Juan Pablo Luna: “Si uno mira las cárceles, pareciera que no hay grandes traficantes en Chile”

“En marzo de 2022, agentes del orden público paraguayos llevaron a cabo la operación antidrogas más importante de la historia del país, desmantelando una vasta red criminal vinculada al expresidente Horacio Cartes (quien gobernó entre 2013 y 2018). La operación A Ultranza PY, como se conoció, desconcertó a la mayoría de los observadores porque en el contexto paraguayo notoriamente opaco, tales redadas no tenían precedentes. Esta operación solo fue posible gracias a las disputas entre dos facciones del perenne partido gobernante del país, el Partido Colorado. La disputa enfrentó a Cartes con Mario Abdo; los dos se vieron envueltos en una gran lucha de poder”.

Con este hecho de la reciente historia paraguaya comienza el libro Política criminal y desarrollo estropeado en América Latina. Una investigación sobre el crimen organizado en el continente que pone el foco en cuatro países: Perú, Paraguay, Uruguay y Chile. Los autores, el doctor en Ciencia Política Andreas Feldmann, académico del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Illinois, Chicago, y Juan Pablo Luna, académico e investigador de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, pasaron varios años –pandemia de por medio– recopilando antecedentes, estudiando y entrevistando a actores claves: desde fiscales, policías, políticos, académicos y periodistas hasta miembros de grupos criminales, para armar una radiografía de lo que ocurre hoy –en materia criminal– en nuestra región.

“La mayoría de los trabajos académicos trata los casos más visibles: Brasil, Colombia, Centroamérica y México. Nos pareció importante revisar países que no se habían tocado en estudios anteriores y despejar la idea común de que estos países ‘estaban libres’ del crimen organizado. Al terminar la investigación, la problemática del crimen organizado comenzó a ser más visible en dos de los casos que usualmente se veían como menos probables en la región: Chile y Uruguay. Hay una dinámica que propende a la equifinalidad; en otras palabras, todos los casos, de una u otra manera, llegan a un paradero similar, aunque cronológicamente lo hagan en distintos momentos. Es lo que estamos viendo en Chile, donde la gente está súper shockeada por lo que observa –a nivel de violencia–, en términos de lo pujante del negocio. Sin embargo, tales dinámicas son desafortunadamente comunes en otros países de la región hace bastante tiempo. Entonces, más que ser distintos, en países como Chile demoraron más tiempo en materializarse ciertas dinámicas de carácter criminal. Queríamos llamar la atención sobre eso y testear esta idea de que existe cierta convergencia entre los casos”, explica Andreas Feldmann.

-Una especie de camino marcado del crimen, con etapas por la que pasan las sociedades. De ser así, ¿se puede poner atajo a esa ruta?
-Es importante decir que, aunque se intente prevenir, los países han sido pasados a llevar por el “negocio”, incluso en naciones que se supone tienen una estructura de Estado y una calidad institucional razonables, al menos para estándares latinoamericanos. El poder de compra es tan fuerte que, si tienes la mala suerte de volverte un país relevante para el negocio –un poco lo que les pasa a Uruguay y a Chile en las últimas décadas–, eso te pone en una situación muy compleja y difícil de manejar.

-¿Qué significa ser relevante para el negocio?
-Hay países que son importantes por ser productores, el caso de Perú o de Paraguay. Otros son relevantes porque tienen un mercado interno muy potente, como Brasil o Argentina, también Chile actualmente. Y otros que empiezan a ser propicios para el tráfico internacional como ruta o para el lavado de dinero. En el caso chileno, volverse un punto más relevante para las rutas internacionales de exportación hacia Europa y Asia es un cambio significativo. Además de actores más bien pequeños, fragmentados a nivel territorial, Chile empieza a ser un territorio de interés para actores más relevantes, no necesariamente integrados completamente al mercado local, pero con más poder de compra y más poder de influir en las instituciones a nivel nacional.

