José Maria Aznar no tiene otra salida política que adelantar la entrega del gobierno a su legítimo sucesor Rodriguez Zapatero. Cualquier intento de salvar la honra a costa de divulgar documentos e informes cuya circulación es reservada por ley, no lo exime de la responsabilidad política que tiene frente a los atentados del martes 11-M.
El pueblo español ha sido claro al respecto. Ya dio su veredicto democrático el domingo 14 de marzo en las urnas, propinando una contundente derrota electoral al gobierno. Políticamente el asunto está cerrado, y el Gobierno del PP tiene fecha constitucional de vencimiento.
Sin embargo, un mínimo de honorabilidad política obligaría a Aznar a considerar la necesidad de adelantar su retiro. Porque la causa de su derrota no proviene del natural desgaste del ejercicio de gobierno. Proviene del quiebre de la confianza ciudadana en el gobierno, por un tema tan sensible como la seguridad. Más aún, si la sospecha que ronda los hechos trágicos de Madrid, es que el gobierno manipuló información y trató, para usar las mismas palabras del Ministro del Interior español Angel Acebes, de «intoxicar de manera infame» la opinión pública acerca de la autoria del crimen.
Tampoco es correcto que Aznar y su gobierno ahonden la crisis de confianza usando instrumentos, como los informes reservados de CNI y otros organismos de seguridad, que el gobierno tenia la obligación de evaluar técnica y políticamente, antes de usar. Si los documentos usados demuestran lentitud o apreciaciones erróneas, como trata de insinuar su publicación, mayor la responsabilidad del Gobierno. Porque correspondía al poder civil velar por la conducción y eficiencia de los organismos de seguridad. Hay que tener mucha caradura para sostener, como lo está haciendo sutilmente el PP, que los éxitos son del Gobierno y los errores de la policía y los subalternos.
La doctrina del erros justificado
La doctrina del «error justificado» que trata de instalar el PP para salvar su honra, no se sostiene incluso de los propios documentos que ha desclasificado.
Nada explica por ejemplo que a las 17. 28 horas Ana Palacio, Ministra de Relaciones Exteriores haya enviado una nota urgente a todas las embajadas diciendo que » Deberá usted aprovechar aquellas ocasiones que se le presenten para confirmar autoría de ETA de estos brutales atentados, ayudando así a disipar cualquier tipo de duda que ciertas partes interesadas puedan querer hacer surgir en torno a quien está detrás de estos atentados» . A esa hora ya se estaba haciendo el tratamiento y reproducción de la cinta hallada siete horas antes en una furgoneta en la que se encontraron detonadores y grabaciones en árabe. Ya existían indicios más que suficientes para pensar en la autoría de terroristas árabes. Tanto es así que solo cuarenta y cinco minutos más tarde el Ministro del Interior se reúne con los responsables policiales y hora y media después Aznar llama al PSOE y a los medios de prensa para informar que han abierto una nueva línea de investigación.
Nada hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores español para desactivar el «error» del comunicado de la Ministra Palacio, ni el bochorno de haber obtenido un pronunciamiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenando a ETA. Pese a que los nuevos antecedentes demostraban un apresuramiento irresponsable, se decidió que los embajadores siguieran manteniendo una línea de información engañosa frente a los gobiernos amigos. Sin importarles que ello lesionara la credibilidad y la imagen de España en todo el mundo.
Más todavía. A las 15.51 de ese martes el Centro Nacional de Inteligencia informó sobre los atentados y su autoría, pese a que media hora antes había ingresado la mentada furgoneta a las dependencias centrales de la Policía en Canillas y que, una inspección ocular (Ä„) había detectado siete detonadores, restos de explosivos y una cinta casette con caracteres árabes, que después resultaron ser citas del Corán.
Ya el mismo 11 de marzo a las 21.30 horas la Agencia Reuters difunde desde Londres que el Diario Al Quds Al Arabi ha recibido un correo en el cual las brigadas Abu Hafs Al Masri reivindicaban el atentado.
Todos los hechos y pistas se orientaban a una autoría árabe del atentado, pero el único que no se daba cuenta de ello era el Gobierno español. Que siguió, según lo que nos quiere hacer entender, confiando en la información de sus organismos de seguridad. Más de tres días se demoró finalmente en reconocer una verdad evidente. Al Queda le había pasado de manera cruenta la cuenta a España.
Tanta incompetencia política para evaluar hechos y circunstancias no se explican, menos aún cuando periodistas y medios de prensa han hecho públicas las presiones ejercidas para que no se salieran en sus informaciones de la línea que llevaba a ETA.
Si el gobierno de Aznar pretende conseguir indulgencia diciendole al mundo que lo hecho fue «un justo error» no solo está ofendiendo la inteligencia del pueblo español sino poniendo en riesgo la seguridad y el interés nacional del país. Esta diciéndole al terrorismo que los aparatos de inteligencia y seguridad de España son unos chambones incompetentes, incapaces de distinguir lo importante de lo secundario, y que pueden incluso ser más audaces y crueles. Está diciéndole al pueblo español que debe tener miedo, porque quienes cuidan su seguridad en realidad no pueden hacerlo. Está desmantelando la última línea de sosten de una política antiterrorista como es la confianza ciudadana.
Y entonces, ya no solo se trata de responsabilidad política, pagada el domingo pasado con una derrota electoral. Sino de una responsabilidad funcionaria, que merece incluso ser examinada por los tribunales.
Es un hecho inmoral que Acebes sea el encargado de la seguridad como Ministro del Interior, que Palacio sea la representante de la imagen de España en el mundo y que Aznar crea que aun tiene honra política que salvar, a costa de las instituciones del Estado español.
* Santiago Escobar es abogado, periodista, cientista político y especialista en temas de Defensa.
