El caso Pinochet y la jurisdicción universal que lo sostuvo voltearon el mundo al revés. Desafió la idea que personajes importantes se consideraban «más iguales que otros» ante la ley. De hecho, la Cámara de los Lores reivindicó el principio de que el poder ejecutivo y la soberanía son también…
Por David Sugarman*
Hace diez años, el 16 de octubre de 1998, el ex dictador de Chile Augusto Pinochet fue detenido en Londres, y la historia mundial emprendió un nuevo rumbo. Un juez español, Baltazar Garzón, solicitó la extradición de Pinochet a España como autor de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante los 17 años (1973-1990) que fue jefe del Estado de Chile. Debido a la falta de justicia en su propio país, los familiares de miles de víctimas, torturados, asesinados o detenidos-desaparecidos durante la dictadura de Pinochet presentaron querellas penales ante los tribunales de España y de otros países de Europa en los que su legislación reconocía la validez de jurisdicción universal. La jurisdicción universal permite que un tribunal nacional enjuicie a un sujeto por un grave delito internacional aunque ni el acusado ni la víctima sean de la nacionalidad del país del tribunal y el delito se haya cometido en otro país.
En Londres, se pidió a la comisión judicial de la Cámara de los Lores, el tribunal más alto del Reino Unido, que determinara si un jefe de Estado Goza de inmunidad ante los tribunales ingleses por delitos que violan el derecho penal internacional, como es el caso de tortura. Tradicionalmente, a los ex jefes de Estado la inmunidad los protegía durante todo su vida de juicios que llevaban a cabo los tribunales de otros países por sus acciones asociadas con sus obligaciones de Estado.
Los tratados internacionales tales como la Convención contra la Tortura, ratificada por la ONU en 1984 y por la mayoría de los países (incluso los Estados Unidos) requieren que los Estados enjuicien a los torturadores o que los extraditen a países donde puedan ser procesados. Gran Bretaña, Chile y España han ratificado la Convención contra la Tortura. En una serie de fallos históricos, la mayoría de los Lores (en el juicio a Pinochet) decidieron que la Convención que prohíbe la tortura, posibilita la aplicación de la jurisdicción universal en todos los Estados partes de la Convención.
Ello supone que todos los Estados partes deben permitir la extradición del autor de dichos actos o, si no extraditan, están obligados a juzgarlo en su propio territorio. Conjuntamente, sostuvieron que el contenido de la Convención trasciende la inmunidad tradicional de los ex jefes de Estado. Fallar en sentido contrario, afirmaron, sería restar toda relevancia a la Convención contra la Tortura.
Este fallo que marcó un hito en derecho internacional e inauguró una etapa nueva con respeto a la responsabilidad por los derechos humanos, fue totalmente inesperado. Ninguna de las más de 300 personas claves involucradas en el asunto que me ha tocado entrevistar pensó que Pinochet podía ser detenido y extraditado. El mismo juez Garzón explicó que persiguió a Pinochet motivado por un tema de principios sin mayores expectativas de tener éxito. Para casi todos los que participaron en la iniciativa de encausar a Pinochet, fue, en gran medida, una lucha simbólica. Esperaban ganar la batalla pero no la guerra.
Así, la preponderancia de la opinión jurídica que encontré en esos tiempos mantuvo que la inmunidad de Pinochet bajo derecho internacional databa de mucho tiempo y era tan inequívoco que, indudablemente, le protegía durante el resto de su vida de cualquier juicio en otros países por actos cometidos en el cumplimiento de sus obligaciones oficiales. La gran mayoría de los abogados internacionales coincidían en que Pinochet sería liberado y regresaría a su casa dentro de un par de semanas.
Tales expectativas eran completamente justificables en ese momento. A pesar de que los juicios de Nuremberg establecieron el principio que no habrá inmunidad para los responsables de los abusos más graves contra los derechos humanos, consagrados por la Asamblea General de la ONU y por convenios internacionales relacionados con la protección de los derechos humanos, las víctimas de tortura y de crímenes de lesa humanidad pocas veces logran enjuiciar a los responsables de su sufrimiento. Pocos Estados tienen el valor de transformar estos principios en realidad. La naturaleza de realpolitik de una gran parte de la política exterior como también las nociones legales de «inmunidad soberana» y de «amnistías» convirtieron en una burla el nuevo orden internacional fundado sobre la base del derecho surgido después de la Segunda Guerra Mundial.