Cuatro países “atípicos”

Andreas Feldmann hace una precisión sobre la investigación: “Si bien el narcotráfico es una de las industrias más importantes del crimen organizado en la región, existen otras industrias ilícitas muy relevantes, como el tráfico de personas, de armas, el contrabando o falsificación de productos, la extorsión, el microcrédito, etc. Gran parte de las organizaciones transnacionales diversificaron su negocio y tienen un portafolio nutrido, donde la droga simplemente representa una actividad más”.

Los autores señalan que en los distintos países se articulan y emergen diversos tipos de organizaciones, unas más sofisticadas que otras. Los casos que estudiaron, en general, tienen estructuras criminales poco sofisticadas en términos de integración vertical y horizontal.

“Eso tiene que ver con que están sometidos a las grandes dinámicas del mercado en la región, donde ya existen actores dominantes, como es el caso de los carteles brasileños, los mexicanos y, en menor medida, los colombianos, que fueron desplazados por los grupos criminales mexicanos. También son relevantes en ese sentido las mafias europeas y asiáticas. Esto más allá de que, recientemente, los grandes carteles se han ido fragmentando, lo que también los ha vuelto menos visibles y más esquivos. En la revisión histórica observamos que en países como Perú –que tiene una tradición muy importante como productor– nunca cuajaron las condiciones para que un grupo criminal sofisticado se consolidara allí. Y eso hace que el negocio tenga ciertas particularidades. Lo mismo ha sucedido en los otros tres casos”, explica Feldmann.

-¿Cuál es el lugar y la característica de cada uno de estos cuatro países: Perú, Paraguay, Uruguay, Chile?
-Como mínimo el narcotráfico, que es el negocio al que le ponemos atención en el libro. Se estructura en torno a cuatro grandes tipos de actividad: la producción, el microtráfico, el gran tráfico –que usualmente involucra logística internacional–, y el lavado de dinero asociado a cada una de esas tres actividades. Cada uno de los casos tiene un peso relativo distinto de esas actividades, dependiendo de su posición en el mercado internacional y sus ventajas comparativas en distintos negocios. Por eso, aquella posición está sujeta a cambios que dependen de varios factores.

Juan Pablo Luna enfatiza, por ejemplo, los cambios recientes observados en Paraguay: “Es muy interesante, porque ahí el crimen está organizado por el Estado. Allí el mercado se estructura en torno a un protection racket (esquema de protección) en que el sistema político controla desde arriba a los grupos criminales (de los que se hace parte), en una articulación muy similar a la que existía en México bajo el PRI. Ese modelo se configura durante la dictadura paraguaya. Sin embargo, desde hace unos años, las bandas brasileñas comienzan a disputar el control de rutas que conectan Paraguay con las zonas de producción en Bolivia y con el mercado de consumo brasilero. Esta disputa también se ha producido en las cárceles, donde las bandas brasileñas han comenzado a sindicalizar y reclutar presos, desatando una guerra abierta con grupos paraguayos. Esta dinámica está reconfigurando el funcionamiento de la actividad criminal en Paraguay, así como también la acción estatal”.

Y agrega: “Una operación como A Ultranza PY sería impensable bajo el esquema de colusión tradicional entre sistema político, actores estatales y crimen organizado. En los casos de Uruguay y de Chile, las bandas que operan en el mercado local –por el momento– siguen siendo relativamente poco integradas, pero no hay que descartar cambios significativos a corto plazo. En la medida que estos países se han vuelto más centrales para el negocio, llegan actores internacionales con mayores niveles de sofisticación”.

