Señor director:
El gran interés de diversos municipios por replicar la iniciativa de Recoleta y contar con farmacias populares en sus comunas, y ahora la creación conformación de la nueva Asociación Chilena de Farmacias Populares, pone en evidencia la necesidad urgente que existe en la comunidad de acceder, con justicia, a una protección social en salud.
Según la Encuesta de Presupuestos Familiares 2014 –que realiza el INE– el 5,4% del gasto total de los hogares es destinado a salud, lo cual tiene un impacto mayor en el presupuesto de los quintiles de menores ingresos. La OCDE, además, situó a Chile como uno de los tres países donde las personas más gastan en salud, ítem que según su informe representa el 6,3% del gasto familiar chileno. Por último, en Chile los adultos mayores gastan hasta seis veces más que los jóvenes en prestaciones de salud, además el 82% de ellos usa productos farmacéuticos.
Por eso existe una sensación de desprotección en la población ante la falta de regulación y fiscalización, por ejemplo, respecto a las cadenas farmacéuticas –caso de colusión de precios en farmacias– y las deficiencias que existen en la estructura y organización del Sistema de Salud chileno.
En este escenario las “farmacias populares” asoman como un “salvavidas” para mitigar el impacto que tiene en la economía familiar el gasto en medicamentos y que sólo profundiza el empobrecimiento en algunos sectores.
El desafío para los municipios es resguardar el objetivo que los impulsó a crear este formato de farmacias: facilitar el acceso de la población vulnerable a medicamentos a bajo costo. Así como también mantener –y mejorar– la calidad, eficacia y efectividad de esta iniciativa y, ya sea en forma individual o como asociación, negociar con integridad frente a la industria farmacéutica para obtener los mejores precios posibles por el bien de la comunidad.
Patricia Fierro
Escuela de Trabajo Social
Universidad Andrés Bello
