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Estado y DD.HH: las palabras importan

por 2 diciembre 2009

Para el ministro Pérez la detención y desaparición (él habla de homicidio, pese a los resultados de la investigación judicial) de José Huenante es un simple hecho delictual.

Las palabras importan, sobre todo cuando quienes las formulan son los encargados de las vocerías del Estado. A través de ellas, qué duda cabe, uno puede puede informarse de la voz del Estado, voz muchas veces oculta en una cena, reunión privada o acuerdo secreto. En materia de derechos humanos, al menos, esas declaraciones son preocupantes.

Mientras Chile se postulaba como candidato al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un grupos de organizaciones dedicadas al trabajo de derechos humanos -entre las que nos contamos- firmamos una declaración pública en la que objetamos la candidatura nacional. Afirmamos que un Estado respetuoso de los derechos humanos no podía carecer de una institucionalidad sobre derechos humanos (la recientemente aprobada, dicho sea de paso, deja bastante que desear), dilatar el cumplimiento de las decisiones judiciales en su contra, no ratificar tratados internacionales relevantes sobre derechos humanos y defender incluso con juegos de palabras las violaciones a los derechos humanos documentadas en los informes elaborados desde la sociedad civil.

¿Qué respondió el Estado? El ministro Viera-Gallo afirmó que "si el criterio fuera tan estricto no habría gobierno en el mundo que pudiera participar en ese Consejo". ¿Se imagina usted a los ministros de Estado diciendo algo así como, "mire, la OCDE es importante, pero para ser parte integrante de ella no se requiere cumplir con todos los estándares"?

El Informe Anual 2009 da cuenta del caso de José Huenante, adolescente detenido por las fuerzas policiales hace 4 años y del cual no ha vuelto a saberse. El Informe llama la atención sobre las obligaciones a las que se ha comprometido el Estado chileno, incumplidas en este caso y en muchos otros. La detención arbitraria de adolescentes cometida por las fuerzas policiales gatilla importantes obligaciones para el Estado, entre otras, la de investigar, sancionar, cooperar en la prevención y adoptar todas las medidas de "carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias" para cumplir con la erradicación de la desaparición forzada.

¿Qué respondió, esta vez, el ministro Edmundo Pérez? Preste atención a las palabras porque, como se insiste en La Moneda, importan: "Si empezamos a calificar cada uno de los homicidios como cosas de detenidos desaparecidos, me parece que le estamos haciendo un flaco favor, y poniendo en igual condiciones los detenidos de la dictadura con problemas policiales y delictuales que se ha producido y se van a seguir produciendo".

Para el Ministro Pérez la detención y desaparición (él habla de homicidio, pese a los resultados de la investigación judicial) de José Huenante es un simple hecho delictual. Es más, afirma, "se van a seguir produciendo" (!). A estas alturas cuesta entender qué quiere decir el vicepresidente de la República. Pero, como sea, se trata de una declaración lamentable. Si el Estado de Chile carece de una institucionalidad sobre derechos humanos seria y prefiere centrarse en juegos de palabras, lo mínimo que uno podría esperar de parte de sus voceros es -insistimos, al menos- una condena expresa de los hechos ocurridos. Decir, en cambio, que la desaparición arbitraria de un adolescente a manos de agentes del Estado no es un tema de derechos humanos y afirmar, al mismo tiempo, que esto va a seguir ocurriendo, da cuenta, al menos, de una alarmante despreocupación.

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