Violencia no es sinónimo de crimen

-¿Qué etapa estamos viviendo en Chile?
-En Chile se confunde todo el tiempo violencia con narco y narco con crimen organizado. No todo el crimen organizado es narco, no toda la delincuencia y la violencia son generadas por el narco. El que las bandas no tengan integración vertical ni horizontal hace que compren a la institucionalidad estatal y a la política de formas distintas y desde diferentes lugares, dependiendo de cuáles son los negocios que prosperan en el país. Entonces, el tipo de imbricación –así definimos a la política criminal, como una zona gris en que confluyen y se coluden actores políticos, agentes estatales y el crimen organizado– que se observa en cada caso depende de las características que asume cada actividad vinculada al narcotráfico en el país. En definitiva, en un sistema más fragmentado, como el chileno y el uruguayo, esa imbricación depende de cuáles son los negocios clave, cuál es la estructura de las bandas que operan localmente y cómo eso se relaciona con quien está a cargo de ejercer la coerción del Estado en jurisdicciones relevantes para cada negocio, por ejemplo, las policías, los fiscales, las aduanas, las autoridades portuarias, el sistema financiero, y los actores políticos de quienes también depende, en primera instancia, la decisión de intentar ejercer la autoridad estatal o, en cambio, mirar para un costado o aceptar una coima.

-Dicho esto, en Chile se observa un aumento de violencia y cambio en el tipo de crímenes. Algunos sectores lo relacionan con la llegada de delincuencia externa. ¿Estamos en un estadio anterior a ese de tener un “verdadero” crimen organizado silencioso?
–El mejor crimen organizado no se ve y no genera violencia abierta. En general, la violencia aparece cuando se rompe un equilibrio de colusión criminal, cuando comienzan a competir por el territorio, por ejemplo. Pero eso es malo para el negocio, la violencia llama la atención y pone presión al sistema político para responder. Lo que, de paso, demuestra que no hay gran sofisticación en este tipo de bandas, que rápidamente recurren a la violencia al no tener otros mecanismos para imponer las condiciones que necesitan y que son buenas para el negocio. En el caso de Chile, la violencia tiene que ver con cosas distintas. Hay vinculación con el narcotráfico, pero también con otros mercados, como el de la trata de personas o negocios más incipientes, como los secuestros extorsivos o el sicariato. Lo que es claro es que las dinámicas han cambiado en los últimos años, algo que también se ha dado en buena parte de la región luego del período de pandemia. Hoy América Latina vive una epidemia de violencia. En Chile se asocia la violencia a una consecuencia del estallido, pero en la región, países muy distintos, muchos de los cuales no han tenido estallidos, enfrentan el recrudecimiento de la violencia criminal.

-¿Entonces es una pelea por territorio básicamente?
-Sí, las espirales de violencia en general tienen relación con disputas territoriales, así como con un posible desajuste en términos del vínculo (la imbricación) que las bandas estructuran coludiéndose con autoridades estatales… Cuando esos equilibrios se rompen, la violencia escala.

-¿Y es lo mismo para la escalada de homicidios?

Responde Juan Pablo Luna:

-Además de una competencia por territorio, en parte porque hay más bandas, en parte porque hay una asociación –que no es directa ni automática– entre migración y la llegada de bandas que tienen, por ejemplo, un repertorio de acción más violento. Sin embargo, hay que señalar que muchos migrantes son víctimas de estas bandas, personas que migran por razones económicas y que terminan siendo extorsionadas por connacionales que tienen una organización funcionando en la frontera, así como en distintos sectores de las ciudades, en cités y casas tomadas.

Feldmann añade que “la violencia está generada también por un tema reputacional: ‘Yo me establezco acá y soy un actor importante en este tipo de negocio’. Las bandas chilenas están aprendiendo que la reputación es una moneda de cambio. Por eso muchas veces recurren a la violencia para poder competir en el mercado. Hay evidentemente un proceso de difusión de prácticas criminales, unos aprenden de otros”.

