El anteproyecto constitucional de la Comisión Experta propone la creación de una figura inédita en Chile, una Fiscalía de Asuntos Internos que esté a cargo de un fiscal nombrado para tal efecto por la Corte Suprema. Hoy lunes, el máximo tribunal del país deberá decidir si admite a trámite el recurso interpuesto por 17 parlamentarios, que acusan a la cabeza del Ministerio Público en Concepción de un supuesto actuar negligente en varios casos, entre ellos, la muerte del niño Tomás Bravo, la desaparición de Sergio Mardoff, y el hecho de que uno de los indagados por el homicidio del carabinero Daniel Palma, Luis Lugo Machado, estuviera en libertad.
La solicitud de destitución formulada por un grupo de 17 diputados en contra de la Fiscal Regional del Biobío, Marcela Cartagena, es inédita no solo por el hecho de que se presenta por segunda vez –en una primera instancia, la Corte Suprema rechazó su admisibilidad por cuestiones de forma, en fallo dividido; y en la segunda instancia fue aprobado–, sino también porque se formula justo en momentos en que se desarrolla un nuevo proceso constituyente, con una propuesta en el anteproyecto de Constitución de la Comisión Experta que, entre otras cosas, plantea la creación de una Fiscalía de Asuntos Internos en el Ministerio Público, a cargo de un fiscal nombrado para tal efecto por el máximo tribunal del país.
Pese a eso, el anteproyecto de la señalada Comisión no innova mayormente en la forma de destitución del Fiscal Nacional y los Fiscales Regionales (aunque incluye al Fiscal de Asuntos Internos), manteniendo básicamente la misma estructura que existe hoy y reinstalando la vieja cuestión acerca de cómo se fiscaliza a los fiscales, en una institución cuyos mecanismos de control internos han sido objeto de severas críticas en forma histórica.
El libelo contra la fiscal Cartagena, cuya admisibilidad debe ser discutida este lunes por la Corte Suprema, explicita 10 hechos por los cuales se le acusa. Los más conocidos son el caso del niño Tomás Bravo y las negligencias ocurridas durante la indagatoria, así como la desaparición del joven Sergio Mardoff (cuyo cuerpo estuvo tres años abandonado en el Servicio Médico Legal de Concepción) y otros más desconocidos, como el caso del exfiscal de Cañete Luis Morales Palacios, quien –según el documento– fue destituido de su cargo por la fiscal Cartagena en 2019, determinación posteriormente revertida por la Fiscalía Nacional. En el mismo texto se hace hincapié en que quien defendió a Morales en dicha ocasión fue el abogado Ángel Valencia, es decir, el actual Fiscal Nacional. Otro caso que se menciona es el de Luis Lugo Machado, uno de los implicados en los hechos que desembocaron en el homicidio del suboficial de Carabineros Daniel Palma, quien –a juicio de los parlamentarios– no debería haberse encontrado en libertad en ese momento si la Fiscalía del Biobío hubiera actuado como correspondía en su contra.
El diputado Leonidas Romero, del Partido Republicano, que es el principal promotor del libelo en contra de la fiscal Cartagena, señala que en esta ocasión se subsanaron los errores formales observados por la Suprema durante la primera acusación, aseverando que ahora “los fiscalizadores están siendo fiscalizados”.
Según afirma, “yo conversé con muchos diputados de diferentes colores políticos, de diferentes regiones, y la mayoría me decía ‘yo no me quiero enemistar con el fiscal’ o ‘yo no quiero tener problemas con la Fiscalía‘”, aludiendo al poder implícito de los persecutores.
Ante ello, Romero argumenta que “sé que es un riesgo alto, sé que me estoy ganando enemigos poderosos, pero hay que escuchar a las víctimas, a la gente más humilde, que han sido atropelladas en sus derechos. De hecho, los han atendido en forma déspota, prepotente, no les han entregado antecedentes”. En el mismo sentido, el parlamentario comenta que “hoy día los victimarios, los delincuentes, tienen defensa pagada por el Estado, y las víctimas tienen que hacer completadas o bingos para ver cómo contratan un abogado”.
Asimismo, enfatiza que “la Fiscal Regional culpa al empedrado cuando culpa a Carabineros, a la PDI, al Servicio Médico Legal, y la verdad es que ella es la responsable”, haciendo referencia a la muerte del niño Tomás Bravo, cuya madre acompañó al diputado a presentar la primera acusación, en abril pasado.
