Pacto social: solo intenciones sin agua en la piscina

«El camino al cielo está plagado de buenas intenciones», reza el dicho popular y viene como anillo al dedo a la realidad política que hay detrás de la lluvia de documentos y declaraciones públicas con propuestas para sellar un pacto social. Es que, más allá de las conversaciones que se han llevado a cabo, lo cierto es que el estallido social y la crisis sanitaria han dejado un clima de desconfianza mutua entre todos los actores políticos –oposición, Gobierno y oficialismo–, que queda en evidencia con las innumerables recriminaciones al interior de cada conglomerado y también en La Moneda.

El documento sobre los alcances que debía tener un pacto social, propuesto esta semana por el timonel de Renovación Nacional, Mario Desbordes, y el vicepresidente del PS, el senador José Miguel Insulza, por ahora también se adjuntará a la carpeta de archivo en que están otros intentos en esta línea: la propuesta de los presidentes del PPD y del PR, Heraldo Muñoz y Carlos Maldonado, respectivamente; la del grupo Cambio Democrático, que ya había logrado aunar firmas con personeros de la antigua Concertación y, además, del área más liberal de Chile Vamos.

Todas y cada una de estas iniciativas pueden haber tenido las mejores intenciones, pero todas tienen a la vez un denominador común que las ha hecho, hasta ahora, naufragar: “No hay agua en la piscina” para tales fines, según confesaron diferentes sectores en el Parlamento.

Desde los diversos sectores políticos explicaron que la falta de piso real para un pacto social está en que el estallido de octubre no solo tensionó al Gobierno con la oposición, sino que además fraccionó aún más a la coalición oficialista, que entendió y enfrentó los meses siguientes con miradas diametralmente distintas, lo que confrontó a los partidos de Chile Vamos entre sí y puso en jaque a La Moneda. A ese escenario político ya resquebrajado, se han sumado los problemas que ha tenido la administración de Sebastián Piñera para manejar la crisis sanitaria del coronavirus: los errores no forzados, los cuestionamientos a las cifras oficiales, el estilo exitista y los choques con la oposición en el Congreso.

La relación en estos momentos entre la oposición y el Gobierno, partes claves si se quiere hablar de un pacto social viable, está en uno de sus peores momentos, con los puentes “totalmente cortados” después de la áspera tramitación del proyecto gubernamental de Ingreso Familiar de Emergencia, ya que La Moneda no cedió ni un centímetro para negociar un aumento del monto y se mantuvo firme en la cifra de 65 mil pesos, mientras que la oposición pedía elevar la suma a 80 mil pesos. No son pocos en las bancadas de oposición los que afirmaron que esa negociación marcó un punto de quiebre y que para el diálogo “se debe trabajar mucho”, como subrayó un parlamentario de la otrora Nueva Mayoría.

El académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, precisó que, en medio de las crisis, acuerdos como un pacto social «rápidamente pierden legitimidad, porque no todos los actores están dispuestos a sentarse a la mesa» y agregó que «la brecha ideológica, hoy por hoy, hace prácticamente inviable conseguir un acuerdo de manera horizontal –de izquierda a derecha– y de manera vertical –desde la elite hacia los ciudadanos–”.

[cita tipo=»destaque»]Sabido es que no existe una sola oposición. En los extremos de esta se halla, por un lado, el mundo de la antigua Concertación y, en el otro, el Frente Amplio, desde donde desconfían de figuras como, precisamente, el senador Insulza. En la otrora Nueva Mayoría no les extrañó que la propuesta de pacto social generara rechazo en el FA, más que por Desbordes, por la firma del vicepresidente del PS, y desde el frenteamplismo puntualizaron no estar dispuestos para ser parte de un acuerdo al estilo Lagos-Longueira, ni de un “salvataje al Gobierno, entre tanto error no es entendible”.[/cita]

Para Morales, en la década del 90 “estos acuerdos eran más viables de ver la luz, pues eran los partidos los encargados de dirigirlos y llevarlos adelante, con la suficiente legitimidad que implicaba el voto ciudadano y el respaldo popular. En las condiciones actuales, en cambio, los partidos han abandonado su carácter exclusivo como agentes de representación y, muy por el contrario, son vistos como agencias que potencian intereses propios y no colectivos”.

Cuando se supo de las incipientes propuestas sobre un nuevo pacto social, la primera reacción en las diferentes fuerzas de oposición fue la desconfianza. Se creyó que el objetivo de La Moneda –acogiendo la tesis del sector más duro de la derecha– es tensionar al máximo la relación con el bloque opositor, para así no ceder espacios en la batalla electoral, con miras al plebiscito constitucional del 25 de octubre. Desde el sector más liberal del oficialismo, sostuvieron estar convencidos de que el Presidente Sebastián Piñera hizo eco del discurso del ala más conservadora de la derecha, que ha insistido en la estrategia de “ningún acuerdo con la oposición”.

Una cosa es el llamado público al consenso, tantas veces mencionado por el Presidente Piñera –señalaron desde la antigua Nueva Mayoría– y otra, totalmente distinta, es cómo ha ejercido el Gobierno la política de ponerlos contra la espada y la pared, la del “tómalo o déjalo” en la discusión parlamentaria, para luego acusar al bloque opositor de obstruccionistas. Eso, agregaron, pese a que “los números de proyectos aprobados lo desmiente”.