Ambos están de acuerdo en que el narco chileno existe hace mucho tiempo, tiene larga tradición y aprende rápido. “Tenemos una reputación bastante mala en muchos países de Europa, donde ha habido por décadas bandas de chilenos dedicadas a robar. Ningún país está libre de la delincuencia, pero del mismo modo tampoco ninguna nacionalidad es necesariamente más proclive a la criminalidad. Son prejuicios nefastos y simplistas. La delincuencia es un fenómeno social complejo que aqueja a todas las sociedades. Pero, claro, siempre es más conveniente culpar al otro, al extranjero, que verse al espejo”, subrayan.

Un problema de desarrollo

Feldmann y Luna plantean en su libro que el narcotráfico no es un problema meramente criminal o de seguridad, sino que tiene impactos directos sobre la capacidad de los países de alcanzar el desarrollo. Hay muchos políticos en la región que dicen: “Mientras esta actividad no me genere costos (usualmente mediante la visibilidad social que genera la violencia) y me ingresen recursos que sirven para paliar una serie de necesidades sociales, yo puedo mirar para otro lado, o incluso financiar mi campaña con alguno de esos recursos”. En tal sentido, los autores afirman que la economía política criminal debe ser pensada como un componente central de la economía política de cada país. Hablan de la economía política criminal como la parte oculta del “iceberg”.

Ese componente, argumentan, suele ser proporcionalmente más relevante en los países en desarrollo que en las naciones desarrolladas, porque su impacto sobre el funcionamiento institucional es mayor. “Uno de los pocos casos investigados sistemáticamente por Francisco Thoumi calcula que la industria de las drogas en Colombia llegó a representar el 7% del PIB del país en la década de 1980, luego ha bajado en torno al 3-4%”, detalla el texto.

El problema es que en economías en las cuales el crimen organizado o la actividad ilegal empieza a ocupar cada vez más espacio, pasado cierto umbral genera problemas serios a la estrategia de desarrollo del país. “No se puede separar, como muchas veces se hace en el discurso público –y lo hacemos todos–, entre lo legal y lo ilegal, como si esas dos economías y esferas sociales no tuvieran una relación porosa y permanente. La actividad ilegal necesita integrarse con la economía legal; la economía legal muchas veces termina beneficiándose de los recursos que genera la economía ilegal. El Estado y sus autoridades definen qué es legal y qué no, y eventualmente deciden qué actividades ilegales perseguir y cuáles tolerar. Por ejemplo, si yo hago mucha plata vendiendo droga, pero no logro lavar esa plata y meterla en el sistema, mi ganancia no tiene valor. Esta imbricación termina generando, para los países donde la actividad ilegal tiene un peso importante y significativo, distintas trampas de desarrollo. Los economistas siempre señalan que ‘el crecimiento económico necesita buenas instituciones’”, explica Juan Pablo Luna.

Y el autor ahonda al respecto: “Por un lado, en una sociedad donde la economía ilegal tiene un espacio importante, las instituciones empiezan a perder calidad y comienzan a ser cada vez menos capaces de generar condiciones para el desarrollo de una economía legal. Por otro lado, cuando los jóvenes sienten que la economía ilegal ofrece un mecanismo de movilidad social, de acceso al consumo y al prestigio social que es percibido como más rápido y eficiente que la inversión educativa, la noción de apuntalar el desarrollo mediante la formación de capital humano para mejorar la productividad, en la práctica, está desfondada. En un país como ese, el ausentismo escolar no es solo algo que deba pensarse como una falla de la política educativa. En este sentido, existen diversos mecanismos a través de los cuales sociedades en que la economía ilegal empieza a ganar espacio por sobre la economía legal, terminan generando trampas de desarrollo. Uno no puede pensar en el crimen organizado y en la actividad ilegal en general, en este tipo de sociedad, si no piensa al mismo tiempo en esas interfaces con la economía legal y el modelo de desarrollo, con el Estado y con la política, con las expectativas de la gente”, puntualiza Luna.

