Sobre la inutilidad de aquellas consultas y propuestas que no incluyen la plurinacionalidad ni la diversidad de actores involucrados en el conflicto ya nos prevenía la Comisión Justicia y Paz en su documento “La santidad de negociar sin miedo por una región mapuche plurinacional en paz”, presentado en octubre del año 2016. Lamentablemente, esto no parece haber hecho eco en el Informe de la Comisión asesora presidencial de La Araucanía, dado a conocer en los últimos días de enero. Su resultado es pobre en compromiso político, carece de temas de fondo, navega en propuestas superfluas y descontextualizadas. También es confuso al abordar el conflicto Estado chileno-Pueblo Mapuche desde un horizonte regional, pues mezcla e iguala todas las temáticas y realidades locales. Y resulta riesgoso, además, al circunscribir las demandas mapuche a un horizonte regional y no de país. Finalmente, llama poderosamente la atención que la Comisión no haya tomado en cuenta los relevantes aportes de la Comisión Presidencial de descentralización (2014) que propuso plurinacionalidad y autonomía regional. Veamos por qué esta negativa evaluación.
La “gran propuesta” de este informe: reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas ha sido incumplida durante 27 años por el Estado chileno. Aun así, podría ser buena noticia si lo considerara seriamente y procurara crear un marco jurídico institucional y legislativo que efectivamente permitiera tal reconocimiento. Esto sería un Estado plurinacional, es decir, un Estado que se reconoce constituido por diversas naciones en su interior, y que por lo tanto, se estructura a partir de esta constatación. El camino al infierno está plagado de buenas intenciones, así, reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas para caminar hacia una convivencia pluriétnica, pluricultural e intercultural (p. 4), sin plurinacionalidad, nos llevará a un mero plurifolklor.
La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) es el documento internacional más avanzado sobre la materia. Aborda temas cruciales para el conflicto Estado chileno-Pueblo Mapuche al que se aboca la Comisión, tales como: derecho a la libre autodeterminación de los pueblos (preámbulo) y sus frutos, la autonomía y autodeterminación en los asuntos internos y locales (art. 4). También trata sobre derechos territoriales y a la propiedad indígena basada en la propiedad ancestral (art. 26,3), todos temas claves en nuestro país. Sin embargo, no hay rastro de esto en el informe final de la Comisión.
El Convenio n° 169 de la OIT (1989) que tardó extensos dieciocho años en tramites parlamentario para ser ratificado por el Estado chileno el año 2008, sí es considerado –al menos, parcialmente- por la Comisión. Después de nueve años de vigencia se propone perfeccionar y clarificar su aplicación (p. 24). Especialmente, se alude a su piedra angular, el derecho a consulta previa, libre e informada que ha sido persistentemente negligenciada por el Estado, provocando – y amparando – blanqueamientos de procesos consultivos (¿esta vulneración sistemática de derecho, acaso no constituye violencia?). Lamentablemente diversos conflictos generados por estos procesos irregulares han sido finalmente “pacificados” por el GOPE.
Tristemente, fuera del derecho a consulta ya referido, las otras referencias de la Comisión al Convenio apuntan a aspectos accesorios y no a las demandas de fondo del Pueblo Mapuche: reconocimiento, autodeterminación, autonomía y territorialidad. Así, nos encontramos con propuestas de: actualización de textos de estudio (p. 24), revitalización del mapudungun (p. 24-25), un feriado regional (p. 25), transversalización del PEIB en los sectores de aprendizaje (p. 26), profesionalización de educadores tradicionales (p. 27), asistencia técnica y financiera (p. 30) y referencias al diálogo entre municipio y productores indígenas (p. 39).
[cita tipo=»destaque»]Pero no confundamos este informe con una solución. Pues posee un enfoque y propuestas francamente violentas. Urge una real voluntad de diálogo que se exprese en sentar a todos (no solo a los extremos de un sector ideológico) y hablar de los temas de fondo, en especial sobre un Estado plurinacional que permita efectivamente un reconocimiento con verdaderos soportes jurídico legislativos para poder acoger los frutos de un constructivo diálogo entre Estado chileno y Pueblo Mapuche[/cita]
No obstante, el Convenio aporta importantes elementos para los temas que hace más de un siglo demanda el Pueblo Mapuche. Sobre autogobierno sienta las bases jurídicas en su art. 7; sobre derecho de tierras, territorios y tierras ancestrales en el los arts. 13-14 y numerales; y respecto al derecho sobre recursos naturales, clave en el conflicto con las industrias extractivas (como la forestal), el art. 15 y numerales. Sin embargo, ninguno de estos temas es siquiera insinuado por la Comisión.
Violencia rural
Lo que se ve preocupante en el informe de la Comisión es la presencia constante de una mirada sesgada y llena de prejuicios aún presentes hacia el Pueblo Mapuche, manifestada, por ejemplo, en el término “violencia rural” (ubicada además, al mismo nivel de las demandas mapuche). Término mañoso y parcial, que busca separar a víctimas de la violencia y a comuneros mapuche, asumiendo una postura ideológica que ya bastante ha dañado al Pueblo Mapuche.