El caso Pinochet y la jurisdicción universal que lo sostuvo voltearon el mundo al revés. Desafió la idea que personajes importantes se consideraban «más iguales que otros» ante la ley. De hecho, la Cámara de los Lores reivindicó el principio de que el poder ejecutivo y la soberanía son también sujetos a los límites impuestos por el estado de derecho.
Las decisiones de los tribunales de España y de Bretaña inyectaron una nueva energía a la lucha para asumir responsabilidad por las violaciones masivas y graves de los derechos humanos. Específicamente, animó a los países a que persiguieran en sus propios tribunales a los autores y sus cómplices. Cuando se produjo la detención de Pinochet en Londres, la lucha para elaborar y tratar el legado de represión apenas gateaba en muchos países, sobretodo en aquellos que entraban en proceso de transición desde un régimen autoritario o totalitario hacia una democracia, como fue el caso en América Latina. Efectivamente, predominó lo que algunos percibían como un silencio forzado, en el cual ni los tribunales ni los medios de comunicación podían -o les faltaba la voluntad de hacerlo- enfrentar los crímenes del pasado reciente. Lo que antes fue inimaginable, hoy era posible.
El «affaire Pinochet» como lo calificaba la prensa británica, dio un enorme impulso al movimiento de derechos humanos, las victimas, sus seres queridos, activistas y abogados. Cortes anteriormente criticadas por su pasividad frente a las dictaduras militares fueron alentadas.
En Chile hubo algunos pocos avances previos a la detención de Pinochet. A partir de 1998 los tribunales de justicia han avanzado mucho, procesando a cientos de oficiales. Esta semana la Corte Suprema de Chile ratificó la sentencia de presidio para cinco autoridades militares en retiro por la ejecución extra-judicial de 75 prisioneros por la llamada «Caravana de la Muerte», una comitiva militar que atravesó el país, sembrando muerte entre octubre y noviembre de 1973.
Más de tres décadas negando los asesinatos, desapariciones y tortura de las víctimas de Pinochet, por fin los autoridades militares rompen su pacto de silencio y lealtad para reconocer su participación en los delitos y posteriores encubrimientos. En septiembre de 1999, el entonces comandante en jefe de la Armada de Chile en un programa televisivo negó que naves de la Armada hayan servido como centros de tortura durante la dictadura. No obstante, la semana pasada un antiguo oficial de Armada reconoció que Michael Woodward, un ciudadano británico-chileno y sacerdote, murió hace 35 años en el buque escuela Esmeralda luego de una brutal golpiza y tortura.
Cientos de militares han sido sentenciados por graves delitos relacionados con la violación de los derechos humanos, y varios cientos más están en sumario. Los sentenciados a presidio incluyen a Manuel Contreras, el ex director de la DINA, la temida policía secreta de Chile en tiempos de dictadura. Es difícil imaginar estos acontecimientos sin la detención de Pinochet.
Sin embargo, es importante señalar que estos procesos representan sólo un pequeñísimo porcentaje de todos los casos y víctimas de la represión desatada por la dictadura. De los sentenciados muchos se han beneficiado de libertad provisional, con pocos efectivamente en prisión. Además, los que sí cumplen sentencia lo hacen en establecimientos penitenciarios especialmente habilitados para ellos o bien dentro de un recinto militar.
No obstante, está claro a dónde apunta el camino y su consecuente aumento en exigir responsabilidad por los graves crímenes de derechos humanos. Entonces, ¿qué pasó con Pinochet? La autoridad de Pinochet en Chile, como también su fama de hombre de hierro fue dañada irreparablemente por sus 18 meses bajo detención en Londres, no obstante que fuera a una mansión del barrio acomodado de Virginia Waters. Después de su regreso a Chile en marzo 2000, por motivos humanitarios debido, supuestamente, a un estado de salud precaria, los tribunales chilenos, esporádicamente, le quitaron la inmunidad que le amparaba, aunque su defensa alegó que carecía de salud como para hacer valer sus derechos procesales.
Esto cambió en 2006. Tanto en el caso Operación Colombo como el caso Banco Riggs, la Corte de Apelaciones por primera vez aceptó la opinión médica que Pinochet estaba en condiciones de enfrentar un juicio en su contra, y que exageraba su situación de incapacidad física y mental.