Sin embargo, Romero es tajante cuando se le pregunta sobre si la posibilidad de una nueva Constitución puede implicar la creación de instituciones que, de algún modo, contrapesen el poder de los fiscales. Definiéndose como “pinochetista” y aseverando que no competirá por un tercer periodo en la Cámara, asegura que independientemente de que su partido sea la mayoría en el Consejo Constitucional, “yo voy a votar en contra el 17 de diciembre, porque para mí la actual Constitución representa lo que el pueblo de Chile quiere: la libertad, el emprendimiento, la economía y el derecho preferente de los padres”.
Por su parte, el exfiscal, exconvencional constituyente y profesor universitario, Andrés Cruz, ve una oportunidad de mejora en el actual proceso y explica que “en la Fiscalía Nacional hubo un momento determinado en que fue cooptada por un grupo de amigos, lo que permitió que se fuera nombrando a las mismas personas dentro de los cargos de Fiscales Regionales, de manera consecutiva”. Ello –a su juicio–, derivó también en que cuando algún persecutor cercano a ellos era acusado de algo indebido, era protegido y no recibía sanciones.
En tal sentido, Cruz cree que es positiva la idea de generar una Fiscalía de Asuntos Internos, “que permita efectuar indagaciones de carácter funcionario y que tenga una autonomía respecto de las otras Fiscalías”, junto con agregar que “siempre ha sido bueno que dentro de las instituciones existan equilibrios de poder”. Sin embargo, señala que eso no ocurre actualmente, pues “la figura del Fiscal Nacional concentra mucho poder. En el fondo, si alguien adquiere un grado de vinculación con el Fiscal Nacional, eso implica que puede tener un grado de protección superior que aquel que no la tiene: lo vimos en otras experiencias, lo vivimos, respecto de determinadas situaciones que se dieron entre Fiscales Regionales y el Fiscal Nacional”, por lo cual afirma, en forma taxativa, que “nunca es bueno que todo el poder se concentre solo en una persona”.
En la misma línea, agrega que, si llegara a prosperar la iniciativa de la Fiscalía de Asuntos Internos, es necesario que ese órgano “tampoco concentre una cantidad de poder significativo, que signifique que va a controlar o cooptar a la institución”.
Otro abogado litigante de larga trayectoria, Hernán Fernández –el responsable de la persecución contra Paul Schäfer y del pedófilo Rafael Maureira Trujillo, más conocido como “Zacarach”–, también coincide en que una Fiscalía de Asuntos Internos puede funcionar. Al respecto, puntualiza que hoy los fiscales prácticamente no poseen contrapesos en el sistema de persecución, “pues las vías de reclamación legal son vías internas ante la propia Fiscalía y, en general, desde las Fiscalías Regionales se respalda a los fiscales adjuntos. Es frustrante, para quienes representamos a las víctimas, que la mayoría de las veces se den respuestas formales que, en lugar de abrir puertas, más bien las cierran”, afirma.
Un ejemplo de ello, añade, es que “los fiscales adjuntos consultan previamente al o la Fiscal Regional las decisiones de no perseverar en el procedimiento, lo que lleva al archivo de las causas, por lo cual las reclamaciones de los querellantes y las víctimas se convierten en una materia ya resuelta por la autoridad que debe decidir la reclamación, lo que anula en gran medida el derecho de la víctima”.
Asimismo, menciona que “otro problema es que, si el Fiscal Regional rechaza las reclamaciones por diligencias que son negadas por el fiscal adjunto, el querellante puede solicitarlas al juez de Garantía, pero solo al cierre de la investigación, lo cual puede lleva a que se pierda la oportunidad y la eficacia para la realización de algunas diligencias de investigación”.
Por lo anterior, el abogado Fernández opina que “esta autonomía sin control es el problema; no hay que confundir autonomía con negación o invisibilidad de los derechos de las víctimas”, y, a la vez, precisa que “es necesario destacar la excelente labor de fiscales comprometidos, con conocimientos y sólida experiencia, pero esa debiera ser una garantía para todas las víctimas y no una excepción”. Esto –a su juicio–, pues “en mi experiencia representando víctimas, especialmente a niños y a niñas, el primer obstáculo que tienen las víctimas no es el defensor penal de los imputados: el primer obstáculo para la expectativa de justicia de las víctimas es el fiscal adjunto a cargo de la investigación”, sostiene.
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