Opinión
Es fundamental que el Congreso vuelva a hacer un diagnóstico de los problemas efectivos de nuestra educación superior. Y ese no puede basarse solo en las percepciones de los grupos de interés. Chile tiene expertos de alto nivel en el área y, afortunadamente, en un mundo globalizado también hay disponibles innumerables antecedentes para hacerlo con rigor.
Una política pública produce bienestar a la ciudadanía solo cuando está basada en un diagnóstico correcto acerca de los problemas reales y prioritarios que experimenta una sociedad. Algo que parece obvio pero que, sin embargo, es el defecto que comparten las políticas públicas emblemáticas del actual Gobierno. Por ejemplo, aunque mejorar la calidad de la educación escolar municipal era y es una prioridad, la Reforma Educacional se inicio con la educación particular subvencionada. Mientras en materia laboral, la urgencia está en resolver el desempleo que afecta especialmente a las mujeres y los jóvenes, la Reforma Laboral no se ocupó de ello. Cuando el país requiere mayor inversión, la Reforma Tributaria desconoció su impacto en esta.
Y aunque la Reforma a la educación superior junto con la gratuidad universal fue, por lejos, la gran promesa de campaña de la Nueva Mayoría, el proyecto de ley que la materializa vuelve a tropezar con la misma piedra al equivocar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque como lo señala el diccionario, diagnosticar significa “recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza”, lo que supone observar la realidad sin prejuicios ni anteojeras, y los artífices de las reformas no ven la realidad del país tal como es, sino como ellos creen, quieren o suponen que es. Veamos a continuación algunos ejemplos:
Según el mensaje del proyecto de ley de educación superior (pág. 9), “El crecimiento desregulado de planteles y carreras ha dificultado que dicho proceso se realice bajo normas claras de calidad y pertinencia”. Por lo tanto se plantea una visión de un sistema de educación superior muy débil. Si eso fuera así las evaluaciones internacionales así lo indicarían. Sin embargo la calidad del sistema de educación superior chileno ha sido destacada recientemente por el ranking anual Universitas 21, recientemente publicado, que evalúa 50 sistemas de educación superior de todos los continentes, considerando 25 atributos de calidad. En 2015, Chile ocupó el puesto 31, ascendiendo dos lugares en relación con la medición de 2014.
Asimismo, el ranking de Times Higher Education en Latinoamérica, una de las mediciones más prestigiosas y reconocidas mundialmente, situó a Chile en el segundo lugar de los países en América Latina con más universidades de calidad. Es así como 11 universidades chilenas hoy están entre las 50 mejores de Latinoamérica, de ellas 4 son estatales y 7 son privadas.Lo anterior no quiere decir que no haya que mejorar pero sobre la base de los avances de últimos 30 años.
El mismo mensaje del proyecto de ley dice: “Este proyecto elimina las barreras financieras que tradicionalmente han discriminado a los sectores de nuestra población de menos recursos”. La realidad es completamente diferente, ya que según el SEDLAC (Socio-Economin Database for Latin America and the Caribbean) Chile tiene la educación superior más inclusiva de América Latina. En efecto, la cobertura neta del primer quintil es de 27,4% superior a la de Argentina que, aunque cuenta con gratuidad, tiene una cobertura de 19,1%; a la de Brasil (5,0%); Colombia (10,2%); México (17,8%) y Venezuela (16,9%).
Además, y contrariamente a lo que afirma el proyecto del Gobierno, la gratuidad universal deteriora la equidad del sistema, pues de los US$4.500 millones que estimo se gastarian en ella, US$1.500 se destinarian al 20% de familias de mayores recursos.Asi se haria realidad la frase “hacer más ricos a los ricos”.
En su página 11, el mensaje señala que “El proceso de masificación ha sido incapaz de reducir suficientemente la brecha de oportunidades entre grupos sociales”. Nuevamente nos encontramos con una afirmación que no corresponde a la realidad, pues entre 1990 y 2013, se ha multiplicado más de 8 veces la presencia de los jóvenes más pobres en la educación superior.
[cita tipo= «destaque»]Como hemos mostrado, la realidad se contradice con el diagnóstico de la autoridad. Por ello, no extraña que este proyecto de ley haya provocado un rechazo mayoritario y transversal. No pueden existir buenas soluciones a los problemas si ellos no se identifican adecuadamente.[/cita]
En efecto, si en los últimos años hubo una masificación de la cobertura de la educación superior es precisamente gracias a que el sistema de becas y créditos, redujo efectivamente la mencionada brecha, abriendo gradualmente las puertas de la educación superior para los jóvenes más pobres. Si en 1990 solo 3,4% de los jóvenes del 20% más pobre asistía a la educación superior, hoy lo hace el 27,4%. Lo anterior no niega que el sistema es perfectible y por ello la Ley 20.634 de 2012, redujo la tasa de interés del Crédito con Aval del Estado de 6% a 2% y estableció que las cuotas mensuales de este crédito no podrán exceder del 10% del sueldo o ingreso del egresado.
Finalmente, se comete el error de hacer responsable a la educación privada no Cruch de los problemas que afectan a las universidades estatales, y se afirma que “la privatización de la educación superior ha significado, en la práctica, la concentración de la matrícula en las instituciones privadas, dejando rezagadas a las instituciones públicas en todos los niveles”.
Sin embargo, la realidad es diferente, ya que de hecho el Estado aporta el 44% del financiamiento público promedio por alumno de las universidades estatales. Efectivamente, en 2015 por concepto de créditos, becas y aportes fiscales, los estudiantes de las universidades estatales recibieron en promedio $2.926.368, mientras que los alumnos de las universidades privadas fuera del Cruch, recibieron $1.194.626.
Como hemos mostrado, la realidad se contradice con el diagnóstico de la autoridad. Por ello, no extraña que este proyecto de ley haya provocado un rechazo mayoritario y transversal. No pueden existir buenas soluciones a los problemas si ellos no se identifican adecuadamente. Es fundamental que el Congreso vuelva a hacer un diagnóstico de los problemas efectivos de nuestra educación superior. Y ese no puede basarse solo en las percepciones de los grupos de interés. Chile tiene expertos de alto nivel en el área y, afortunadamente, en un mundo globalizado también hay disponibles innumerables antecedentes para hacerlo con rigor.