La corte determinó que los crímenes asociados a estos dos casos, no podían haberse cometido sin que los aprobara Pinochet, y por lo tanto, el proceso debía continuar. Entre su detención en Londres y su muerte en diciembre de 2006, el prestigio de Pinochet se desvaneció.
Su prestigió se derrumbó ante nuevas revelaciones casi a diario sobre las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante su régimen. Cuando falleció, estaba más cerca que nunca de ser condenado y sentenciado por los tribunales de justicia. En 2004, una comisión dirigida por el Obispo Sergio Valech verificó la existencia de mil 132 centros de detención y tortura por todo Chile durante los años de dictadura, donde más de 28 mil personas padecieron impensables tormentos a manos de agentes del régimen de Pinochet. La comisión concluyó que la tortura fue una política de Estado, lo cual instigó al General Emilio Cheyre, entonces comandante en jefe del Ejercito, a pedir disculpas a la nación. El nuevo clima hizo posible que Chile por fin reconociera el sufrimiento de víctimas de tortura y proporcionara medidas de reparación.
La experiencia de Chile refutó el mantra reiterado de aquellos que buscaban la libertad de Pinochet: que perseguir justicia contra los que perpetraron violaciones de derechos humanos en países en transición hacia democracia después de la muerte conllevaría al fomento de anarquía y el regreso a un gobierno autoritario.
País tras país los tribunales eligen ignorar y declarar incompatibles con el derecho internacional las amnistías impuestas en el pasado, generalmente por los mismos responsables de los delitos en un afán de obstruir la justicia. Argentina, país que comparte una responsabilidad similar a la de Chile en cuanto a las violaciones de derechos humanos, anuló leyes que conferían la inmunidad los responsables de asesinar y hacer desaparecer a más de 30,000 personas durante la dictadura militar (1976-1983).
A partir del caso Pinochet, los tribunales han mostrado decididamente mayor voluntad para enjuiciar a los responsables de los abusos de derechos humanos o delitos económicos. En Uruguay, Surinám, Tailandia, Perú y Bangladesh, entre otros, los ex jefes de estado están acusados por los tribunales de sus respectivos países. Un ejemplo dramático es el de España. Escuadrones de la muerte y tribunales militares mandaron a más de cien mil personas a la muerte durante y después de la guerra civil. Pero un pacto implícito de olvido formó la base de la rápida transición a la rápida democracia después de la muerte de Franco en 1975. La detención de Pinochet por orden de un juez español y la lucha para extraditarlo a España, incendiaron los ánimos del pueblo español.
El caso recibió amplia aprobación de la opinión pública y ayudó, tímidamente a despertar la conciencia del pueblo español. Pensar que España proporcionaría un foro apropiado para enjuiciar a un ex dictador que apoyó sin tomar ningún paso para enjuiciar a sus propias autoridades, acentúa la ironía.
La iniciativa de los tribunales de España para investigar los crímenes cometidos por otras dictaduras y la transformación que precipitó una nueva visión del mundo, sirvieron junto, con otros factores, como catalizadores para enfrentar el pasado propio, además de reactivar sus profundos y entrelazados vínculos históricos.
Llama la atención los elementos paralelos entre aquellos vínculos. Los acontecimientos actuales de España son sostenidos por el mismo que fue el némesis de Pinochet y los mismos fiscales anti-franquistas y asociaciones de abogados que apoyaron el caso Pinochet en España. Tanto en España como en Chile se dictaron leyes de auto-amnistía. En España, toda la represión de la guerra civil y franquista está protegida por una ley de amnistía promulgada en 1977 – un año antes de que la dictadura chilena promulgara la suya- y por normas de prescripción a 20 años de cometidos los delitos. Sin embargo el Juez Garzón ha buscado pasarlo por alto, adoptando una interpretación que fue adoptada en Chile para evitar un decreto de amnistía. La doctrina sostiene que la desaparición forzada es un delito permanente hasta que se halle la víctima o sus restos, verificando la condición de muerte. En Chile, cientos de militares han sido procesados y sentenciados crímenes cometidos durante el período que cubre la amnistía como consecuencia de esta interpretación. En la aplicación más conocida de la doctrina, del juez chileno Juan Guzmán, quien procesó al general Pinochet por secuestro calificado en diciembre del 2000.
Que el Juez Garzón haya formalmente declarado que la represión desatada por Franco es un crimen de lesa humanidad en el décimo aniversario de la detención de Pinochet no puede ser casualidad.
