El jefe policial, que pasará al área de Recursos Humanos de la Policía, ofreció una rueda de prensa en la ciudad sureña de Arequipa, donde afirmó que pedirá una audiencia al presidente de Perú, Alan García, quien el jueves lo acusó de haber actuado «mansamente, con miedo físico, inocencia e ingenuidad».
El general Alberto Jordán fue destituido este viernes de la jefatura de la XI Dirección Territorial de la Policía de Perú tras haber sido capturado el pasado lunes junto a decenas de agentes por una turba de manifestantes en la región de Moquegua (sur), informaron medios locales.
Jordán fue retenido durante 24 horas por miles de manifestantes que lo obligaron a pedir perdón y usar una bandera blanca, bajo la amenaza de ahorcarle en un puente junto a sus subalternos, según explicó luego.
Los habitantes de Moquegua mantuvieron, hasta el último jueves, una huelga con bloqueos de carreteras y ataques a locales públicos en reclamo de un aumento del canon minero que recibe su región.
El comando policial determinó este viernes que Jordán será reemplazado por el también general de la Policía Roberto Villar Amiel, hasta ahora jefe de la VIII Dirección Territorial, con sede en la ciudad centro andina de Huancayo.
Jordán, que pasará al área de Recursos Humanos de la Policía, ofreció una rueda de prensa en la ciudad sureña de Arequipa, donde afirmó que pedirá una audiencia al presidente de Perú, Alan García, quien el jueves lo acusó de haber actuado «mansamente, con miedo físico, inocencia e ingenuidad».
«Con todo respeto le digo, señor presidente, a usted no le han dado bien la información de los hechos. Yo he trabajado para que este operativo no tenga ningún costo social», señaló el general.
El destituido jefe policial también afirmó que acudió a Moquegua al frente de un destacamento que no tenía armas por orden del director general de la Policía, Octavio Salazar.
«Tengo dignidad y me voy con la cabeza en alto», remarcó.
Jordán aseguró que su actitud tras ser capturado «fue una decisión plena» y que la tomó para evitar que los policías a su cargo fueran atacados por los manifestantes.
El general también se preguntó: «¿Qué hubiera pasado si hubieran habido 30 muertos?, ¿Dónde estaríamos ahora?, ¿Dónde estaría el señor ministro del Interior (Luis Alva Castro)?, ¿Dónde estaría el señor director general de la PNP?, ¿Qué problemas tendría nuestro señor presidente de la República?».
Jordán se quejó, además, de no haber recibido el mismo apoyo que el jefe de la IX región policial de Ayacucho, el general Oswaldo Hurtado, quien se mantiene en su puesto pese a la muerte de dos campesinos durante un paro del pasado 19 de febrero.
El Gobierno de Perú, las autoridades regionales y los dirigentes sociales anunciaron el jueves el fin de la violenta huelga que provocó un centenar de heridos y el desabastecimiento del sur del país, bloqueado durante diez días.
La huelga, iniciada el 10 de junio, fue convocada por los pobladores de Moquegua en demanda de un reparto más equitativo del canon minero, al considerar que la vecina Tacna resulta más beneficiada del impuesto que abona al Estado la minera Southern Cooper, de capital mexicano y que explota cobre en ambas regiones.
Del canon que el Estado recibe de Southern, la segunda mayor empresa en Perú, en Tacna se repartieron el año pasado 712 millones de nuevos soles (253 millones de dólares) frente a 188 millones de nuevos soles (64,4 millones de dólares) que llegaron a Moquegua.
Los moqueguanos reclamaron una transferencia por concepto del canon de 469 millones de nuevos soles (167 millones de dólares), correspondientes al 2007, que deberían invertirse en obras públicas.
Las protestas han dejado pérdidas de 46 millones de nuevos soles (15,8 millones de dólares) en el sur de Perú, según la Cámara Nacional de Comercio Producción y Servicios (Perucámaras).
EFE
