La enmienda presentada por consejeros de Chile Vamos plantea que, una vez nombrados por el Presidente, los funcionarios deberán concurrir a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, antes de que inicien su servicio en el extranjero. Una iniciativa, para muchos, bienvenida ante las variadas controversias y escándalos que se han vivido –en especial en los últimos años– en torno a algunas designaciones tan polémicas como la de la exembajadora en el Reino Unido, Susana Herrera.
Aunque por estos días toda la atención del proceso constitucional está puesta en los derechos sociales, una enmienda presentada por los consejeros de Chile Vamos está atrapando miradas. Relacionada con la designación de embajadores y que se votará en los próximos días, la propuesta es vista con buenos ojos, de manera transversal, por actores de la diplomacia y de la política exterior.
Y es que ciertas designaciones y ascensos de embajadores no han pasado inadvertidos por la opinión pública en los últimos tiempos. Ejemplos hay de sobra: el nombramiento, en 2018, por parte de Sebastián Piñera de su hermano Pablo en la embajada de Argentina, designación de la que desistió por el requerimiento de un grupo de parlamentarios ante la Contraloría.
O polémicas más recientes como la demora en los nombramientos de embajadores en China y México; lo ocurrido con la inexperta embajadora en Londres, Susana Herrera; la espera, de casi un año, por el agreement para Sebastián Depolo como embajador en Brasil; el enroque entre los embajadores en Canadá (Raúl Fernández Daza) y Francia (José Miguel Capdevila), por una investigación por acoso laboral contra este último. Y la guinda de la torta: la filtración de audios de una reunión privada “al más alto nivel” en el gabinete de la entonces ministra Urrejola, donde se hablaba del embajador argentino, mientras el Presidente Boric estaba de gira en Buenos Aires, en el contexto de la VII Cumbre de la Celac. Un entuerto que hoy tiene aún al Ministerio Público investigando las dependencias de Teatinos.
El texto presentado por los consejeros Becker, Cuevas, Gallardo, Hutt y Mangelsdorff se refiere al Capítulo V, artículo 102, inciso 1, literal a, que señala que dentro de las atribuciones especiales del Presidente de la República está “designar a los embajadores y embajadoras, a los jefes de misiones diplomáticas, y a los representantes ante organismos internacionales. Estos funcionarios, mientras dure dicha designación, serán de la confianza exclusiva del Presidente de la República y se mantendrán en sus puestos mientras cuenten con ella. En el caso de los embajadores, una vez designados y antes de iniciar su servicio en el extranjero, deberán concurrir, previa citación, a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado con el fin de efectuar una presentación en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo. En caso de que dicha comisión no citare al embajador en un plazo máximo de treinta días previo al inicio del servicio en el extranjero, este funcionario puede prescindir de la concurrencia”.
El anteproyecto de la Comisión Experta era muy parecido, pero no contemplaba la presentación ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.
Hasta 1973, los embajadores eran aprobados por el Senado. Esto significaba negociaciones, extorsiones y bloqueos. “Lo sufrió ampliamente el Gobierno de Salvador Allende, donde se bloqueó –entre otros nombres– al embajador nombrado en Moscú. Así, Ricardo Lagos Escobar nunca recibió la aprobación para asumir el cargo. Y al mirar la perspectiva comparada, Estados Unidos ha tenido por años parado el nombramiento de embajadores porque el Senado no los tramita. De hecho, recordemos que la embajada estadounidense en Santiago estuvo cuatro años sin representante. No me parece bien darle ese poder al Senado, es un arma política que deja al país sin una conducción clara de las relaciones exteriores”, explica un funcionario internacional.
Y señala que, por otra parte, “el sistema actual, donde se puede nombrar a cualquiera, tampoco resulta ideal. Hay muchos ejemplos de descriterio por parte de los jefes de Estado, además, suele haber demasiada presión de los partidos para obtener un puesto. Pero no se ha estudiado ni convenido un sistema mejor”.
El hecho de tener que comparecer públicamente y demostrar cualidades ante los parlamentarios, es una prueba y filtro que le exige cierta prestancia y atributos a la elegida o elegido. “Esta especie de venia es bien vista transversalmente dentro y fuera de Cancillería y en todas las tiendas”, señala una fuente.
En esa línea, permitiría “hacer público” al candidato. A juicio de un exembajador político con más de tres embajadas en el cuerpo, es sano para todos. “No puede ser que un candidato a embajador lo googlees y no aparezca por ningún lado. Muchos confunden la sobriedad con inexistencia, lo que a la larga se comporta como un incentivo perverso”, señala.
“Al mismo tiempo, para los políticos, se cumpliría la función de una especie de mayor preocupación que permitiría más prolijidad al evaluar la experiencia del candidato, incluso podría decirse que ‘distribuye’ el peso unipersonal de la designación dando cierta garantía a nombres que a veces llegan al Presidente sin mayores antecedentes o sin tiempo de chequearlos”, agrega un exembajador.
Puertas adentro –dicen– también podría ser “un umbral de mayor exigencia que oxigene un proceso en exceso endogámico (para muchos la Academia Diplomática no es un oráculo de certezas en desempeño) e, incluso, que dé garantías al funcionario evitando saltos ilógicos de grado o destinos no afines al postulante. A veces las arbitrariedades o la sinrazón es más brutal en la interna, pero pasan piola por venir de la carrera, lo que inhibe al gremio de opinar con mayor libertad”, explica una fuente.
Por su parte, el exembajador y exdirector de la Academia Diplomática de Chile, Carlos Portales, señala que este es un tema muy importante y que debería existir una fórmula, pero no es una materia constitucional. “Tengo una visión crítica sobre esto de tratar de meter todo en la Constitución. Estamos hablando de una discusión que trasciende la estructura del Estado y están tratando de agregar temas que son importantes, pero no son constitucionales”, sostiene.
Piensa que es importante buscar un criterio, pero con otra figura. “Quizá dictar una ley orgánica, por ejemplo, sobre la representación exterior, donde podría establecerse algún tipo de procedimiento para calificación de embajadores, pero no es este el momento de hacerlo. Mi objeción es que este no es un tema constitucional”, afirma.
