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Fuera de control

por 6 septiembre 2010

Fuera de control
Si bien los hechos de corrupción empiezan a sucederse con demasiada frecuencia, también los procedimientos de Carabineros han vuelto a ser, una vez más, blanco de fuertes críticas, porque rozan, debido al uso desproporcionado de la fuerza, delitos contemplados en su normativa institucional.

El subteniente Hugo Javier Melita Sepúlveda no aparecerá en la sección Vidas Policiales de la Revista de Carabineros del próximo mes. Quizás nunca lo haga. El incidente que la semana pasada lo dejó en evidencia como agente infiltrado de Carabineros en una marcha de la ANEF, también lo mostró como incompetente ante sus superiores. Olvidó una mochila con su carnet, cédulas de identidad y otros objetos de su función policial.

Los que nunca estarán son Juan Muñoz Orellana, Maximiliano Iturra Bravo y Ricardo Núñez Montecinos, de la 2ª Comisaría de Santiago. Ellos, junto con Jorge Fuenzalida Molina y Rodrigo Rivas Muñoz de la subcomisaría de Rocas de Santo Domingo, fueron expulsados de la institución por participar en robos a cajeros automáticos y tiendas comerciales entre octubre del 2009  y mayo del 2010. Tampoco estarán Nelson Ormazábal y Andrés Santibáñez de la 19ª Comisaría de Providencia, también expulsados por el mismo delito.

Es razonable que así sea. Son delitos donde la ciudadanía jamás espera encontrar a un policía mezclado, simulando avisos de bombas o dando soporte logístico e información a los ladrones.

El problema es que las señas de descontrol de la institución ponen un perfil que va más allá de los temas éticos, y alcanzan los protocolos generales de la institución. Porque si bien los hechos de corrupción empiezan a sucederse con demasiada frecuencia, también los procedimientos de Carabineros han vuelto a ser, una vez más, blanco de fuertes críticas, porque rozan, debido al uso desproporcionado de la fuerza, delitos contemplados en su normativa institucional.

En mayo de este año el comisario Aguirre fue objeto de una querella por acoso sexual por parte de una de sus alumnas del Instituto Santo Tomás, donde hace clases en la carrera de Técnico Perito Forense. La querella no prosperó por considerar el Tribunal que de acuerdo a la ley chilena, tal delito requiere la existencia de relaciones laborales.

Fue el propio general Gordon el que, a raíz de los hechos delictuales mencionados, habló de la necesidad de “revisar los acontecimientos, de tal manera de verificar si existen responsabilidades de mando” y descuidos, negligencias, o despreocupación.

Confianza y credibilidad

La página editorial de la Revista institucional del mes de agosto trae una sección donde bajo el título “La prensa lo dijo”, se destaca la credibilidad de Carabineros en la ciudadanía.

Es un hecho indiscutible que la policía uniformada chilena es una de las de mayor prestigio en toda Latinoamérica. Sin embargo, el logro de la confianza es un juego permanente, y existen áreas o temas donde carabineros exhibe falencias importantes.

El 9 de noviembre de 2009, el Machi Pascual Catrilaf Curiche, el Dugunmachife, Patricio Catrilaf Curiche, el Tayilfe Jesús Curiche, el Lonko Miguel Curiche, el Ngillatufe Moisés Curiche, y el Yankan Martin Damián Curiche Curiqueo, autoridades tradicionales mapuches, vinculadas al ejercicio religioso de la etnia y todos de la  comuna de Nueva Imperial, fueron allanados en sus domicilios, detenidos y trasladados a la Comisaría de Nueva Imperial. Poco después fueron hasta allí el Machi Fidel Lautaro Tranamil Nahuel de la comuna de Padre las Casas y el Lonko Diego Saldivia Manquilef de la comuna de Freire, a interceder por ellos. Carabineros también los detuvo. Todo ocurrió con golpes, lesiones y destrozos de material religioso de los mapuches.

Ello sería algo común, aunque igualmente ilegal e intolerable,  en medio de lo que ocurre en la zona, si no se tratara de algo reiterativo en la Comisaría de Nueva Imperial, ubicada en pleno corazón del conflicto mapuche, y dirigida por el mayor Jorge Aguirre Hrepic.

Este oficial, perito forense muy conocido en la zona y que presta sus servicios particulares en calidad de tal a estudios de abogados y organismos de la plaza, se ha visto envuelto en numerosos hechos similares, hasta personificar la tensa relación entre comuneros y carabineros en ese lugar.

