Este año se discutirá la Directiva europea sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, que entre otras cosas busca proteger los Derechos Humanos de pueblos originarios y de los defensores del medio ambiente, frente a las inversiones realizadas desde Europa. Las organizaciones latinoamericanas piden que se apruebe.
Más de 100 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de 13 países de Latinoamérica y el Caribe, incluida la Plataforma Chilena de Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas, que reúne a organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos, indígenas, laborales y ambientales y la academia, enviaron una carta a la presidencia española de la Unión Europea(UE), para que promueva durante su mandato la Directiva Europea que busca obligar a las empresas multinacionales que operan en el continente a responsabilizarse de potenciales malas prácticas que vulneren los Derechos Humanos y afecten al medioambiente.
“Por desgracia, contamos con numerosos casos en que las empresas no se han responsabilizado de las consecuencias de sus malas prácticas, afectando a la vida de miles de personas y causando en el peor de los casos, muerte y sufrimiento. Además, existen numerosas barreras en el acceso a la reparación y a una justicia efectiva para las víctimas. La próxima legislación debe garantizar ese derecho tan básico y esencial”, subrayó Lusitania Villablanca, directora de la ONG Libera y parte del equipo redactor representante de la Plataforma Chilena.
En el mismo sentido, Judith Schonsteiner, co-coordinadora de la Plataforma Chilena y académica del Centro de Derechos Humanos de la UDP, agregó que “es muy valioso el reciente anuncio del Subsecretario de Derechos Humanos, de que el gobierno presentará un proyecto de ley sobre debida diligencia obligatoria en Derechos Humanos”, puntualizando que “es crucial que la implementación obligatoria de la debida diligencia logre la prevención de violaciones a los derechos humanos por parte de las empresas”.
La Directiva europea sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD), fue propuesta por la Comisión Europea en febrero de 2022. El Consejo de la Unión Europea se manifestó al respecto el pasado mes de diciembre y el Parlamento Europeo lo hizo en junio de este año. De este modo, las negociaciones del texto entrarán en su fase final durante la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea, que comenzó el pasado de julio.
En la carta, los firmantes recuerdan que la UE es el segundo mayor inversor en la región y que España es el primero (a nivel de países europeos) y formulan una serie de recomendaciones, teniendo en cuenta los lazos históricos y culturales que unen España y Latinoamérica-Caribe, entre ellas que la futura legislación se aplique a la cadena global de valor en su totalidad, para reducir el riesgo de desprotección, además de incluir el sector financiero en la lista de sectores de alto riesgo. Asimismo, solicitan considerar de manera específica los riesgos sobre los derechos de los pueblos indígenas y originarios, e incluir entre los sujetos que deben ser protegidos, a los defensores de los Derechos Humanos y del medio ambiente, sobre todo “frente a las represalias a las que se ven sometidas” dichas personas.
