados rápidos.
Luego del anuncio, se realizó el Comité Político en La Moneda, donde se discutió sobre las prioridades del nuevo consejo asesor. A la salida, la orden de Peñailillo había surtido efecto: los dirigentes de la Nueva Mayoría, incluso los más críticos, como el presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, salieron muy alineados a respaldar a Bachelet. Esa mañana Walker dijo que se “terminó la hora de los análisis y es momento de cerrar filas tras la Presidenta”.
De esta manera, la ofensiva de Palacio logró dos cosas: por un lado, frenar los ataques al Gobierno, blindando a la Mandataria; y, por otro, mostrar a La Moneda retomando el control de la situación y comenzando a generar las iniciativas que controlarán la incestuosa relación entre la política y los negocios. La sensación en La Moneda es que lo peor ya pasó, pero, de todos modos, siguen muy de cerca lo que pueda pasar en tribunales en relación a Caval.
Sobre las propuestas del Comité, se espera aprovechar esta instancia para aumentar las sanciones y las facultades fiscalizadoras del Servel. Otras propuestas que ya cuentan con consenso serían terminar con los aportes reservados y la perdida de escaños en caso de que los parlamentarios sean sorprendidos en ilícitos. Además, otras materias que se evaluarán, serán las de aumentar la regulación en el mundo privado y restringir el salto de funcionarios públicos a la esfera privada, como se vio entre muchos de los ministros del ex Presidente Sebastián Piñera.
En la Nueva Mayoría sostienen que “el Gobierno está dando las señales correctas al hacerse cargo del problema. El Caso Caval fue devastador, por eso las medidas son muy drásticas. Primero, cuidando a la Presidenta; segundo, cambiando las reglas del juego para que el sistema político funcione de otra manera, porque ya los estándares con Penta y Caval están superados. Las propuestas del Comité permitirán que la división entre negocios y política sea muy nítida”, argumentan.
El senador Jorge Pizarro, de la Democracia Cristiana, concordó en que la primera etapa fue compleja, pero cree que ahora Bachelet ya retomó el control de la agenda y está enviando “señales potentes, como articular a la brevedad este marco normativo en probidad, financiamiento y transparencia. El Gobierno ha marcado una línea y ha existido una reacción positiva y unánime de todo el espectro de la sociedad, porque el problema es transversal, nos afecta a todos”, aseguró.
Los distintos actores concuerdan en que, si bien es deseable lograr acuerdos transversales en la materia, los casos que están en el Ministerio Público seguirán su curso judicial sin ningún tipo de interferencia, negando un paralelo con la negociación MOP-Gate en el 2003.
Acudiendo a otra antigua fórmula de Palacio, el encargado de encauzar el tema con los partidos políticos de oficialismo y de oposición fue el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, figura legitimada en la vieja guardia de la Concertación. El subsecretario está operando como articulador tanto con los partidos como con otros actores sociales. Ayer mantuvo una reunión de más de una hora con el presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, para abordar el actual momento político y las iniciativas que se aplicarán para normar la relación entre mundo público y privado.
