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Educación: interés privado versus interés público

por 23 junio, 2014

Educación: interés privado versus interés público
Tal vez algunos no entiendan que lo que hasta ahora era un negocio rentable deba transformarse en una actividad sin fines de lucro para cumplir una función pública y responder a las expectativas de todo un país. Una sociedad que garantiza derechos sociales puede permitir e incluso estimular el mercado para bienes de consumo, pero no puede dejar la educación librada a las leyes de la oferta y la demanda.

En los últimos días, tal vez por efecto del Mundial, la discusión pública en torno a educación parece volver a la prehistoria. Los intereses privados de ciertos sectores han vuelto a tomar protagonismo, estancando el debate, mientras la sociedad en general necesita que avance.

Así es como hemos visto a autoridades de la Iglesia defender la selección y el copago bajo la idea de “la libertad de elegir” tanto de las familias como de los establecimientos. Cuando muchos interlocutores del debate educacional han demostrado que la libertad de elegir es para algunos y que cualquier forma de selección escolar es cruel y segregadora, no queda más que evidenciar el dogmatismo de ciertos sectores de la Iglesia. Su postura es contraria a la visión que hemos tratado de promover desde la FEUC y desde el movimiento estudiantil, que es coincidente con la que ha mostrado la Vicaría para la Educación y que en su momento plantearon figuras tan importantes para el catolicismo como el Cardenal Raúl Silva Henríquez, que hace una semana recibió un homenaje póstumo en nuestra universidad: la visión de una Iglesia que mira, acompaña y sirve a la sociedad, con una clara opción por lo más necesitados.

Por otro lado, el presidente de la Democracia Cristiana ha salido a enfrentarse públicamente con parlamentarios de su mismo partido para defender lo que él llama “libertad de enseñanza” o “sistema mixto” (que en realidad es una defensa a iniciativas privadas desreguladas), acudiendo a falsedades que su mismo sector ya se encargó de rebatir. No hay que ser mal pensado para creer que detrás de la postura de Walker, más que un dogma, podría estar la defensa a destacados miembros de su colectividad que son sostenedores de colegios subvencionados con fines de lucro, de ATEs y miembros o ex miembros de directorios de universidades cuestionadas. Y esto, sin mencionar a la derecha, que merece un capítulo aparte en este tema.

El gobierno, hasta ahora, ha construido lo que lleva de reforma dialogando con sectores que defienden intereses privados y no atendiendo al interés general. Esa puede ser una explicación para entender que los proyectos presentados no tocan ciertos privilegios que no deberían existir en un sistema educacional que busca generar cohesión social, igualdad de oportunidades y formar ciudadanos que respondan a las necesidades de la sociedad.

El gobierno, hasta ahora, ha construido lo que lleva de reforma dialogando con sectores que defienden intereses privados y no atendiendo al interés general. Esa puede ser una explicación para entender que los proyectos presentados no tocan ciertos privilegios que no deberían existir en un sistema educacional que busca generar cohesión social, igualdad de oportunidades y formar ciudadanos que respondan a las necesidades de la sociedad.

Estos intereses privados, que existen incluso dentro de la coalición de gobierno, entrampan la discusión que iniciamos desde el movimiento estudiantil y en la que el gobierno supuestamente está interesado en avanzar. Quizá sea ingenuo exigirles que se abstengan de defender sus intereses. Tal vez algunos no entiendan que lo que hasta ahora era un negocio rentable deba transformarse en una actividad sin fines de lucro para cumplir una función pública y responder a las expectativas de todo un país. Una sociedad que garantiza derechos sociales puede permitir e incluso estimular el mercado para bienes de consumo, pero no puede dejar la educación librada a las leyes de la oferta y la demanda que en este ámbito han generado desigualdad, segregación y, en los peores casos, estafas que por su alcance y masividad se han convertido en verdaderas tragedias para miles de familias.

Queremos un Estado proactivo y responsable, uno capaz de regular la educación de propiedad privada, capaz de exigir y apoyar a quienes pretenden cumplir una función pública y, sobre todo, capaz de fortalecer la educación que depende directamente de él. Para discutir sobre lo anterior es necesario que pongamos en el centro del debate el interés general: que todos tengamos acceso a una educación que nos permita desarrollarnos de forma plena e igualitaria. Para eso, necesitamos discutir sobre las funciones que la sociedad les asignará al Estado, los docentes, las comunidades y los privados en el sistema educacional.

Como movimiento estudiantil, esperamos que el próximo tema de discusión sea el fortalecimiento de la educación pública, que es la que va en beneficio de todos. Para eso es necesario empezar a hablar de sus objetivos y luego de su forma de administración, de los mecanismos de medición y acreditación de calidad, del estatuto y la carrera docente, de las reformas que afectan directamente al aula, de currículum y de cómo logramos que exista verdadera diversidad en los establecimientos. Necesitamos una reforma que integre y no segregue. Todo esto, mirando las necesidades de Chile y no de particulares.

Por lo mismo, esperamos una manera distinta de hacer política y de solucionar los conflictos en que los representantes, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, defiendan los intereses de la ciudadanía, no los propios o los de sus grupos de influencia.

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