Estamos en Chile ante un debate crucial: la calidad de la educación, tema que tiene muchas formas de abordarse y trabajarse. Quiero aportar una reflexión a uno de sus tópicos más visibles y relevantes: qué instituciones de educación universitaria debieran tener derecho a acceder a financiamiento público.
Asumo que cuando hablamos de lucro en educación es cuando personas y/o instituciones buscan obtener utilidades directa o indirectamente con estas inversiones. Lo que en otras actividades de la vida humna es aceptable, necesario y tiene plena vigencia, en el caso de la educación universitaria es ilegal (reforma de gobierno Pinochet que crea las universidades privadas como las conocemos hoy) y es éticamente discutible, ya que se trata de un bien público que debe formar la capacidad productiva y social del país y que define el futuro de toda una sociedad. Históricamente, la educación ha sido una tarea de los Estados en sus más variadas formas, aunque también ha convivido con una importante labor privada de inspiración religiosa, filosófica y educativa. Aunque ambos sectores han hecho una importante contribución al país y al mundo, el rol del sector público ha sido siempre central y lo sigue siendo en los países más desdarrollados.
Lo nuevo durante las últimas décadas en Chile ha sido el que universidades obtengan utilidades (en muchos casos enormes) en circunstancias que las propias normas que les permiten existir (DL 3.541 de 1980 y otros) expresamente lo prohiben. Se han creado una serie de subterfugios para vulnerar la ley y crear un “mercado de instituciones universitarias”. Incluso más: se ha establecido un “precio de mercado” a las matrículas en la transacciones que se han realizado durante estos últimos años, lo que se expresa en un “valor por alumno matriculado”. Es una de las bases para valorización de las universidades privadas en las transacciones que hemos visto estos últimos años.
Para ello, queremos avanzar en proponer criterios que nos posibiliten establecer cuáles universidades podrían acceder a fondos públicos, de manera directa o indirecta.
El dato de fondo es que no es posible considerar a todas las universidades como iguales, debido a que algunas tienen la finalidad del lucro mencionada. Esto influye, inevitablemente, en la calidad y proyección de la educuación y de las actividades de las instituciones educativas. Si lo que se pretende es obtener utilidades, se va a pretender “aumentar ingresos y reducir costos” como política general. Esto significa profesores de menor nivel y menos capacitados, contratados por perídos y por jornadas, menos planta permanente y más “por horas”, todas discriminaciones y abusos hacia los docentes. Significa la creación de carreras y espcialidades que estén “de moda” sin importar otras consideraciones que la existencia de “demanda” y alumnos / padres dispuestos a cancelar gastos, independientemente de lo que resulte de esto (casos ya hay muchos y vendrán otros). No se consideran criterios de rigurosidad (“no se puede aprobar a menos del 75% de los alumnos; criterios en los que no se toma en cuenta rendimiento de alumnos ni nivel académico sino sólo “que los cursos no pierdan mínimos de alumnos-ingresos”). Las críticas pueden ser prácticamente infinitas.
Frente a estas instituciones, en Chile y en el mundo, hay una mayoría de universidades que no tienen esos objetivos, ya sea porque son estatales o porque, siendo privadas, realmente tienen una estructura, una cultura y una práctica de generación de bienes públicos sin enrequecimiento privado. Son Universidades “sin dueño determinado”. Por tanto, cuando hablamos de Educación Pública, nos refierimos a las que imparten establecimientos de propiedad estatal y a los que no buscan fin de lucro, como son la Universidad Federico Santa María, la Universidad de Concepción, Universidad Católica de Chile, Universidad Austral, todas del actual Consejo de Rectores y llamadas Tradicionales, a las cuales anhelan incorporarse otras instituciones por la vía de establecer Fundaciones y sin retirar utilidades, como es el caso de la Universidad Diego Portales, Central y algunas otras instituciones.
Lo que sí me parece que no es aceptable, al igual que lo que expresa la gran mayoría de la sociedad chilena de diversas maneras, es que recursos públicos, del Estado, pertenecientes a todos los chilenos y chilenas, sirvan para financiar esas utilidades. El principio fundamental es que no deberán existir fondos públicos para financiar las utilidades privadas. Y es aquí donde queremos poner el acento de nuestras propuestas.