-Cuando habla de ‘trampa de desarrollo’, ¿se refiere a un desarrollo entre comillas falso, cautivado por ingresos ilegales?
-Los economistas hablan, por ejemplo, de la trampa del ingreso medio, que impide el paso de una economía de ingreso medio a una de ingreso alto. Se ha argumentado, por ejemplo, que el estallido de 2019 en Chile ilustra ese tipo de trampa: las aspiraciones de la población crecieron más rápidamente que la capacidad real de la economía de satisfacerlas, y eso termina generando descontento. Y los efectos económicos e institucionales de ese descontento eventualmente terminan desvirtuando la posibilidad de alcanzar el desarrollo. Ese es un ejemplo de una trampa de desarrollo que hace foco en la economía legal, pero ignora los efectos que genera el contar con una economía cuyo componente ilegal es proporcionalmente alto. Cuando tienes una economía ilegal pujante, como la que hoy tienen nuestros países, hay otra serie de trampas al desarrollo que tienen que ver con los efectos de la economía criminal sobre la política, el Estado, la sociedad.

Al respecto, Feldmann explica que “el desarrollo se tuerce y toma un curso no deseado: los recursos del narcotráfico generan cuotas de bienestar, de consumo, que son atractivas, pero no deben ser confundidas con desarrollo y mejoras substantivas en la calidad de vida de los individuos”.

“De hecho, Paraguay y Perú están entre los países que crecen más rápido en la última década en América Latina. Pero ese crecimiento no genera la posibilidad de desarrollo, sino que probablemente la termina cercenando,” añade Luna.

-Una dinámica más difícil de combatir…
-En definitiva, debemos comenzar a pensar en esto como un problema de desarrollo, en lugar de como un ámbito estrictamente policial. Se combate no como un problema criminal sino con una perspectiva más amplia. Primero, hay que reconocer que el modelo de desarrollo está agotado, desvirtuado, o está por lo menos en problemas. Tenemos una economía formal estancada, que no crece. Entonces, como hay una crisis del modelo en general, se observan manifestaciones como las que estamos viendo: grandes cuotas de cesantía, que es absorbida por industrias ilegales y por la economía informal en gran medida. Se generan incentivos perversos, porque la gente que no tiene capacidad de insertarse en la economía y en la educación formal, o que ve que los caminos para llegar a la educación son excesivamente onerosos o poco probables, encuentra, en este otro camino, una vía facilista, más corta y, por lo tanto, mucho más atractiva y, además, eventualmente más legítima.

-¿Más legítima?
-Mira, por ejemplo, las letras de la música urbana chilena. En muchas de ellas te encuentras con una visión de la política, de la economía legal, como actividades fundamentalmente corruptas, que benefician a los poderosos y a los privilegiados. Mientras las actividades ilegales empiezan a ser vistas como un ámbito de resistencia legítima, que soluciona problemas que el Estado no ha podido resolver para la gente, y que generan prestigio y adhesión social. Para los sectores que se sienten eternamente postergados y abusados, el narco no es solo violencia. Es una vía que se percibe como socialmente legítima para buscar soluciones, sea directamente o a través de la beneficencia narco. Si el sistema me abusa, si percibo a ese sistema como corrupto… entonces, parte del problema es que en la medida que la política se desprestigia, que el Estado tiene menos capacidad de incidir y de mover la aguja en cuanto a mejorar la vida de la gente, las instituciones tienen cada vez menos legitimidad y se van quedando con menos herramientas para combatir la ilegalidad.

-Entonces, cuando se pide más policía, ¿no es una solución de fondo?
-La policía no puede resolver, por sí sola, problemas de esta complejidad. Además, hay que preguntarse: ¿qué clase de policía se tiene? Lo que no se puede hacer es solo ponerle plata a la policía, sin contrapartidas. Si no, si tienes una policía eventualmente comprometida con redes de ilegalidad, estás poniéndoles plata a esas redes ilícitas. No se puede pensar en un fortalecimiento de la policía sin incorporar procesos significativos de reforma institucional que involucren centralmente la capacidad de hacer inteligencia, de coordinar más estructuralmente con las fiscalías, de fortalecer divisiones de Asuntos Internos que tengan dientes, de posibilitar un mayor control civil de las policías. Lo otro son fuegos artificiales. Este es un problema social, la policía es uno de los eslabones que hay que utilizar en una estrategia multidimensional para tratar de atacar todos los vectores que están involucrados. También hay un tema con los medios de comunicación que es muy importante. Debería existir una discusión más abierta sobre lo que allí se plasma y cuáles son las consecuencias de eso.

