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Terminal Sur de Valparaíso y el turbio acuerdo con la portuaria estatal

por 15 noviembre, 2018

Terminal Sur de Valparaíso y el turbio acuerdo con la portuaria estatal
La ciudad no tiene muchas alternativas y aparece como la gran perdedora, pues no solo ve flaquear los proyectos del borde costero, sino que además la amenaza ambiental de los miles de camiones, sin siquiera ser consultada o informada respecto a lo que se negociaba sobre su territorio. Ello, porque TPS y EPV –bajo la administración de Sebastián Piñera– están actuando con talante de propietarios privados sobre Valparaíso, pese a que esta última es un organismo público que debe responder con transparencia y continuidad de gestión.
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Cuando se inició el año 2000 la construcción del Camino de La Pólvora, los objetivos estaban más que claros para el Gobierno. Se trataba de hacer una obra que rescatara a Valparaíso de su crisis vial, ambiental y transformara al puerto en un terminal de corredor bioceánico de la carga proveniente de Brasil y Argentina. Al sacar del flujo vehicular de la ciudad a los cerca de 10 mil camiones que anualmente llegaban a él, la calidad de vida en la urbe cambiaría drásticamente. A su vez, con mayor celeridad en el acceso, los procesos de carga o descarga, se liberarían zonas y tiempos de espera en el puerto y se recuperaría el borde costero para la ciudad, lo que se plasmaría en obras en el paseo Weelwright, la apertura del muelle Barón y la remodelación de la Avenida Altamirano.

El Camino de La Pólvora implicó un desembolso de más de 100 millones de dólares por parte del Estado y no fue concesionado. Se complementaría con un antepuerto en la zona de Placilla-Curauma (actual ZEAL sí concesionado) donde se instalarían todos los procesos de aforo, servicios aduaneros y de puerto, modernizando así el conjunto de la actividad portuaria.

La Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) inició la construcción del antepuerto el año 2007 y su inauguración coincidió con la puesta en servicio del Camino de La Pólvora en octubre de 2008. ZEAL fue adjudicada a la empresa española ASVI por 30 años y el proyecto completo, ruta y antepuerto, fue catalogado como pionero en América Latina, digno de ser exportado como concepto.

Pero entretanto algo se fraguó. El 3 de julio de este año el presidente del directorio de la Empresa Portuaria de Valparaíso y ex intendente de la V Región, Raúl Celis, recibió un correo de Felipe Vial, abogado de la Terminal Pacífico Sur, en que le enumera en detalle la postura de TPS sobre los temas pendientes. Entre ellos, los juicios ante el TDLC y los servicios obligatorios en ZEAL. Junto con agradecerle la posición positiva de la nueva administración, le adjunta una minuta donde advierte, además,  que “no se mencionan San Mateo ni el paso de camiones por Barón que son temas en desarrollo o circunstanciales y que me imagino (dice) se irán viendo sobre su mérito en una nueva mirada de trabajo más constructiva que la que hemos tenido hasta ahora”.

Pero los mayores operadores del puerto, que habían obtenido sus concesiones el año 1999, cuando fue privatizado en sus operaciones, nunca quedaron conformes con el objetivo de sacar actividades hacia el antepuerto. Principalmente, los propietarios de la concesión del Frente de Atraque Nº 1 (sitios del 1 al 5) adjudicado al consorcio chileno-germano dominado por la familia Von Appen, actual TPS.

Tal oposición se la manifestaron abiertamente al Gobierno de Michelle Bachelet el año 2015, en medio de un paro de trabajadores portuarios. Entonces Wolf Von Appen declaró a la prensa, a la salida de una reunión de Icare –y luego de emplazar al entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo– que "la empresa portuaria estatal les está quitando trabajos a las personas que hacen su labor dentro del puerto y quiere llevar esto para una zona de afuera, en la zona de expansión de apoyo logístico (ZEAL)" y luego añadió que “los trabajadores piden que no les quiten la pega, que la han hecho por mucho tiempo y que se mantenga en el puerto”.

Esta disputa fue la que estalló, en noviembre de 2017, entre EPV y la Terminal Pacífico Sur con sendas demandas ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), pugna en la que el TPS promovía la vuelta de actividades portuarias desde ZEAL al interior del puerto, lo que contraviene la política sobre el ordenamiento de la ciudad y la inversiones hechas para ello, para lo cual usó como pretexto que la recalada de cruceros entorpecía las faenas de carga y lesionaba su posición como operador exclusivo del Terminal 1.  La empresa portuaria EPV se opuso y los demandó ante el TDLC por abuso de posición de mercado.

Para ambas empresas todo el conflicto radicó en el manejo de las actividades portuarias, prácticamente sin poner atención a los temas ambientales y de reordenamiento territorial de la ciudad.