Chile al Desarrollo
Objetivo-país debe ser garantizar una educación pública de primera calidad, como debe ser en un país que aspira a obtener niveles de desarrollo de primer mundo. Estamos en condiciones materiales de dar ese gran salto, pero para ello requerimos de mejorar notablemente la educación y otros servicios públicos. Esta variable ha sido la clave en todas las experiencias de desarrollo con equidad en la Historia de la Humanidad. Actualmente el país está maduro y existen los recursos de los que no disponíamos hasta hace pocos años apara abordar estas tareas ahora y no mañana. Por tanto, nos parece vital establecer de manera muy clara, explícita y funcional, criterios que posibiliten que la sociedad pueda controlar adónde se van a ir los recursos de todos los chilenos.
Un primer criterio es que los establecimientos educacionales respeten plenamente la Constitución Política del Estado. Aunque parezca muy básico, no estará de más explicitarlo. Esto significará que no se discrimine ni de manera religiosa, o ideológica, ni por origen étnico ni social, ni de ninguna forma.
Un segundo criterio, es que la institución receptora no tenga fin de lucro, y que no se pueda, bajo ningún subterfugio, extraer utilidades del establecimiento que esté recibiendo apoyo financiero estatal. Para esto será necesario establecer una autoridad pública (superintendencias con recursos y facultades) que controle el cumplimiento de estas condiciones y que vele por el cumplimiento de la ley y transparentar la información en el sector.
Un tercer criterio es que cada institución cumpla con las tres funciones clásicas de una institución de educación superior: docencia, investigación (a lo que se debe incorporar hoy día: innovación y desarrollo) y extensión. Con este objetivo, que un porcentaje determinado de su presupuesto sea destinado a la investigación técnico-científica bajo estándares de calidad internacionalmente conocidos y que las instituciones hagan aportes reales al avance científico y tecnológico del país. Hay mecanismos que tienen que ver con generación de patentes y licencias, con productos o innovaciones que surjan de su trabajo, con publicaciones realizadas, etcétera, que pueden transformarse en criterios objetivos al momento de evaluar. CONICYT y CORFO tienen roles que jugar en esta área. Asimismo, el aporte cultural que cada institución pueda hacer a su comunidad es también otro criterio relevante: existencia de centros de cultura, publicaciones relevantes (libros, revistas, etc), orquestas, grupos de teatros, de cine, realización de conciertos, actividades en conjunto con las comunidades, tanto internas como extra universitarias. Que sean instituciones en que se valorice su Responsabilidad Social.
Un cuarto criterio lo debiera dar el carácter regional y su aporte a dar fuerza y densidad a las regiones donde se desarrollan y a los procesos de descentralización que el país debe profundizar. Se debiera, consecuentemente, establecer un mecanismo que destaque a las universidades que junto con desarrollar sus actividades en regiones, mantengan su casa central y el eje de su trabajo fuera de la Región Metropolitana. El país requiere de establecimientos que aporten una mirada país desde las regiones.
Para que la calidad sea un objetivo principal, se debería rediseñar el sistema de acreditación vigente, tanto para la acreditación institucional como de carreras, junto con hacerlo por medio de evaluadoras públicas, evitando así este otro negocio que es de dudosa consistencia debido a los conflictos de intereses que se observan. Además, resulta imprescindible elevar los estándares de los procesos de acreditación. En ellos se debiera considerar, asimismo, el mercado de trabajo de las carreras que se están impartiendo, generando un sistema de información a los padres y alumnos sobre el objeto de la decisión que cada uno está haciendo. En nuestra opinión, con estos elementos se puede crear un quinto criterio: función social de las carreras que se imparten; nivel de sueldos de los egresados; niveles de empleabilidad en susnprofesiones o labores afines. Es un quinto criterio.
Y un sexto criterio lo constituiría el nivel de integración social y no discriminación de las univerisdades por la vía de aceptar en sus aulas a un cierto porcentaje de alumnos de los llamados “sectores vulnerables”. Esto se podrá calcular con establecer un porcentaje relevante de alumnos nuevos, pertenecientes a los 4-5 deciles de más bajos ingresos, por ejemplo.
Es el momento de hablar con propuestas concretas para avanzar en resolver este importante problema nacional. Para avanzar en serio se debe incorprar reformas al sistema tributario que garanticen financientos permanenets adecuados. La carga tributaria chilena es incompatible con un sistema de calidad en la educación y para psobilitar el paso al desarrollo. No nos engañemos en estas cuentstiones fundamentales.
Evitemos caer en un punto muerto en el actual debate y analicemos los escenarios pensando en el Chile del siglo XXI, el cual nos está demandando otro sistema educacional. En particular, nos demanda una Universidad distinta: más inclusiva, flexible, formadora de buenos profesionales y de mejores líderes, que entiendan el mundo globalizado al que se integran.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
