Neftalí Carabantes, exsubsecretario de Carabineros: “La general Robles es funcionaria activa aún”

El exsubsecretario de Carabineros Neftalí Carabantes (PR), también exdirector del Comité Público-Privado de Seguridad del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Ricardo Lagos, considera que “no podemos bajar los brazos y permitir que nos colonice el pesimismo” contra el “narco” y la delincuencia.

El abogado magallánico, actual secretario general de la Universidad Central –que fue también subsecretario de Gobierno en el primer periodo de Michelle Bachelet, de cuya ministra de Defensa dependía la Subsecretaría de Carabineros, ya desaparecida–, tiene una larga trayectoria estudiando temas sobre delincuencia y la coordinación entre gobiernos y las policías.

Para la segunda campaña presidencial de Bachelet, en 2013, el miembro del Partido Radical participó en la Comisión de Justicia y de Seguridad Ciudadana del comando, trabajando las propuestas antidelincuencia, la legislación de las policías y municipios, responsabilidad penal adolescente, reforma procesal, cárcel y rehabilitación. En las últimos días, analizó la salida y el nuevo empleo de la general Berta Robles en la Municipalidad de La Florida: “Robles conserva la calidad de funcionaria activa, con todos los derechos y obligaciones de los funcionarios activos”, asegura. También analizó la polémica y metafórica frase del vicepresidente del PS, Arturo Barrios, de “pactar con narcos” para poder trabajar con niños vulnerables en algunas comunas.

-¿La llegada de un general a un municipio como director de seguridad implica un mejor combate a la delincuencia?
-Considero importante poner la formación y la experiencia de una general de Carabineros al servicio del trabajo municipal en seguridad, en su rol colaborativo a la labor que desarrolla Carabineros y la PDI. Además, su llegada debiese facilitar la interacción con Carabineros, es decir, ser un buen puente de comunicación, como de hecho ya ocurre en otros municipios que han incorporado oficiales de Carabineros en retiro.

-¿Cuál es su visión del conflicto que generó la renuncia de la general Robles en Carabineros, para irse a trabajar con el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter?
-La base legal de esa controversia está regulada en la Ley N° 18.961, la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, en su artículo 39°, que señala, grosso modo, que los decretos supremos y resoluciones que dispongan el retiro de los generales, coroneles y suboficiales mayores fijarán la fecha en que se harán efectivos, que no podrá ser posterior en más de seis meses a la de dichos decretos. Lo mismo rige para el personal civil con treinta o más años de servicios que ocupe el grado más alto de su escalafón, y las vacantes respectivas podrán ser ocupadas desde la fecha del decreto que conceda o disponga el retiro.

-¿Entonces la general tiene dos empleos? ¿Qué dice el decreto de retiro de Robles?
-El decreto de retiro en cuestión debe señalar que este se hará efectivo seis meses después como máximo. Es importante precisar que durante ese lapso de 6 meses se produce la liberación de los servicios institucionales, y ella conserva la calidad de funcionaria activa, con todos los derechos y obligaciones de los funcionarios activos, pero no se prestan funciones o servicios en Carabineros.

-¿Y puede durante los seis meses prestar servicios fuera de Carabineros?
Por regla general, como funcionaria activa, durante esos seis meses no puede prestar servicios extrainstitucionales bajo dependencia ni subordinación, o que impliquen cumplir una jornada de trabajo. Tampoco puede prestar servicios en actividades que sean incompatibles con su condición de funcionaria activa, lo que efectivamente sucede con el cargo que ella estaba asumiendo en la Municipalidad de La Florida, ya que el cargo incide directamente en el giro de funciones esenciales de Carabineros, como la prevención de alteraciones al orden público y el restablecimiento de este.

“Una sanción puede ir desde una amonestación hasta días de arresto nominales”

-¿A qué sanción se expone la general Robles en el sumario en su contra en Carabineros?
-En el marco jurídico de Carabineros, las faltas no tienen una sanción particular asociada, sino que es discrecional de quien resuelve determinar su gravedad y sanción correlativa. En el evento de determinarse que se ha contravenido una norma reglamentaria institucional, la sanción puede ir desde una amonestación hasta días de arresto, por cierto, nominales, es decir, no efectivos. También el sumario puede terminar sin asignar responsabilidades.

-¿Hay alguna fórmula administrativa que podría permitir a la general Robles entrar a su nuevo empleo de La Florida, antes de esos 6 meses que dicta el decreto de retiro?
-Es un buen punto. Es dable señalar que esos 6 meses son renunciables por una funcionaria, para lo cual debe solicitar que se modifique el decreto de retiro, puesto que en derecho las cosas se deshacen como se hacen, es decir, mediante otro Decreto Supremo. ¿Con qué fin? Con el sentido de acortar el plazo de retiro efectivo y la pérdida de la condición de activo a 5, 4, 3  meses o al periodo completo. Pero, reitero, se requiere de otro acto administrativo o decreto, no basta el acto de solicitar la modificación del decreto original, esto es, debe dictarse, tramitarse y publicarse.

