Sin pensar mucho, divagamos sobre ese futuro que se nos ofrece: el de una aldea de verdad global, con todos conectados -¿y por qué no paralizados?- a través del multimedia, con internet como modelo actual de lo que podremos llegar a vivir. Será cuestión de paranoia personal, pero la idea no deja de asustarme por otra de sus vertientes: la posibilidad de que todo eso, también, sirva para controlarnos más ferreamente, almacenándonos en sucesivos archivos, sufriendo la posibilidad de que determinados «cruces» o coincidencias de registros nos ubiquen en la mira de algún poder.
Hace unos días viví uno de esos encuentros extraños: en un pasillo de una multitienda me di de bruces con un ex compañero de universidad que no veía -sin exagerar- hace siete años. Había dejado su cargo de gerente de marketing de una gran compañía para «arriesgar» en el área de las nuevas tecnologías. Llevaba la prueba en el bolsillo: un llaverito más pequeño que una caja de fósforos, con unos cuantos botones.
«Esto es todo» -me dijo- «teléfono celular, sistema de posicionamiento satelital (GPS), conexión a una central de emergencias, control total de tu vehículo». No sé si, además, pagando un suple, uno podrá optar a una cámara escondida en un baño de señoritas. En resumen, pulsas un botón y una telefonista preguntará si estás bien, si necesitas una ambulancia o cualquier otra cosa. No debes indicar el lugar en que estás: ellos siempre saben el lugar en que te encuentras por el GPS.
Mi amigo, feliz, me acotó: «¿Te acuerdas que a Ronaldo le robaron su auto hace dos meses y lo recuperó en dos horas? Andaba con un aparto como éste. Das la alarma, la central es capaz de detectar en qué lugar está y escuchar lo que se conversa al interior del vehículo, y cuando la policía lo tenga a la vista, aprietas este botón y el motor se para y los tipos quedan encerrados en su interior», concluyó con una sonrisa sincera, feliz, de niño ante un juguete a pilas.
Prometió invitarme a su casa y cumplió. Tengo sus recados en mi correo electrónico. Mensajes precisos, que sortean prácticamente mis problemas para calzar tiempo y posición para acudir a su casa sin GPS. Y sin embargo, no puedo dejar de pensar en esa idea de instalar un «chip» bajo la piel de determinados individuos para saber, permanentemente, en qué lugar se encuentran. ¿Por qué no al nacer, «por si las moscas», como diría Luis Corvalán? Y también imagino en cómo se deben morder los nudillos los ex capos del KGB y la nomenclatura de la Unión Soviética por no haber dispuesto a tiempo de tecnologías tan sofisticadas para controlar a la plebe, o al menos a los díscolos.
La globalidad no ha llegado, aún, a esos lindes. Está un poco más acá. Pero está. También en otras vertientes. Por ejemplo, para aterrizar, recordemos el informe número 133/99, del 19 de noviembre de 1999, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se refiere al asesinato de Carmelo Soria a manos de la DINA que lo secuestró el 14 de julio de 1976. El caso fue amnistiado por el decreto-ley 2.191 -que el informe identifica como «decreto de autoamnistía»-, por lo que sus familiares recurrieron a la Comisión.
El organismo interamericano concluye que «las decisiones judiciales de sobreseimiento definitivo dictadas en las causas criminales» abiertas por este asesinato «no sólo agravan la situación de impunidad, sino que, en definitiva, violan el derecho a la justicia que asiste a los familiares de las víctimas para identificar a los autores de dichos delitos, establecer responsabilidades y sanciones correspondientes, y obtener reparación judicial»; que «la Comisión reitera» que el decreto «de autoamnistía» «es incompatible con los artículos 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana, ratificada por ese Estado el 21 de agosto de 1990»; «que el Estado chileno ha violado sus obligaciones internacionales» por aplicar el decreto ley de «autoamnistía» después de haber entrado en vigor la Convención y por no haber «adaptado su legislación interna sobre amnistía».
Por cierto, la Comisión Interamericana recomienda hacer justicia en el caso de Carmelo Soria, al que identifica como «funcionario internacional». Y agrega que «en el caso que el Estado chileno considere que no puede cumplir con su obligación de sancionar a los responsables, debe en consecuencia aceptar la habilitación de la jurisdicción universal para tales fines».
Es otra cara de la globalización. Sin llaverito con botones, pero con un documento de 41 páginas que todavía pesa sobre las autoridades de nuestro país. No: que todavía pesa sobre nuestro país.
