Desde la preparación de la candidatura de la ex Presidenta Bachelet y luego como asesor económico de Marco Enríquez-Ominami, he venido promoviendo y articulando argumentos a favor de una reforma tributaria integral. Aunque soy de los que piensa que una crisis es también una oportunidad, creo que la reforma tributaria es un tema demasiado serio como para pretender resolverlo al son de las réplicas de un terremoto.
El tema de la reforma tributaria/royalty ha resurgido porque se dice que el Estado no tiene recursos para enfrentar el desastre del 27 de febrero. Esta aseveración hay que matizarla. Según el Gobierno las pérdidas totales podrían llegar a US$ 30 mil millones. De esto, las pérdidas propias del Estado en infraestructura, edificios públicos, hospitales, regimientos, escuelas, etc., deben ser del orden de unos US$ 10 mil millones. Por primera vez en nuestra historia nacional, el Estado lo puede financiar sin grandes apremios.
[cita]La propuesta que me parece más adecuada en la coyuntura actual es introducir una sobre tasa transitoria al impuesto de Primera Categoría de tres puntos porcentuales[/cita].
El resto de las pérdidas, hasta US$ 20.000 millones, son del sector privado. Una parte importante de ellas están aseguradas. Este es el caso de las grandes instalaciones productivas y de casi la totalidad de las viviendas privadas que cuentan con créditos hipotecarios. El problema de falta de recursos afecta a las familias de ingresos medios hacia abajo, que no tiene la vivienda asegurada, y a las Pymes, que rara vez contratan seguros.
Estos costos privados tendrán que ser subsidiados por el Gobierno, incluyendo el costo de proveer viviendas temporales y subsidios de desempleo a los afectados. Como este es un costo transitorio, lo correcto es adoptar una solución temporal, evitando contaminar la discusión sobre la necesaria reforma del sistema tributario.
De ahí que la propuesta que me parece más adecuada en la coyuntura actual es introducir una sobre tasa transitoria al impuesto de Primera Categoría de tres puntos porcentuales. Esto dejaría la tasa del impuesto en 20%. Como referencia, la tasa máxima promedio en la OCDE es de 28%. De esta forma sólo las empresas que generan utilidades harían una contribución y esta sería proporcional a las utilidades que generan.
Los recursos serían utilizados para ayudar al propio sector privado (personas y Pymes) afectados por el desastre. El resto de los chilenos contribuiríamos por medio de los recursos disponibles en el Fondo de Estabilización Económico y Social (unos US$ 4.000 millones) y pagando las deudas que sea necesario contratar para pagar los daños públicos (unos US$ 5.000 millones).
*Luis Eduardo Escobar es economista de Chile 21