-¿En qué casos se utilizaría esta fórmula?
-Esto se utiliza generalmente cuando el interesado quiere trabajar en forma inmediata y no caer en la incompatibilidad de funciones, toda vez que, de realizar una actividad extrainstitucional remunerada, generaría un enriquecimiento indebido y una afectación del principio de probidad. El plazo de 6 meses es un lapso en que no se trabaja, pero se está a disposición del empleador, o sea, de Carabineros, y como tiene condición de funcionario activo y recibe sueldo como activo, no se pueden desarrollar otras funciones en seis meses.

-¿Por qué hay una demora de 6 meses para su pase a retiro?
-Ese desfase de tiempo de 6 meses para concretar el retiro real tiene su origen, principalmente, en el sinnúmero de trámites burocráticos que implica la obtención de la pensión de retiro, pues de otra forma el funcionario estaría 6 meses sin recibir sueldo ni pensión.

-¿Y podría la funcionaria renunciar a su sueldo en Carabineros, para no caer en la incompatibilidad de recibir una remuneración en la Municipalidad de La Florida?
-La renuncia al sueldo no existe en la normativa aplicable a Carabineros, por cuanto, aunque lo solicitara internamente, Finanzas o Remuneraciones no pueden cesar el pago de ese beneficio, ya que contravendría el Decreto Supremo de retiro que otorga seis meses para hacer efectivo el referido retiro.

“En este episodio faltó mayor rigor jurídico del municipio, pues era una controversia evitable”

-¿Qué responsabilidad tienen Carabineros, la general Robles y el alcalde Carter en este incidente?
-Carabineros está haciendo lo que corresponde, que es disponer la instrucción de una investigación, un sumario, toda vez que hay recursos públicos involucrados, y además, me imagino, producto de que no se solicitó la modificación de decreto de retiro, acortando el plazo o, habiéndolo solicitado, no se accedió a ello. La postura de Carabineros encuentra respaldo jurídico en numerosos dictámenes de la Contraloría, donde puntualiza que el periodo que medie entre la fecha de la emisión de sus respectivos decretos de retiros y aquella que se fije para que se hagan efectivo sus ceses, debe considerarse como servicios efectivos y, por ende, aquellos mantienen, en ese lapso, sus obligaciones disciplinarias y administrativas. En suma, Carabineros, mientras no se modifique el Decreto Supremo de retiro, debe pagarle su sueldo, pues permanece activa para todos los efectos legales.

-¿Y Robles y Carter?
-Considero que la general Robles ha actuado de buena fe, y por ello ha manifestado públicamente su voluntad de renunciar al sueldo en Carabineros, pero esta al final del día habrá sido una petición inoficiosa. No obstante, soy de la opinión que en este episodio faltó mayor rigor jurídico del municipio, pues el resultado es que hoy estamos frente a una controversia evitable, que debió ser abordada con mayor rigurosidad y que, de algún modo, daña la imagen de Carabineros y de la general Robles.

-¿Cuál es su evaluación de la frase de Arturo Barrios, sobre pactar con los narcos para poder entrar a trabajar o para que delincuentes no agredan a docentes en los colegios? ¿Cuál es su reflexión sobre el fondo del planteamiento?
-Sin duda que fueron expresiones muy desafortunadas, y entiendo que Arturo Barrios las aclaró y las rectificó. Pero en cuanto al fondo del asunto, al “narco” hay que combatirlo de manera frontal, con toda la fuerza del Estado de derecho y de las instituciones encargadas de la persecución penal, a fin de desarticular y poner tras las rejas a los integrantes de las bandas que operan en Chile. No existe pacto posible con el narcotráfico. El momento por el que atraviesa el país en materia delictual es muy complejo, pero es justo destacar la labor del Ministerio Público y de las policías en materia investigativa, puesto que parte importante de los delitos que hemos conocido en el último tiempo, sobre todo asociados al secuestro extorsivo, han sido resueltos rápidamente. Esto da cuenta de un trabajo serio y coordinado entre la Fiscalía, las Policías y el Ministerio del Interior. Eso demuestra instituciones sólidas, que no han sido penetradas por el “narco”, como sí ha ocurrido en otros países, en tanto son precisamente aquellas instituciones las que debemos fortalecer con mayores recursos humanos y tecnológicos. Ese es el camino. No podemos bajar los brazos y permitir que nos colonice el pesimismo. La lucha contra la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico no es asunto de izquierdas contra derechas, sino de democracia contra la amenaza de la criminalidad.