Expulsión de cruceros

En noviembre de 2017, la EPV demandó a TPS por modificar las tarifas de embarque, desembarque y tránsito de pasajeros sin justificación alguna, así como los sistemas de reserva en la terminal para los cruceros. Ello para impedir su recalada y, por esa vía, presionar el cambio del statu quo respecto de ZEAL y volver a meter camiones al puerto. Ello, argumentó entonces EPV, es un ostensible abuso de poder de mercado y no se sustenta en ningún criterio técnico.

TPS contrademandó a EPV ante el mismo tribunal, alegando que los cruceros distorsionan el uso de carga del puerto y le restan competitividad a su manejo; además que EPV (y este era el motivo de fondo) prohíbe aforos e inspecciones físicas a la carga al interior del puerto y los obliga a pasar por ZEAL, lo que afecta sus derechos como concesionario portuario y aumenta sus costos.

Esta disputa, en plena temporada de cruceros, instigó un paro de trabajadores, con tomas y barricadas no controladas por ninguna de las dos empresas y, por lo tanto, los cruceros prefirieron la seguridad del puerto de San Antonio para recalar. Su argumento fue que Valparaíso es un puerto de recambio de pasajeros, no un destino turístico irremplazable y la huelga hacía imposible los desembarcos en condiciones normales. Conclusión: Valparaíso perdió la recalada de cruceros con grave daño al turismo de la ciudad, según los funcionarios del municipio.

Avenimiento sorpresivo

Pero entretanto algo se fraguó. El 3 de julio de este año el presidente del directorio de la Empresa Portuaria de Valparaíso y ex intendente de la V Región, Raúl Celis, recibió un correo de Felipe Vial, abogado de la Terminal Pacífico Sur, en que le enumera en detalle la postura de TPS sobre los temas pendientes. Entre ellos, los juicios ante el TDLC y los servicios obligatorios en ZEAL. Junto con agradecerle la posición positiva de la nueva administración, le adjunta una minuta donde advierte, además,  que “no se mencionan San Mateo ni el paso de camiones por Barón que son temas en desarrollo o circunstanciales y que me imagino (dice) se irán viendo sobre su mérito en una nueva mirada de trabajo más constructiva que la que hemos tenido hasta ahora”.

De la redacción queda clara la existencia de conversaciones previas entre las partes, sobre temas que implican a terceros como el municipio o el antepuerto ZEAL que no se mencionan ni se enteraron de lo que estaba ocurriendo. Al municipio le afectaría directamente de nuevo la afluencia de miles de camiones con carga a la ciudad, los mismos que mermarían los servicios de ZEAL garantizados en su concesión.

En absoluto sigilo y sin pedir la opinión de ningún interesado legítimo, para usar la terminología del TDLC, tres meses después del correo de TPS a EPV llegan a un sorpresivo avenimiento, de cuyos términos queda claro que esta última se allanó a las exigencias de TPS.

EPV deja sin efecto el acto que “dispuso la realización de aforos e inspecciones físicas de carga (para) … TPS  fuera del puerto de Valparaíso”; se compromete a coordinarse con “los organismos públicos fiscalizadores en todo lo necesario para que tales actividades puedan desarrollarse sin inconvenientes al interior del citado recinto portuario…” y “…autorizará un Servicio Especial destinado al traslado de dichas cargas…” hasta ZEAL cuando sea necesario. TPS, por su parte, retira el tema de alza de tarifas, pero refuerza su posición consiguiendo la autorización para obligar a los operadores de cruceros a suscribir ”contratos de reserva" previos para poder establecer reservas a firme. O sea, un acto abiertamente contrario a la libre competencia. Obtiene, además, el reconocimiento expreso de EPV de “su derecho a registrar y modificar las tarifas especiales” conforme a lo dispuesto en el contrato de concesión de TPS.

El avenimiento le hace un verdadero baipás al antepuerto ZEAL por parte de TPS y deja abierta la puerta para que vuelvan a entrar miles de camiones a la ciudad y realizar en ella sus aforos, haciendo que todo lo soñado con la inversión del Camino de La Pólvora vuelva a foja cero: contaminación, containers y zonas de espera de por medio.

El resultado más complejo es que llena de incertidumbres una vez más lo referente al Terminal 2 y la recuperación del borde costero para la ciudad, donde por ahora todo se mueve muy lentamente y en un compás de espera, luego que la Corte Suprema prohibiera la construcción de un mall en esa zona.

ZEAL  tiene opciones legales que posiblemente tomará de acuerdo a los términos de su contrato, según lo declarado por su vocero, para defender su concesión y el funcionamiento del antepuerto.

Pero la ciudad no tiene muchas alternativas y aparece como la gran perdedora, pues no solo ve flaquear los proyectos del borde costero, sino que además la amenaza ambiental de los miles de camiones, sin siquiera ser consultada o informada sobre lo que se negociaba sobre su territorio. Ello, porque TPS y EPV –bajo la administración de Sebastián Piñera– están actuando con talante de propietarios privados sobre Valparaíso, pese a que esta última es un organismo público que debe responder con transparencia y continuidad de gestión.

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Envíada por Manuel Riesco | 18 noviembre, 2019

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