En su área de competencia murió en agosto de 2006 el lonko Juan Collihuin Catril, de 71 años, a consecuencia de una bala disparada por carabineros en su domicilio durante una incursión en su propiedad, sin autorización de la autoridad competente según los comuneros.

Poco tiempo después fue uno de los carabineros que habrían recibido disparos de individuos no identificados mientras realizaban una inspección de terreno en la zona.

Diversas organizaciones sociales y dirigentes indican que el oficial   lleva demasiados años como comisario de Nueva Imperial, y que por sus actividades ha generado una red de vínculos y compromisos que no son buenos para la transparencia de los casos que se ventilan en la justicia en una zona tan conflictiva.

Además, señalan, su comisaría siempre es noticia por diversos motivos. El 28 de marzo de 2010 un detenido se suicidó en una de las celdas ahorcándose con su camisa atada a uno de los barrotes de la celda. Había sido detenido por “estar durmiendo sobre un cajero automático, al interior de un cubículo de BancoEstado”, según declaró el propio oficial.

En mayo de este año el comisario Aguirre fue objeto de una querella por acoso sexual por parte de una de sus alumnas del Instituto Santo Tomás, donde hace clases en la carrera de Técnico Perito Forense. La querella no prosperó por considerar el Tribunal que de acuerdo a la ley chilena, tal delito requiere la existencia de relaciones laborales, y en este caso se trata de la relación entre un profesor y una alumna. Pero si dio lugar a una investigación sumaria de la institución, pues la jefatura regional consideró los hechos imputados reñidos con la ética institucional. De los resultados del sumario nada se sabe hasta ahora.

La violencia policial

La infiltración de un agente encubierto en la marcha de la ANEF se da en un momento en aumentan las críticas por el exceso de violencia en el accionar de carabineros. Según FLACSO, entre 1990 y 2004 se ingresaron en la Justicia Militar 6.083 casos por violencia policial imputable a Carabineros, solo en las Regiones IV, V, VI y Metropolitana.

El informe anual sobre Derechos Humanos en Chile 2008 de la Universidad Diego Portales da cuenta, con preocupación, del recrudecimiento de situaciones de uso abusivo de la fuerza pública. Sostiene que “en Chile, la regla general parece ser el que las manifestaciones terminen con serios incidentes y con abusos de parte de los agentes estatales, abusos que no encuentran sanción ni reparación de parte de las instancias establecidas.”

La semana pasada el Rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, suspendió una reunión programada con el General Director de Carabineros como un repudio al actuar de los efectivos policiales durante una manifestación en la Facultad de Arquitectura. Estudiantes y académicos fueron atacados violentamente mientras se manifestaban al interior de ese campus universitario.

El uso de tecnologías represivas, gases lacrimógenos, sustancias químicas diversas, balines antimotines, cuyo efecto sobre la salud de los ciudadanos no está transparentada, es un hecho habitual en nuestro medio. Si a ello se agrega un talante brutal o el uso de procedimientos intrusivos que no garantizan objetividad ni dan confianza –como los agentes infiltrados en manifestaciones- se puede rápidamente arribar a un punto crítico.

Es conocida la eficiencia de Carabineros como cuerpo de choque antimotines, pero no como policía moderna. En particular por el uso poco controlado de la fuerza, y su tendencia a identificar a los ciudadanos manifestándose como enemigos.

La mayor parte de los hechos citados son constitutivos del delito de violencia innecesaria contemplado en el Código de Justicia Militar y resultan violatorios de los Principios Básicos establecidos por Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley.

Las deficiencias no son de ahora. Muchas de ellas son de largo arrastre y permanecen por la tendencia de las autoridades civiles a brindar autonomía formativa y profesional a las policías, las que prácticamente parecen cuerpos autogenerados.

En el momento actual, y por la preeminencia de un discurso duro en materia de orden público por parte del Ministerio del Interior, sería conveniente saber si Carabineros ha afinado sus sistemas de inspección interna y si los controles del mando civil efectivamente se ejercen.

De ello depende que la violencia y el trato degradante pueda ser punido y exista, efectivamente, tanto responsabilidad del mando como responsabilidad política cuando los excesos caen en la ilegalidad   De lo contrario, estarían fuera de control.

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