Nuestros servidores públicos también nos informaron que -en opinión de la sociedad administradora de fondos de pensiones- los efectos de la interposición de las acciones legales aludidas no son aplicables a las 3 torres ya construidas, en razón a que ellas ya fueron recibidas por la dirección de obras correspondiente. Hasta un alumno de primer año de derecho sabe que ello no es así.
En nuestra columna «Edificios ilegales en Vitacura» del 19 de mayo pasado, dábamos a conocer todas las peripecias acontecidas con los permisos de construcción de 15 torres habitacionales -3 ya edificadas- en terrenos (ex áreas verdes) que formaban parte del Parque Las Américas, situado en la ribera sur del río Mapocho, dentro de la jurisdicción de esa encopetada comuna.
Decíamos que existe un contundente fallo de nulidad de derecho público de primera instancia que afecta a agentes privados que hacen millonarios negocios inmobiliarios con los fondos de pensiones del sistema instaurado en Chile en 1981 y como este delicado asunto de interés general -inexplicablemente- no ha sido bien cubierto por la prensa, recurrimos -con otras organizaciones sociales- al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones (SAFP), para que explicaran a la opinión pública cómo se iban a resguardar los intereses de los compradores de tales inmuebles y los propios fondos de aquellos que cotizan en el sistema de pensiones, si se ratifica el aludido fallo judicial, por parte de la Corte Suprema.
Con el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) sostuvimos una reunión con el fiscal del Sernac, a quien le solicitamos que su servicio público le exigiera a los vendedores de los departamentos de las torres, que informaran con claridad a sus potenciales compradores, que sus inmuebles estaban afectados por un fallo judicial, de tal forma que existiese transparencia en las reglas del juego dentro de la oferta y demanda: todos sabemos que el mercado funciona sólo cuando los actores manejan la información. Esa autoridad nos contestó que su servicio -de protección al consumidor- carecía de atribuciones para pedirle a la inmobiliaria que comunicara en sus prospectos este hecho relevante a sus futuros clientes.
Las 2 superintendencias mencionadas nos respondieron que 5 compañías administradoras -Cuprum, Magíster, Provida, Santa María y Summa- y 7 empresas de seguros -Consorcio Nacional, Cruz del Sur, ING, Met Life, Principal, Vida Corp, y Caja Reaseguradora- tienen inversiones directas o indirectas en el proyecto en cuestión, cuyo titular es el Fondo de Inversión Inmobiliaria Cimenta-Expansión, a través de una inversión en la Sociedad Inmobiliaria Independencia S.A. En todo caso quien tiene a su cargo el desarrollo de las obras es la Inmobiliaria Parque de Las Américas y Cía. S.A., cuyo 33% accionario es de la anterior.
Nuestros servidores públicos también nos informaron que -en opinión de la sociedad administradora de fondos de pensiones- los efectos de la interposición de las acciones legales aludidas no son aplicables a las 3 torres ya construidas, en razón a que ellas ya fueron recibidas por la dirección de obras correspondiente.
Hasta un alumno de primer año de derecho sabe que ello no es así y esta temeraria respuesta se nos ha dado, en la creencia que somos excesivamente ingenuos, con lo cual nos vamos a tragar sus «tranquilizadores» mensajes. La acción de nulidad de derecho público, de llegar a confirmarse en las instancias judiciales superiores, generaría tremendos resultados negativos en todos aquellos que han intervenido en el largo proceso, ya que innumerables autoridades conocían la ilegalidad dada a conocer por los afectados, mucho antes que se iniciara la construcción de las 3 torres. Hubo una inexcusable lenidad, en la equivocada creencia que los vecinos iban «a tirar la toalla», aburridos de ser tramitados por quienes deben hacer respetar las leyes. Los actores privados y públicos -en colusión- menospreciaron a la ciudadanía organizada y ahora están pagando las consecuencias, a la vista del fallo judicial.
Pero como en estas latitudes todas las «trabas burocráticas» se solucionan con la «picardía del chileno», ahora se está recurriendo al malabarismo de modificar las reglas urbanísticas establecidas para ese sector en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Vitacura, con lo cual se pretende burlar al poder judicial y se manipula a los vecinos que tuvieron las agallas de hacer valer sus derechos en las instancias competentes. Y lo anterior, a pesar de que el propio PRC vigente establece que, para aprobar cualquier aumento de densidad habitacional se requiere la ejecución previa de 2 obras de infraestructura : la avenida Costanera Sur y el emisario de aguas lluvia en una calle determinada. Obviamente éstas no existen.
Hoy en día, en la zona en donde se otorgaron los permisos ilegales, se pueden construir hasta 10 viviendas por hectárea, con una altura máxima de 2 pisos y en la modificación municipal ad portas se contemplan 320 viviendas por hectárea, con alturas de 14 pisos. Al compararse esta abismante diferencia en las densidades habitacionales, nos preguntamos si existirá todavía el pudor.
En síntesis, la Administración del Estado, a quien recurrimos recientemente para que expresara opiniones claras en resguardo de los cotizantes de fondos de pensiones, responde con excesivos formalismos y nos informa que la inversión total de los Fondos de Pensiones en el Fondo de Inversión Inmobiliaria Cimenta-Expansión, porcentualmente hablando, es bajísima (0,23%) con lo cual, de una plumada le baja el perfil al asunto.
Por lo relatado, concluimos que el farandulero reality de la TV es insignificante si lo comparamos con la forma de operar de nuestra obsecuente Administración. No hay dudas, en cuanto a quien manda en este país y vislumbramos que las cosas no van a mejorar para el ciudadano común que paga impuestos, que obedece las normas legales y que -con mansedumbre- va a votar cada 4 y 6 años para que todo siga igual.
(*) Director de la Agrupación «Defendamos la Ciudad».
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