-En los medios hay una nutrida cobertura criminal a toda hora…
–Los medios contribuyen a reforzar un clima de inseguridad que termina abriendo juego al populismo punitivo. Así, las soluciones de mano dura terminan siendo muy populares y eventualmente ganan elecciones. No obstante, la evidencia muestra que la mano dura no soluciona el problema de fondo y genera una serie de otros problemas: desde el fin de la democracia y la violación masiva de los derechos humanos, como en el caso de El Salvador hoy, hasta situaciones en que la mano dura genera una escalada de violencia y corrupción. La evidencia disponible muestra esto claramente para los casos de Brasil, de México, de Colombia. Cuando el Estado “se va en la dura”, no solo no baja la violencia, sino que escala. Y, al mismo tiempo, sube el precio de las coimas que aquellos que cooperan con el crimen organizado pueden cobrar.

Juan Pablo Luna sostiene que se genera también otro problema, muy serio para Chile: “El populismo punitivo pone presión a un sistema carcelario que ya vive una crisis significativa. En América Latina, las cárceles hoy son el lugar desde donde se estructura y se maneja el crimen organizado. En ese sentido, las bandas brasileras son un ejemplo bien brutal de cómo, desde la cárcel, se puede coordinar una organización criminal y controlar la calle, poniéndole condiciones a la política, pudiendo incluso exportar esas estructuras a otros países, como el caso de Paraguay, donde las bandas brasileras empiezan a dominar y a quebrar el pacto de protección tradicional del que hablaba Andreas al comienzo de esta entrevista. Meter más y más gente a la cárcel es efectista, pero contribuye a agrandar el problema a mediano y largo plazo”.

-¿Hay conciencia, a nivel político y social, de que se enfrenta un tema de desarrollo?
-Diría que no. Es un fenómeno que se estudia desconectado de su raigambre social. ¿Qué se puede hacer para arreglar los problemas de desarrollo de los países? Son problemas estructurales monumentales, pasan los gobiernos y los problemas de desarrollo siguen. Es complejo porque, políticamente hablando, no puedes decirle a la gente: “Es un problema de desarrollo de largo plazo, vamos a pasar los próximos 20 años viendo qué se puede hacer”. Y no solo depende de lo que se haga en Chile, buena parte de lo que estamos conversando tiene también una fuerte influencia de dinámicas internacionales.

-¿También se expresa en debilitamiento político?
-En el sentido de que la política no puede con esto, tiene limitaciones serias para dar respuestas a un problema de semejante magnitud. Esa es la verdad. Las soluciones hiperautoritarias o facilistas tienen un vuelo corto… En El Salvador hoy las tasas de violencia bajaron de manera radical. Aún no sabemos cómo se sostiene eso en el largo plazo. Pero mientras tanto, los jóvenes no pueden salir a la calle, por temor a que, si salen, los puedan arrestar y los metan a la cárcel sin proceso, sin cargos, sin nada. Así cualquiera arregla el problema.

-Estamos en un momento en que avanzan fuerzas que ofrecen mano dura. En Chile hay quienes miran como modelo lo que hace Bukele en El Salvador.
-Lo que pasa es que cambia un problema por otro. En Chile la derecha criticaba enormemente a la Concertación por su manejo de la seguridad. Y las dos administraciones de Piñera tuvieron las mismas dificultades. De hecho, los indicadores fueron iguales o peores. Evidentemente es un problema de Estado y las administraciones se van pasando el problema unas a otras. Históricamente se echan la culpa unos a otros. Sobre un tema tan central como el de la seguridad, deberíamos tener políticas de Estado, acuerdos transversales, que estructuren una estrategia más integral y de largo plazo. A los países cuyos elencos políticos compiten encarnizadamente sobre estos temas les termina yendo muy mal. En el fondo, si competimos sobre la función que define al poder estatal, nos vamos quedando sin Estado. Y sin Estado, no hay democracia.

