En el debate sobre la reforma electoral pareciera haberse olvidado que en una democracia quienes votan y tienen derecho al sufragio no son las ciudades o regiones, sino los individuos en tanto ciudadano/as; de ahí la demanda histórica por “una persona, un voto”. La legítima demanda por una real descentralización del país debe ser abordada con urgencia, pero ello no pasa por mantener a lo/as ciudadanos de Santiago, Concepción y Valparaíso eternamente subrepresentados, sino por promover reformas estructurales en materia política, administrativa y financiera.
El gobierno acaba de enviar un proyecto para cambiar el sistema electoral binominal por uno proporcional. La propuesta implica aumentar la magnitud de los distritos de 2 escaños a un rango entre 3 y 8, e incluye un mecanismo de cuotas de género para asegurar que los partidos y coaliciones no puedan presentar listas con más de un 60% de candidatos de un mismo sexo. Por último, y en uno de los puntos que ha causado más revuelo, se propone aumentar el número de diputado/as de 120 a 155 y de 38 a 50 en el caso de senadore/as.
Reformar el sistema binominal es necesario para dotar a nuestras elecciones legislativas de mayor competencia, mejorar la representación del Congreso y terminar con los cuestionamientos a la legitimidad de origen del arreglo electoral. Sin embargo, un cambio sólo al sistema electoral no resuelve un problema adicional provocado por el actual mapa electoral, asociado pero no integrado al sistema binominal propiamente tal. El diseño de distritos y circunscripciones realizado entre el plebiscito de 1988 y la elección presidencial de 1989, además de incurrir en prácticas de gerrymandering, terminó provocando una fuerte distorsión entre el tamaño de la población y el número de escaños, vulnerando así un principio básico para la democracia: la igualdad en el poder del voto.
El voto de cada elector pesa lo mismo dentro de un distrito para elegir a un parlamentario, pero no cuando se compara con electores que viven en zonas diferentes. Por ejemplo, si en la elección de 2013 en el distrito 59 votaron 35.984 personas válidamente y éstas eligieron dos diputados, en el distrito 20 lo hicieron 244.782 personas (más de seis veces los electores del distrito 59) y eligieron la misma cantidad de diputados. A partir de este cálculo, es posible señalar que un voto en Coihaique o Caleta Tortel pesa al menos cinco veces más que un voto en Estación Central o Maipú para definir la composición de la Cámara y mucho más si se trata del Senado.
[cita]En el debate sobre la reforma electoral pareciera haberse olvidado que en una democracia quienes votan y tienen derecho al sufragio no son las ciudades o regiones, sino los individuos en tanto ciudadano/as; de ahí la demanda histórica por “una persona, un voto”. La legítima demanda por una real descentralización del país debe ser abordada con urgencia, pero ello no pasa por mantener a lo/as ciudadanos/as de Santiago, Concepción y Valparaíso eternamente subrepresentados, sino por promover reformas estructurales en materia política, administrativa y financiera. [/cita]
El indicador para medir la disparidad en la conformación de los distritos en función del número de representantes y del tamaño de la población (malapportionment), muestra que un 16% de los escaños de diputados y un 31% de los de senadores están mal repartidos y pertenecerían a otros distritos y circunscripciones si la repartición de escaños fuera igualitaria. Los distritos y zonas que pierden el mayor número de representantes por esta distorsión son aquellos donde reside mayor cantidad de población: regiones Metropolitana, del Bío Bío y Valparaíso. Más aún, quienes habitan en comunas más pobres y con mayor densidad de población son los más subrepresentados en el Legislativo producto de esta distorsión.
En el otro lado de la moneda, algunos parlamentarios no sólo representan a menos población sino que también resultan electos con menos votos que otros, generándose también una fuerte disparidad en los costos y carga de trabajo entre legisladores. Un candidato a diputado puede necesitar 4 veces más votos para ser electo y un candidato a senador hasta 30 veces más que otros que representan distritos más pequeños.
Resolver la grave subrepresentación de aquellos electores que viven en las comunas más pobladas de las grandes ciudades del país no requiere en teoría aumentar el número de escaños en el Congreso, pero sí dotarlos de una mayor proporción de representantes. La única forma de lograr esto sin aumentar el número de escaños afectaría la representación de quienes habitan en regiones extremas o distritos con un menor número de electores. La alternativa es entonces aumentar el número de escaños, permitiendo enfrentar al mismo tiempo la baja representatividad política y la desigualdad en el valor del voto.
En el debate sobre la reforma electoral pareciera haberse olvidado que en una democracia quienes votan y tienen derecho al sufragio no son las ciudades o regiones, sino los individuos en tanto ciudadano/as; de ahí la demanda histórica por “una persona, un voto”. La legítima demanda por una real descentralización del país debe ser abordada con urgencia, pero ello no pasa por mantener a lo/as ciudadanos de Santiago, Concepción y Valparaíso eternamente subrepresentados, sino por promover reformas estructurales en materia política, administrativa y financiera.