“Violencia rural” es un término constitutivamente ideológico formulado por los grupos de interés político económico dominantes del territorio, a quienes las demandas del Pueblo Mapuche amenazan sus posiciones e intereses. Bajo tal término se busca desfigurar la historia, contexto y situación que nos ha traído al actual estado de las cosas aquí y en el país. Es decir, el proceso paciente y pacífico que el Pueblo Mapuche realiza luego de ser invadido y despojado de sus tierras por el Estado chileno que desconoció los tratados existentes, y los confinó a miserables reducciones de tierra que llamó irónicamente “títulos de merced”. Ese mismo proceso ya en 1910 llevó a formar la primera organización mapuche con estructura política occidental para reclamar justicia, y multiplicó agrupaciones que, siguiendo todos los caminos institucionales y vías políticas chilenas, fueron ignoradas. No suficiente con eso, en la dictadura continuó el despojo que se prolonga hasta nuestros días, a manos de la industria extractivista forestal y al amparo del Estado. Aun así, en 1989 volvieron todos a conversar, y nuevamente fueron burlados (ahora se les propone el reconocimiento que se ofreció en aquel entonces). Sólo a partir de 1997 un grupo de mapuche quema dos camiones en Lumaco, después de casi un siglo de continuo despojo y desprecio, y se inicia un nuevo ciclo de protestas. Comprender la violencia en territorio mapuche implica comprender este contexto, no ignorarlo ni empatar todo en una simplificación histórica, digna de lo presentado soberbiamente por Emilio Taladriz en el Encuentro Nacional del Agro (2016) o la promovida por la Multigremial de la Araucanía para modificar la Ley Indígena.
Pero el término “violencia rural” no es meramente una visión simplista de la realidad, sino también una perspectaviva profundamente interesada en monopolizar la definición de lo que es violencia. Las palabras “violencia” y “víctima” nuevamente son cooptadas por la derecha económica y política (y religiosa) para referirse sólo a los mapuche como los “victimarios”. Eso duele. Sin embargo, a la inversa no se considera violencia, y se invisibiliza y omite las muchas otras violencias que explican la compleja situación que vivimos en territorio mapuche. Ya fue mencionada la violencia del no reconocimiento, pero hay más: la exclusión social en el territorio, la violencia racista, la violencia contra los niños y niñas mapuche denunciado por diversas entidades nacionales e internacionales, la violencia contra la salud por falta de agua debido al negocio forestal, la violencia al ecosistema debido a las forestales, la militarización del territorio, los procesos judiciales y prisiones preventivas prolongadas a inocentes y un largo “etcétera”, al que podríamos sumar los dichos infundados y estigmatizadores de políticos sobre el Pueblo Mapuche y sus reivindicaciones, como el caso del diputado Edwars (3:20-4:00).
Finalmente, el sesgo ideológico acaba desvirtuando el informe de la Comisión al recoger las palabras más delirantes del polémico inserto de la SOFOFA, agrupación que representa los intereses de las mayores industrias del país (sí, de las forestales también). Tal inserto criticado severamente tanto por el Colegio de Periodistas como por diversos columnistas, pone en duda la vigencia del estado de derecho en La Araucanía, lo que da pie para pedir medidas excepcionales (a buen entendedor…). Pues bien, la Comisión hace suyo tal emplazamiento al afirmar que se hace cargo del sentir de la ciudadanía que exige a las autoridades competentes, la plena aplicación del Estado de Derecho (p. 13). A estas alturas, cabría preguntarse a qué ciudadanía se refiere. No es nada extraño que un moderado Richard Caifal, representante de los profesionales mapuche, se haya retirado de la Comisión por sentir “presiones políticas y de gremios”. Tampoco extraña la evaluación positiva que uno de los centros ideológicos de derecha realiza del Informe de la Comisión.
Sin duda, el Informe de la Comisión posee algunas propuestas interesantes y que representan un avance desarticulado ante la (precaria e injusta) situación actual. Lo que se rescata es una pequeña ventana (casi la del baño) en la recomendación por el reconocimiento constitucional. Puede abrir a un debate mayor. Pero no confundamos este informe con una solución. Pues posee un enfoque y propuestas francamente violentas. Urge una real voluntad de diálogo que se exprese en sentar a todos (no solo a los extremos de un sector ideológico) y hablar de los temas de fondo, en especial sobre un Estado plurinacional que permita efectivamente un reconocimiento con verdaderos soportes jurídico legislativos para poder acoger los frutos de un constructivo diálogo entre Estado chileno y Pueblo Mapuche. Pues, de lo contrario, como la misma Comisión afirma: nos asiste la convicción que la falta de diálogo solo arriesga más exclusión, más pobreza y violencia (p. 4).
Finalmente y en el discurso de Monseñor Vargas se nos invita a buscar la paz y la justicia. Sin embargo, no son dos valores que habría que mantener en equilibrio. Es la paz, como fruto de la justicia, por lo que debemos trabajar. La paz es consecuencia de la justicia.