Quienes conocen de cerca la labor del Mandatario, explicaron que la distancia de Piñera con la oposición radica en que los líderes de este sector no lo consideraron como un interlocutor válido para un eventual pacto social.

En La Moneda consideraron que Desbordes “jugó a perder” con la propuesta que hizo en alianza con el senador Insulza, porque las condiciones en medio de una pandemia no son las mismas que las de octubre de 2019 y no “hay margen para acuerdos de ningún tipo”. Apuntaron a que una crisis sanitaria no se arregla con acuerdos políticos y que el Congreso “tiene poca relevancia en medio de la emergencia”, por lo que no se justificaría “firmar un acuerdo que no se respetará”.

El cientista político de la UDP,  Claudio Fuentes, añadió que existe otro factor que complica las opciones de un acuerdo social: “Lo que se requiere es fijar objetivos de largo plazo, ver cómo se van a adaptar los mercados laborales a ese objetivo, cómo el Estado va a responder para generar condiciones, por ejemplo, en salud, educación, bienestar social, que contribuyan al objetivo. Esa discusión está bien ausente de los acuerdos parciales y por eso, a mi juicio, han fallado”.

Sabido es que no existe una sola oposición. En los extremos de esta se halla, por un lado, el mundo de la antigua Concertación y, por el otro, el Frente Amplio, desde donde desconfían de figuras como, precisamente, el senador Insulza. En la otrora Nueva Mayoría no les extrañó que la propuesta de pacto social generara rechazo en el FA, más que por Desbordes, por la firma del vicepresidente del PS, y desde el frenteamplismo puntualizaron no estar dispuestos para ser parte de un acuerdo al estilo Lagos-Longueira, ni de un “salvataje al Gobierno, entre tanto error no es entendible”.

La presidenta del Partido Comunes, Javiera Toro, recalcó que “un nuevo pacto social no saldrá de quienes han gobernado los últimos 30 años, lo tiene que construir la sociedad que abrió la posibilidad de un proceso constituyente”. En el caso de RD, su timonel, Catalina Pérez, dijo que “si las familias se ponen en el centro estamos disponibles a colaborar con todas las y los actores. Tenemos propuestas para llegar a soluciones, pero esperamos no encontrarnos con una pared. Hoy día las familias están pasando hambre, no les está alcanzando para llegar a fin de mes y el Gobierno ha sido incapaz de entregar garantías”.

En este tenso panorama, se sumó el factor DC. Durante la semana pasada, el timonel de la falange, Fuad Chahin, propuso a sus pares de la oposición que fueran juntos a La Moneda para dejar una carta al Gobierno en la que se le solicitara una mayor apertura del trabajo de la crisis sanitaria y que se abriera a considerarlos en una mesa. Al final, Chahin llegó solo a Palacio a dejar su misiva, lo que sin dudas agudizó las desconfianzas internas.

Para Fuentes, existe otro factor primordial para entender el fracaso de los diferentes intentos por un acuerdo transversal y apuntó a que “principalmente por la desigualdad de poder que hay entre los diferentes actores que se sientan a la mesa. Acá se parte básicamente de un acuerdo político, se abre eventualmente a una negociación con los grandes empresarios. La tercera pata, los trabajadores, generalmente no están presentes”.

Hace unos días, la Mesa Social publicó una declaración denominada “Unidad Social rechaza intento de la elite en el poder de nuevo pacto de Acuerdo Nacional”, donde se advirtió que se “intenta imponer, maquinado por parlamentarios y jefes de partidos deslegitimados, un Nuevo Pacto de Acuerdo Nacional en las alturas, aprovechando las condiciones generadas a partir de la cuarentena tardía establecida para enfrentar la pandemia del coronavirus”.

Esa advertencia, respecto a que un acuerdo nacional no sea solo una conversación de la elite, también provino en la semana desde el propio Congreso. El senador Francisco Huenchumilla (DC) expresó, en una columna en El Mostrador, que los problemas que enfrenta el país, por la crisis sanitaria, política, social y económica «no se solucionan mediante un acuerdo versallesco entre cuatro paredes».

En el mismo texto, agregó que «se cometería un grave error político si, a propósito de la pandemia y crisis económica, se pretendiera gestar un acuerdo que englobara la coyuntura y los temas de fondo que encierra lo firmado el 15 de noviembre. Ello, porque no están dadas las condiciones de confianza y credibilidad, indispensables para sentarse a conversar y porque, además –y esto es determinante–, el acuerdo referido es fruto de un proceso social que implica que el país aceptó, mediante la firma de dicho documento, que sería la soberanía popular, por primera vez en la historia republicana, la que fijaría las nuevas reglas del juego que implica una Constitución».

Para el senador, los acuerdos como metodología son inherentes a la democracia, pero en las circunstancias actuales –precisó en su columna– «están contaminados por la historia y por las confianzas. La historia pasada reciente nos dice que los acuerdos suscritos con la derecha en la transición, en definitiva, significaron la consolidación del modelo establecido en la Constitución del 80, porque los referidos acuerdos no lograron nunca salirse del marco fijado por aquella, como lo previó su principal ideólogo. Y las confianzas… bueno… todos sabemos que en esta materia el actual Gobierno y su conductor no generan precisamente ese necesario clima, indispensable para sentarse a dialogar».