-¿Cómo manejan el crimen organizado los países desarrollados?
-Hoy Bélgica, Holanda, Suecia tienen problemas serios con el crimen organizado, pero esos problemas todavía son más acotados y están circunscritos a ciertos ámbitos. Eso es en parte porque tienen economías legales que generan empleo y buena calidad de vida para un grupo importante de la gente. No es que tengan necesariamente policía menos corrupta o más eficiente. No se trata de que en América Latina somos corruptos y en Europa no. El mayor consumo y los mayores márgenes del negocio están en Europa y en Estados Unidos. El tema es que el tamaño de la economía legal y el peso relativo de la institucionalidad estatal le ponen cortapisas a la expansión que en América Latina tiene el negocio. En nuestros países, el bienestar que genera nuestra economía legal y los sistemas de protección social que pueden implementar los Estados de la región, les han abierto campo a estas otras actividades

-¿Hay ventaja de un Estado social sobre uno subsidiario, o viceversa, para el desarrollo y frenar en algo el aumento del crimen organizado?
-La crisis política de Chile es una crisis de Estado en el sentido de que la política no logra ofrecer soluciones que la gente encuentre satisfactorias respecto a pisos básicos de dignidad. Eso ha generado un caldo de cultivo en el cual la política, los canales legales, se vuelven menos legítimos. Eso les da espacio a actores y a actividades que ven en lo ilegal o en la informalidad atajos para satisfacer necesidades y aspiraciones que no pueden satisfacer por la vía formal e institucional. Eso está en el sustrato de lo que vemos no solo en Chile, sino en América Latina. Y eso, sumado a la expansión de estos mercados, a los márgenes que generan estos mercados, abre un campo propicio para la situación que hoy tenemos. En realidad, no hay soluciones simples ni a la mano. Primero, hay que entender el tipo de problema que tenemos y su enorme complejidad. A eso buscamos contribuir con este trabajo.

-¿Qué cosas pueden ayudar?
-Una de las cosas clave y que es inentendible para quienes piensan que Chile tiene un Estado fuerte y capaz, es la falta de un aparato de inteligencia, de datos, con capacidad de perseguir la ruta del dinero, por ejemplo. En eso hay mucho que mejorar. La incapacidad de perseguir estructuras criminales complejas. Las cárceles chilenas están llenas de microtraficantes, muchos de ellos mujeres. Si uno mira las cárceles, pareciera que no hay grandes traficantes en Chile, ni grandes jugadores del negocio. Caen eventualmente embarques enormes de droga, pero nadie sabe quiénes los están moviendo. Tenemos un Estado y una sociedad que solo ven narcotráfico en las poblaciones y en los eslabones más débiles de la cadena.

-O una protección a la paraguaya…
-O un mirar para otro lado. Muchas veces no es que el Estado o la política esté activamente coludida, sino que simplemente elige mirar para otro lado. En eso también hay clasismo. Siempre pensamos que el narcotraficante es el flaite. Y esos no son los jugadores que hacen más dinero en un mercado como el chileno, donde se hace más plata con el tráfico internacional o con el lavado, crecientemente también con la producción y con el tráfico en segmentos ABC1. Pero el foco está puesto en otro lado. De nuevo, el mejor crimen organizado no se ve. Entonces, lo que se ve probablemente sean manifestaciones menos relevantes, aunque más violentas. Pero allí no es donde se están realizando los grandes negocios. Tampoco es allí donde la institucionalidad estatal está necesariamente más comprometida.