Entre los objetivos más importantes del Presidente Boric en su reciente viaje a Estados Unidos, estaba avanzar en el posicionamiento del país para lograr la Secretaría Ejecutiva del Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ). Una postulación que Chile formalizó en marzo pasado y cuyo lobby, hoy, sigue su curso a nivel internacional. Según fuentes oficiales y no oficiales, la estrategia de promover, al más alto nivel, a Valparaíso como sede del organismo, se cumplió totalmente, incluso fue parte del discurso ante la Asamblea General de la ONU. Ahora queda, por lo menos, un año de trabajo para que se efectúe esa elección.
Fue el pasado 20 de septiembre, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York y luego de 10 años de negociaciones, que el Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales –Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ), en inglés– estuvo disponible para su firma por los Estados miembros de la ONU. Y Chile fue uno de los primeros en hacerlo.
En la instancia el Presidente Gabriel Boric estuvo acompañado por el canciller Alberto van Klaveren y la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.
La breve ceremonia era parte relevante de la estrategia que la delegación chilena había trazado para ese viaje y cuyo objetivo final era avanzar en la candidatura de Valparaíso como sede de la Secretaría del BBNJ.
Una vez finalizada la firma, el Presidente se trasladó a la Cumbre de Acción Climática. El canciller, por su parte, participó en el evento de alto nivel “High Ambition for the High Seas”, organizado por la Alianza por la Alta Mar, donde las actrices Sigourney Weaver y Jane Fonda llamaron –como embajadoras de la instancia– a cumplir con el objetivo de acelerar la entrada en vigor del tratado antes de 2025.
Esa misma tarde Gabriel Boric, ante el plenario de la ONU, refrendó, como parte de su discurso, la propuesta del país para encabezar la plataforma de protección de los océanos. “Y hoy reitero ante esta asamblea nuestra voluntad y disposición para que Valparaíso, puerto histórico de América, Perla del Pacífico, sea sede de la Secretaría de este tratado. Cuenten con nosotros para su desarrollo y para la contribución a un desarrollo más justo, sustentable y equitativo”, expresó.
El despliegue de la diplomacia chilena en torno a la protección de los océanos, durante la última década, ha sido importante y de gran coordinación con instancias regionales y sectoriales que tienen competencias en alta mar. De hecho, Chile es parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) desde 1997 y es reconocido por ello.
“Chile se ha tomado muy en serio el tema, a nivel de política de Estado. Todos los gobiernos han ido realizando su trabajo y poniendo el equipo a disposición. Todo indica que a la actual administración le corresponderá cerrar la posta, aunque va a depender de los plazos de los organismos internacionales. En todo caso el acuerdo ya tiene la firma de Gabriel Boric”, señala una fuente.
En marzo pasado, la excanciller Antonia Urrejola oficializó la propuesta para acoger en Valparaíso la Secretaría de BBNJ. “Instalar en el país la Secretaría de este instrumento internacional puede reportar beneficios tanto a nivel local como nacional, siendo un aporte y una oportunidad, entre otros, para la comunidad científica y las universidades nacionales, ya que el tratado tiene un capítulo fundamental de construcción de capacidades y de transferencia de tecnologías, además de una gobernanza para las acciones que los países deseen desarrollar en alta mar”, señaló en la ocasión. Y añadió la excanciller: “Estamos conscientes del esfuerzo especial que se esperará de nosotros como país sede de BBNJ. Chile facilitará este proceso, con realismo, transparencia y voluntad política para asegurar que la implementación de BBNJ sea un éxito”.
El tratado comenzó a pensarse casi en el nacimiento de la Convemar, en 1994, pero solo se puso en discusión en Naciones Unidas en 2006. La idea central: garantizar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en las áreas situadas fuera de las jurisdicciones nacionales (más allá de las 200 millas). Tras años de negociaciones, donde nuestro país, a través de su representación en la ONU, ha sido un activo y reconocido integrante, se concluyó su redacción el 19 de junio pasado en Nueva York. En esa reunión el ministro Van Klaveren ratificó la propuesta de Chile para albergar la Secretaría. Entonces se acordó que el texto estaría listo para su firma desde el 20 de septiembre de 2023.
El BBNJ plantea un procedimiento para establecer Áreas Marinas Protegidas a gran escala en alta mar. Esto facilita el logro del objetivo de conservar y gestionar eficazmente el 30% de la tierra y el mar para 2030. Acuerdo al que se arribó en diciembre de 2022, en el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal. Este establece la distribución de beneficios de los recursos genéticos marinos y prevé el desarrollo de capacidades y la transferencia de tecnología marina entre las partes.
Además, contiene reglas claras para realizar evaluaciones de impacto ambiental, con los controles y equilibrios adecuados, antes de desarrollar actividades en alta mar. En el señalado Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, los gobiernos del mundo apoyaron el objetivo de proteger al menos el 30% de nuestro océano global para 2030. Actualmente, solo el 1,2% de la alta mar está protegido.
Este acuerdo también es una adición bienvenida a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), que proporciona el marco legal dentro del cual se llevan a cabo todas las actividades en el océano.
La Unión Europea se ha comprometido a apoyar la ratificación “y la pronta implementación del tratado a través del Programa Global de Océanos de la UE de 40 millones de euros y ha invitado a los miembros de la Coalición de Alta Ambición a hacer lo mismo dentro de sus capacidades”.
El primer objetivo era que 60 naciones firmaran el documento, para que entrera en vigor. Al cierre de esta nota, de los 195 Estados miembros de la ONU, han firmado 80, pero ninguno ha ratificado. La ratificación se hace de acuerdo a las normas de cada país y, en el caso de Chile, debe hacerlo el Senado.
Pese a que Bélgica también está en campaña por la Secretaría, la diplomacia chilena cree tener grandes posibilidades, porque se viene trabajando desde hace años el tema. “Además, el país es reconocido por su agenda medioambiental. Además, posee el 43% de la zona económica en estado de conservación y hay muchos que ven con buenos ojos que la sede quede en el Pacífico y en el sur global”, explica una funcionaria internacional.
El acuerdo estará abierto para la firma de todos los Estados en la sede de la ONU en Nueva York hasta el 20 de septiembre de 2025. Una vez transcurrido este plazo, los Estados podrán adherirse al Acuerdo. Por adhesión se entiende el acto por el que un Estado expresa su consentimiento a quedar vinculado por un Acuerdo.
En tanto, se espera que la decisión sobre la Secretaría se resuelva en la Primera Conferencia de las Partes de la ONU (COP1 de BBNJ), una vez que el instrumento entre en vigor (vale decir, ratificado por lo menos por 60 naciones), lo que deberá ser en un año más.
Desde la Cancillería explican que “en la COP1 se decidirá sobre la sede de la Secretaría, en principio por consenso de los países. En esa misma instancia se determinará la estructura de la Secretaría, compuesta por funcionarios de la Naciones Unidas. Luego de tomada esta decisión, se debiera seguir la práctica de Naciones Unidas de negociar un acuerdo de sede con el país que acoge la Secretaría, por medio del cual se determinan el estatus diplomático de la sede y sus funcionarios, además de otras facilidades que podría otorgar el Estado receptor”.
La idea, precisan desde organismos internacionales, es que el Tratado entre en vigor antes de la Conferencia sobre los Océanos de las Naciones Unidas de 2025, que se celebrará en Niza, Francia.