El efecto dominó de la detención de Pinochet también se ha dejado sentir en el área de justicia internacional. La detención de Pinochet en Londres alentó al movimiento para que creara tribunales por parte de la ONU y una Corte Penal Internacional para llevar a la justicia crímenes de lesa humanidad, genocidio, y graves crímenes de guerra cuando los tribunales nacionales son reacios o están imposibilitados de hacerlo. Un par de meses después de la detención de Pinochet’, Slobodan Milosevic, el déspota serbio, llegó a ser el primer jefe de estado en servicio procesado por crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional.
El caso Pinochet también creó conciencia pública en relación al derecho internacional y elevó el perfil público del movimiento de derechos humanos. A diez años, la detención de Pinochet y el precedente jurídico que estableció ha logrado aclarar una porción sustancial de la verdad y hacer justicia – aunque paulatina aún – sin traducirse en una crisis política nacional ni internacional.
Aún ahora algunos de los máximos incondicionales están preocupados por el futuro que ha generado dicho precedente. «Queda mucho que hacer para poder lograr la esperanza creada por la detención de Pinochet», dijo Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional. «Miles de individuos responsables por abusos de los derechos humanos siguen gozando de libertad, evitando la justicia en lugares que les aseguran su seguridad por todo el mundo».
Falta la voluntad política fundamental para el éxito de la jurisdicción universal. Aún cuando los países promulgan leyes que permiten jurisdicción universal en crímenes internacionales como la tortura y crímenes de guerra, éstos comúnmente son reacios a dar marcha efectiva al ejercicio de la jurisdicción universal. La realidad política es que muchos gobiernos consideran que perseguir a los Pinochet del mundo va contra sus intereses. Acusar a una autoridad de un gobierno extranjero podría resultar inconveniente o vergonzoso al país de la sede del tribunal. A partir de 1998, varios jefes de Estado o ex jefes de Estado han sido procesado en tribunales internacionales mientras los tribunales de terceros países hasta ahora no han extraditado ni enjuiciado a ninguna persona de la estatura de Pinochet por crímenes cometidos en sus propios países. La sola excepción ha sido la detención en febrero del 2000, cuando Pinochet se alistaba
para volver a Santiago, del ex presidente de Chad Hissène Habré en Senegal, acusado de de tortura. Habré, conocido como el «Pinochet africano», fue el primer ex jefe de Estado africano acusado de violar el derecho internacional de derechos humanos por un tribunal de otro país del continente de África.
Este acontecimiento nos conduce a las puertas del mayor desafío actual sobre la legitimidad de la jurisdicción universal: el de los doble estándares.
¿Acaso es posible que las autoridades rusas sean enjuiciadas por crímenes de guerra cometidos en Chechenia, o que las autoridades máximas de los Estados Unidos lo sean por los crímenes que ellos autorizaron en Guantánamo e Irak? Algunos gobiernos, particularmente algunos de África, empezaron a desafiar la jurisdicción universal, sosteniendo que ésta es parcial, selectiva, y constituye una forma de buscar un chivo expiatorio.
Según esta perspectiva, la jurisdicción universal es nada más que la expresión neocolonial de los grandes poderes del mundo. Las acusaciones de doble estándar cobra peso, cuando se consideran los métodos por los cuales los grandes poderes y sus aliados han buscado evitar la aplicación de la justicia internacional. Casos ejemplares incluyen la administración Bush cuando impugna la aprobación del
Tribunal Penal Internacional, obligando a países que dependen de asistencia internacional que firmen convenios bilaterales que conceden inmunidad a ciudadanos estadounidense para protegerlos del Tribunal. La presión ejercida por los Estados Unidos en 2008 obligó a Bélgica a limitar su ley de jurisdicción universal cuando se presenten querellas contra oficiales militares estadounidenses, y la misma presión logró detener a fiscales alemanes que presentaban una querella en contra de Donald Rumsfeld y otros autoridades por tortura de prisioneros en Abu Ghraib.
Lo fundamental del caso Pinochet es el concepto de que el estado de derecho se aplica a todos por igual, y que las fronteras nacionales no limitan el procesamiento de los responsables por crímenes internacionales. A largo plazo su legado debiera ser aleccionador para aquellos que han buscado evitar la aplicación de justicia internacional, sobre todo cuando viajan fuera de su país.
*David Sugarman es Profesor Derecho de la Universidad de Lancaster, UK. Ha publicado y ofrecido numerosas conferencias sobre el caso Pinochet y su legado.
